El 29 de diciembre de 2020, en su conferencia de prensa matutina, el gobierno del presidente López Obrador anunció que la vacuna covid-19 sería aplicada de forma universal y gratuita. Dichas declaraciones han venido a zanjar especulaciones en torno al acceso libre de todas las personas, lo que podría representar la luz al final del túnel para paliar los efectos de esta pandemia. En este contexto, ha arribado una interesante discusión en relación con la distribución y venta de la vacuna por parte de particulares.

Un fortalecimiento del verdadero Tribunal Constitucional exige una ruptura con el pasado, no una complicidad con el presente. La “reforma judicial Zaldívar” nada tiene de ruptura, por lo tanto, no es transformación, es un acomodamiento organizacional de la Constitución, sin legitimación en los argumentos, ni en la academia, ni en la inteligencia. Es un capricho hecho Constitución.

Si bien el proceso legislativo continúa en curso después de que se aprobó la iniciativa de reforma a seis artículos de la Constitución en el Senado y que eventualmente derivará en la modificación de diversas leyes secundarias, en este artículo nos referiremos a la reforma constitucional que faculta al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) para concentrar en uno o más órganos jurisdiccionales asuntos de graves violaciones a derechos humanos, como una excepción a las reglas ordinarias de turno y competencia.

El pasado 25 de noviembre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió un caso en el que a una persona le fue negada la posibilidad de conocer el contenido de una investigación penal sobre la posible omisión del entonces Arzobispo Primado de México, Cardenal Norberto Rivera —miembro de la Iglesia Católica— de informar inmediatamente al Ministerio Público sobre la probable comisión de delitos de pederastia.

Estamos ante una reforma que no necesariamente está encaminada a lograr los objetivos tan ambiciosos que propone, pero que debe celebrarse frente a las alternativas que empezaron a circular con la llegada del gobierno de López Obrador. Es un comienzo para la mejora de la justicia federal, pero que no debe quitarse el dedo del renglón en temas centrales que no aborda.

Pese a su trascendencia, este es uno de los rubros de la reforma judicial menos considerados en la discusión del proyecto, falta de atención que se vio reflejada en el proyecto de decreto aprobado por el Pleno del Senado. Pues los cambios al sistema de jurisprudencia pasaron en los términos de la iniciativa presidencial, sin ninguna modificación.

La reforma aprobada, y aún no publicada en el Diario Oficial de la Federación hasta este momento, propone una estructura fiscal punitiva para el sector social que no hace más que debilitarlo al grado de incluso poder llevarle a la extinción. Estas reformas a la LISR no solamente crean una estructura burocrática insostenible para las organizaciones de la sociedad civil sino que además es incluso violatoria de los artículos 1 y 22 de constitucionales ya que impone penas trascendentales prohibidas sin justificar su existencia en la exposición de motivos de su creación. Es decir, el ejecutivo deliberadamente busca generar las condiciones que mermen a la sociedad civil en su punto más débil: la recaudación de fondos y la administración burocrática.

En este artículo trataremos de hacer una breve explicación sobre lo que finalmente fue aprobado por el Pleno de Senado y dónde se encuentran los puntos que, consideramos, pueden obstaculizar que México tenga una regulación legal del cannabis con un enfoque de justicia social.

En 2015, junto con otros 193 países, el Estado mexicano se comprometió a cumplir la Agenda 2030 y, por ende, dirigir sus leyes y políticas públicas a la implementación de los diecisiete Objetivos. El propio Senado cuenta con la Comisión Especial para el Seguimiento a la Implementación de la Agenda 2030 en México. Sería importante que desde ahí se examinara qué sucedió en Tabasco, no desde un ánimo punitivo —eso no va a salvar más vidas—, sino desde un enfoque preventivo que permita construir una estrategia con soluciones a futuro, además de hacer frente a los compromisos internacionales que ha contraído el Estado mexicano. Por ahí podemos reforzar nuestra capacidad de construir un país más justo, no solo para las zonas pobladas y económicamente relevantes.