Presento a los lectores del Juego de la Suprema Corte una selección de las noticias —principalmente, relacionadas con la impartición de justicia— que, entre abril y junio del año en curso, se han registrado en otras partes del mundo.

La Secretaria de Trabajo y Previsión Social (STPS), con el propósito de facilitar a las personas empleadoras del sector privado el cumplimiento de sus obligaciones, publicó en marzo de este año el Modelo de protocolo para la prevención, atención y erradicación de violencia laboral —instrumento que supuestamente permite atender casos de hostigamiento y acoso sexual en el centro de trabajo—. Sin embargo, lo cierto es que este protocolo modelo no cuenta con los elementos esenciales para prevenir, atender, ni erradicar la violencia de género en los centros de trabajo.

La autoridad judicial local está impedida para participar en innovaciones no contempladas en sus legislaciones y eso explica por qué al 16 de junio de 2020, únicamente 16 de 32 poderes judiciales locales permiten la presentación de demandas vía remota. El problema durante la pandemia nunca fue la falta de interés para innovar, el problema siempre fue la ausencia de facultades para hacerlo. Por ello, es a partir del enfoque de facultades en que debemos concentrar el debate sobre la justicia electrónica local.

Si bien reconocemos la necesidad de reducir el gasto gubernamental, cuestionamos que la austeridad sea un fin en sí mismo, al estimar que debe evaluarse la eficiencia en el actuar de cada uno de los órganos del Estado para lograr los objetivos constitucionales. Damos cuenta con diversos instrumentos y pronunciamientos nacionales e internacionales en materia de regulación, competencia económica y derechos humanos para demostrar que los órganos reguladores autónomos y con especialidad técnica son parte de una infraestructura que hace efectivos los derechos.

Recientemente la segunda sala de la SCJN concedió el amparo y protección de la justicia federal a las personas quejosas en un caso en el que se reclamaba que la omisión del Congreso de la Unión de establecer una ley de consulta previa libre e informada, violaba sus derechos humanos. De acuerdo con las personas promoventes, el poder legislativo federal ha incumplido con lo instruido en el segundo transitorio de la reforma constitucional del 14 de agosto de 2001, el cual dispuso que tanto el Congreso de la Unión como las legislaturas estatales deben realizar las adecuaciones necesarias para reglamentar lo estipulado en la reforma.

La reforma penal de 2008 que dio lugar al sistema penal acusatorio buscaba, entre otras cosas, garantizar la presunción de inocencia, el debido proceso y, en general, evitar los abusos del sistema mixto. Respecto al congelamiento de activos, el poder judicial invalidó que el ministerio público pudiera congelar o asegurar cuentas sin autorización de un juez de control. La actuación de la UIF transgrede toda nuestra lógica constitucional. Bajo ese esquema, el gobernado tiene que probar su inocencia (o sea, la licitud de sus operaciones) ante una autoridad incompetente para determinar si hubo o no un delito, y sin un recurso efectivo para combatirlo.

En los últimos días se ha discutido si la Comisión Nacional de los Derechos Humanos cuenta con facultades para impugnar, vía acción de inconstitucionalidad, el acuerdo por el que se dispone de las fuerzas armadas permanente para llevar a cabo tareas de seguridad pública, firmado por el presidente López Obrador y los titulares de las Secretarías de la Defensa Nacional, de la Marina y de Seguridad y Protección Ciudadana, publicado el 11 de mayo de 2020 en el Diario Oficial de la Federación.