En México nos pasan tantas cosas malas que tenemos todo un abanico para lamentarnos. Hay una, sin embargo, que por su gravedad debería indignarnos, no sólo como mexicanos sino como miembros de la especie humana: me refiero a la trágica, cruda e inmisericorde utilización de las personas como producto desechable y absolutamente prescindible, a manos del crimen organizado. La desaparición forzada de personas, el asesinato en masa y el reclutamiento de gente joven y pobre se ha convertido, lamentablemente, en una noticia que no sorprende como debería ni a los periodistas, ni a los académicos, ni al ciudadano común, y mucho menos a un gobierno ebrio de narcisismo.

En la última década, la población ocupada en México ha aumentado en un 22.47 %, mientras que en Guanajuato el incremento ha sido del 19.72 %. Este crecimiento de la fuerza trabajadora deber ir acompañado de mecanismos que garanticen condiciones dignas en todos los empleos y a todos los niveles. En el caso de la industria indumentaria, tan solo para el primer trimestre del 2024, en Guanajuato había 40,395 personas ocupadas – que equivale al 1.45 % de la población ocupada en la entidad–.

La brecha salarial de género es un tema medular para las reivindicaciones por la igualdad entre mujeres y hombres en México. A finales de 2024, la presidenta Claudia Sheinbaum impulsó una reforma constitucional y legislativa con el objetivo de garantizar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, en la que incluyó varias medidas orientadas a la reducción de la brecha salarial de género.

En 1994 Italia se convirtió en un laboratorio político mundial. Silvio Berlusconi, exitoso y polémico empresario dueño de las principales cadenas de televisión y radio del país anunció que “entraría en el campo de juego” (Scendere in campo) para buscar convertirse en primer ministro de su país.

Elevar a rango constitucional derechos, programas sociales y, en general, políticas públicas no significa necesariamente constitucionalizar el sistema, sino en no pocas ocasiones más bien desnaturalizarlo. Nuestra Constitución ha sido mal nutrida a lo largo de los años por una serie de contenidos que, como los alimentos ultra procesados y chatarra, no han hecho más que engordarla.

Cada una de las prendas que usamos pasa por un proceso de producción largo y complejo, que va desde la fabricación de los hilos y de los textiles y el tratamiento de la tela (tintar, lavar, etc.), hasta su corte, confección y el ensamblaje de los accesorios finales (botones, cremalleras, etiquetas). Esta larga cadena de actividades la realiza la industria indumentaria.

El 4 de diciembre de 2024, Brian Thompson -director general de UnitedHealthcare- fue asesinado a balazos mientras salía de un hotel en Nueva York. Los disparos, efectuados por la espalda, dejaron atónita a la industria de seguros y encendieron una ola de especulaciones sobre los motivos del crimen.

En los últimos años, los derechos sexuales y reproductivos, especialmente los de las mujeres, han sido objeto de cuestionamientos y vulneraciones en diversas partes del mundo. Un par de ejemplos: la derogación de la histórica sentencia Roe v. Wade en Estados Unidos, que eliminó el derecho constitucional al aborto en todo ese país, asó como la restricción de información sobre salud sexual y reproductiva en Polonia.

Han pasado más de siete años desde la creación de la Fiscalía Anticorrupción de Ciudad de México. Su labor en este periodo ha sido, por decir lo menos, paupérrima, ineficiente y poco transparente. Actualmente, el Congreso local tiene la oportunidad de contribuir a cambiar esta situación, pues en los próximos días designará a la persona que encabezará dicha institución por los próximos cuatro años. Este nombramiento debe realizarse con el mayor escrutinio y objetividad, ya que puede impactar de forma trascendental el rumbo de la lucha contra la corrupción en la capital del país.

La reforma judicial concretada el 15 de septiembre y 14 de octubre de este año, pone de relieve la necesidad de una reflexión colectiva sobre la función judicial, del papel que las personas juzgadoras deben desempeñar en el avance de la democracia, de la jurisdicción como motor de cambio para una sociedad más democrática y justa, que busque la realización de los derechos, de las libertades, del desarrollo y de la paz, sin que alguno de sus miembros se quede excluido. Más que una modificación legal, es un cambio paradigmático de la concepción social de la justicia, en la que los jueces son más que sujetos con toga.