El argumento principal, detrás de los ataques a la Corte, es que el obradorismo es un espejo de la voluntad de millones de mexicanos y representan al verdadero pueblo de México, y no así la Suprema Corte. En corolario de su argumento, enfatizan que el criterio de nueve ministros y ministras no tiene legitimidad frente a millones de votos que supuestamente representan los legisladores de Morena. Esta perorata, sin embargo, es vieja. De menos, hay registros de ella desde la primera mitad del siglo XX. Vale la pena echarle un ojo a la historia para aprender algo del pasado.

Aun cuando es de celebrar y reconocer la decisión del pleno de la Suprema Corte, es necesario matizar sus alcances: el proyecto del ministro Alcántara Carrancá también proponía abandonar el criterio sostenido en la acción de inconstitucionalidad 1/1996 relativo a la integración de los titulares de la Sedena y la Semar al Consejo Nacional de Seguridad Pública, pero la mayoría de las y los ministros decidieron no hacerlo.

El caso del INAI es muy buen ejemplo de cómo no debe realizarse una interpretación: de forma aislada y, por lo mismo, incapaz de sentar las bases adecuadas para el conocimiento y ordenación del sistema jurídico, con la consecuente paradoja de que con la misma se ha pretendido legitimar conductas que son, a todas luces, contrarias a la Constitución y a la lealtad democrática con la que nos debemos conducir todos quienes integramos el elemento humano del Estado.

El pasado 19 de abril la Suprema Corte invalidó normas que transferían el control operativo, administrativo y presupuestal de la Guardia Nacional a la Secretaría de Defensa Nacional. La decisión aprobada por una mayoría de ocho ministras y ministros reconfigura la estructura orgánica de las instituciones de seguridad pública. Pero es mucho más que eso. Este caso constituye un hito tanto en el camino para pacificar el país, como para la consolidación de la Suprema Corte como bastión democrático.

El verdadero reto y el punto en el que el gremio de abogados debe concentrarse es, precisamente, en su implementación, pues la expedición per se no implica que se superen los problemas de la justicia cotidiana, pues ahora tocará al legislador hacer frente al tema de la implementación y respetar el plazo que se tiene para hacerlo. El dictamen recientemente aprobado por ambas Cámaras del Congreso contempla en su artículo segundo transitorio que se emita la declaratoria de vigencia a más tardar el 1.º de abril de 2027 —lapso dentro del cual el legislador debe hacer las adecuaciones pertinentes—.