El pasado 14 de junio de 2023, se publicó en nexos “¿Qué culpa tiene el tigre Toño? Las nuevas reglas de publicidad en alimentos preenvasados.” En dicho artículo, los autores concluyen que la prohibición de personajes animados en alimentos no saludables es una medida innecesaria y, consecuentemente, inconstitucional. Para arribar a esta conclusión, utilizan un método jurídico comúnmente utilizado por los jueces para determinar la legalidad de aquellas medidas que favorecen un derecho a costa de otro conocido “test de proporcionalidad”. En mi opinión están equivocados. Por ello, en esta respuesta, utilizo el mismo test para demostrar la necesidad de la medida y defender su constitucionalidad.

Lo cierto es que una nota característica del actual gobierno es que ha venido haciendo uso conveniente y constante del concepto de seguridad nacional para no transparentar la información relativa a las acciones de gobierno. Ello porque al pretender encuadrarlas en dicho concepto busca generar la reserva de la información correspondiente lo que, a su vez, además de resultar violatorio del artículo 6º constitucional dado que toda la información en posesión de cualquier autoridad es pública y sólo puede ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional en los términos que fijen las leyes, implica que los ciudadanos no podamos conocer si los recursos públicos están siendo aplicados y administrados de conformidad con los principios establecidos en el artículo 134 constitucional.

Si la marca Dior real y sustantivamente buscara “llamar la atención” sobre los derechos humanos de las mujeres mexicanas, utilizaría su influencia y poder en el sector para mejorar las condiciones laborales de miles de trabajadoras a través de procesos que aseguren que las empleadoras en México cumplan con los más altos estándares internacionales en materia de derechos laborales. Sin embargo, la empresa francesa, aun teniendo la influencia, el poder, siendo una empresa que en 2020 tuvo una ganancia de $50 800 millones de dólares, no prioriza ni considera apoyar las garantías de los derechos laborales de las mexicanas.

Este reciente fallo de la SCJN pone de relieve no sólo la fragilidad inherente a los sistemas democráticos frente a posibles embates autoritarios, sino también la fortaleza y resiliencia de las instituciones republicanas como salvaguardas del orden democrático. En tiempos en los que la seducción del autoritarismo amenaza los fundamentos de la democracia, la SCJN ha demostrado que es posible e imperativo, resistir y proteger los derechos y libertades de la ciudadanía.

El pasado viernes 19 de mayo se publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto que declara de utilidad pública la “conservación y prestación del servicio público de transporte ferroviario, su uso, aprovechamiento, operación, explotación y demás mejoras” de tres tramos otorgados mediante título de concesión a Ferrosur, S. A. de C. V. El decreto ordena la “ocupación temporal inmediata” a favor de Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S. A. de C. V que es una empresa paraestatal sectorizada a la Secretaría de Marina y que es “integrante de la plataforma logística multimodal a cargo del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec”.

El argumento principal, detrás de los ataques a la Corte, es que el obradorismo es un espejo de la voluntad de millones de mexicanos y representan al verdadero pueblo de México, y no así la Suprema Corte. En corolario de su argumento, enfatizan que el criterio de nueve ministros y ministras no tiene legitimidad frente a millones de votos que supuestamente representan los legisladores de Morena. Esta perorata, sin embargo, es vieja. De menos, hay registros de ella desde la primera mitad del siglo XX. Vale la pena echarle un ojo a la historia para aprender algo del pasado.

Aun cuando es de celebrar y reconocer la decisión del pleno de la Suprema Corte, es necesario matizar sus alcances: el proyecto del ministro Alcántara Carrancá también proponía abandonar el criterio sostenido en la acción de inconstitucionalidad 1/1996 relativo a la integración de los titulares de la Sedena y la Semar al Consejo Nacional de Seguridad Pública, pero la mayoría de las y los ministros decidieron no hacerlo.

El caso del INAI es muy buen ejemplo de cómo no debe realizarse una interpretación: de forma aislada y, por lo mismo, incapaz de sentar las bases adecuadas para el conocimiento y ordenación del sistema jurídico, con la consecuente paradoja de que con la misma se ha pretendido legitimar conductas que son, a todas luces, contrarias a la Constitución y a la lealtad democrática con la que nos debemos conducir todos quienes integramos el elemento humano del Estado.