México Unido Contra la Delincuencia (MUCD) fue una de las organizaciones que impugnó dicho Acuerdo. El 9 de octubre, el Juez Octavo de Distrito en Materia Administrativa en Ciudad de México resolvió el amparo y decidió dar la razón a MUCD: el Acuerdo es inconstitucional. Se trata de una sentencia relevante por la coyuntura en la que se encuentra México. El país necesita un marco regulatorio claro, delimitado y tendiente al respeto de los derechos humanos y al retiro definitivo de las Fuerzas Armadas de las tareas que no les corresponden. La sentencia deja en claro que el Acuerdo no es tal marco regulatorio.

Cerca del final de sus Reflexiones sobre la guillotina, Camus insta a sus lectores a adoptar el siguiente grito de guerra: “que empiece el Estado y [se] suprima la pena de muerte”. Del mismo modo, estimo que la sociedad mexicana debería demandar la abrogación de la prisión preventiva oficiosa. Según vimos, esta institución contradice la lógica del sistema penal consagrado en nuestra Constitución, implica la negación de la presunción de inocencia, y su justificación teórica no resiste ningún escrutinio. Con Camus, espero estar acompañado en mi clamor por un cambio constitucional.

Más allá de las merecidas críticas a la decisión de la Corte, consideramos que la nueva pregunta genera un diálogo inédito entre nuestra Constitución y la justicia transicional. Partiendo de que las consultas son mecanismos de comunicación y de toma de decisiones fundamentalmente horizontales, no es menor la importancia que tiene la consulta frente a un país aquejado diariamente por violencia sin precedentes, y por instituciones incapaces de rendir cuentas. Para que las víctimas vayan al centro, la experiencia de la justicia transicional ha demostrado que las consultas son fundamentales.

Presento a los lectores del Juego de la Suprema Corte una selección de las noticias —principalmente, relacionadas con la impartición de justicia— que, entre julio y septiembre del año en curso, se han registrado en otras partes del mundo.

Memento mori es una frase y una práctica que recuerda a los hombres que ellos y todo lo humano es efímero. La idea se aplica a personas tanto como a gobiernos e instituciones. El recordatorio sirve para prevenir la vanidad o la estulticia de creer que lo que existe perdura sin mayor esfuerzo de protección o mantenimiento. Memento mori parece ahora susurrarnos la decisión de la Corte. El mensaje interesa tanto a esa institución como a los ciudadanos. Es una advertencia y una invitación para defender lo que del régimen constitucional resulta valioso: la democracia representativa y la división de poderes. Es momento de recordarlo ahora, antes de que su existencia y posibilidad de defensa sean cosa del pasado.

Hoy parece que lo verdaderamente preocupante es la incertidumbre que la decisión de la Suprema Corte genera sobre si esta será un contrapeso frente a las demás ramas de gobierno o, si por el contrario, estará al servicio de las estrategias políticas de actual titular del poder ejecutivo federal.

La sesión del primer jueves de octubre en la Suprema Corte nos ofrece una gran oportunidad para exigir a quienes nos gobiernan, y especialmente a quienes dictan y estudian nuestras leyes, que nos hablen en palabras claras y de una manera comprensible. Si quieren que la ciudadanía participe y quieren que se cumplan las leyes y se sigan las decisiones que favorecen nuestra convivencia, la mejor forma que tienen de hacerlo es hablarnos en términos que todas las personas comprendamos: con un lenguaje claro.

Para muchos que nos dedicamos a la defensa de los derechos humanos, la Corte ha marcado un retroceso en la defensa de su independencia, indispensable en una democracia. En medio de la violencia e impunidad que vive el país, requerimos una Suprema Corte sólida, independiente y neutral que continúe avanzando de manera progresiva en la defensa de los derechos humanos, que siga por el camino que inició con la décima época. Quedan debates muy importantes en materia de militarización, acuerdos migratorios, extinción de dominio, uso de la fuerza pública, corrupción, política social, medio ambiente, entre otros temas en donde la Corte deberá demostrar su independencia.

Lo que presenciamos hoy fue como la Corte se autoadscribió facultades que la Constitución no le da. Tal vez por ser deferente a la voluntad popular, acaso por ser deferente con el presidente López Obrador. Sin embargo, lo cierto es que tenemos al guardián de la Constitución actuando de forma inconstitucional. Lo cual, sobra decir, no es grave, es gravísimo. Sin exagerar: quizá con esta decisión hemos perdido el último contrapeso de nuestro sistema constitucional.