La Suprema Corte no puede ignorar, por supuesto, los artículos transitorios. Pero lo que propone el proyecto me parece importante: obliga a vigilarlos y acotarlos ferozmente. Los transitorios no pueden subvertir tramposamente al cuerpo de la Constitución. Como su nombre sugiere, su propósito es permitir una transición que lleve al cumplimiento del espíritu de la Constitución.

La ventaja de que la reforma constitucional de 2019 fuera tan discutida y disputada es que no sólo quedó claro lo que se aprobó. Quedó claro también lo que se rechazó. De manera resumida: se rechazó el fuero, el mando y la adscripción dual, esto es: civil y militar. Se dijo que no al fuero militar, se dijo que no a la Junta de Jefes de Estado Mayor integrada en parte por Sedena y Semar y se dijo que no a que la Guardia Nacional dependiera tanto del ramo de la seguridad, como del ramo de la defensa nacional.

Presento a los lectores de El Juego de la Suprema Corte una selección de las noticias —principalmente, relacionadas con la impartición de justicia— que, entre enero y marzo del año en curso, se han registrado en otras partes del mundo.

Al final, lo importante para la administración, como para un tribunal constitucional, no es resolver cuestiones momentáneas con soluciones abstractas y atemporales. De lo que se trata, insistimos, es de alinear a la administración al cumplimiento eficaz de los mecanismos que la Constitución establece para la satisfacción de los fines del Estado.

En medio de la pandemia provocada por el virus SARS-CoV-2 (covid-19), el legislador federal reformó el sistema de contrataciones públicas para permitir que el gobierno mexicano llevara a cabo la compra de medicamentos e insumos para la salud a través de organismos internacionales, sin sujetarse a las reglas de las licitaciones públicas que por regla general se deben de cumplir para este tipo de compras. Dos años y medio después de esta reforma, el 16 de febrero de 2023, el asunto se terminó de discutir en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en donde ante la ausencia de una mayoría calificada de 8 votos, se desestimó el proyecto, sin un pronunciamiento sobre su inconstitucionalidad.

Dejar que las riendas del gobierno estén en manos de quienes han participado en atrocidades es un riesgo para seguridad, la paz, el Estado de derecho y la democracia. Ni la sociedad mexicana ni la comunidad internacional pueden seguir siendo observadoras de cómo se acumulan esos crímenes, ni cómo la impunidad es la regla general. Las opciones para hacer frente a la impunidad militar están sobre la mesa, es tiempo de actuar.

Soy partidario de que la UNAM sí tiene la facultad de anular los actos derivados del plagio y, consecuentemente, revocar el título profesional de Esquivel, lo que conlleva a que la Secretaría de Educación Pública haga lo propio con la cédula profesional. Habrá que esperar las decisiones que serán sometidas al escrutinio público y al circo político que ello conlleva.

Los abogados, como es consabido, somos criaturas distintas. Ni hablar, la mejor de nuestras virtudes no es la claridad. Hay que ser sinceros en la autocrítica: nos gusta el lenguaje rebuscado tanto como las corbatas, las mascadas y las togas. En la facultad parecen habernos entrenado para echar mano del vocabulario más rimbombante posible (entre menos se entienda, mejor). También para evaluar un documento como si su calidad se midiera en una báscula (a mayor peso en papel, superior será su nivel).