Es innegable que la corrupción, el narcotráfico y la delincuencia organizada se encuentran presentes en el comercio exterior; sin embargo, es importante que estos ilícitos se combatan bajo los parámetros de un auténtico Estado constitucional y democrático. Por ello, sostenemos que facultad del presidente de la República de disponer de las fuerzas armadas para que realicen tareas de seguridad que le otorga el artículo quinto transitorio del decreto de la reforma constitucional en materia de Guardia Nacional no debe interpretarse como un cheque en blanco que permita a los militares sustituir a los civiles en toda clase de actividades, por ejemplo, aquellas de naturaleza administrativa.

En México, han sido muchas las voces que han insistido en explorar esta última dimensión, y litigar frente a las omisiones de un gobierno que ha decidido ignorar a las voces de la ciencia, la academia e incluso los cuestionamientos parlamentarios. En esa lógica, el pasado 20 de julio de 2020 se presentó una denuncia ante la Secretaría de la Función Pública en contra del subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, por la violación prevista en la fracción I, del artículo 49 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Recientemente el pleno de la Suprema Corte invalidó diversas disposiciones en materia de contrataciones públicas en el estado de Tabasco. Los ministros se pronunciaron sobre la inconstitucionalidad de nuevos supuestos de excepción al proceso de licitación pública que el Congreso local añadió con la pretendida intención de agilizar determinadas contrataciones.

Presento a los lectores del Juego de la Suprema Corte una selección de las noticias —principalmente, relacionadas con la impartición de justicia— que, entre abril y junio del año en curso, se han registrado en otras partes del mundo.

La Secretaria de Trabajo y Previsión Social (STPS), con el propósito de facilitar a las personas empleadoras del sector privado el cumplimiento de sus obligaciones, publicó en marzo de este año el Modelo de protocolo para la prevención, atención y erradicación de violencia laboral —instrumento que supuestamente permite atender casos de hostigamiento y acoso sexual en el centro de trabajo—. Sin embargo, lo cierto es que este protocolo modelo no cuenta con los elementos esenciales para prevenir, atender, ni erradicar la violencia de género en los centros de trabajo.

La autoridad judicial local está impedida para participar en innovaciones no contempladas en sus legislaciones y eso explica por qué al 16 de junio de 2020, únicamente 16 de 32 poderes judiciales locales permiten la presentación de demandas vía remota. El problema durante la pandemia nunca fue la falta de interés para innovar, el problema siempre fue la ausencia de facultades para hacerlo. Por ello, es a partir del enfoque de facultades en que debemos concentrar el debate sobre la justicia electrónica local.