Si bien reconocemos la necesidad de reducir el gasto gubernamental, cuestionamos que la austeridad sea un fin en sí mismo, al estimar que debe evaluarse la eficiencia en el actuar de cada uno de los órganos del Estado para lograr los objetivos constitucionales. Damos cuenta con diversos instrumentos y pronunciamientos nacionales e internacionales en materia de regulación, competencia económica y derechos humanos para demostrar que los órganos reguladores autónomos y con especialidad técnica son parte de una infraestructura que hace efectivos los derechos.

Recientemente la segunda sala de la SCJN concedió el amparo y protección de la justicia federal a las personas quejosas en un caso en el que se reclamaba que la omisión del Congreso de la Unión de establecer una ley de consulta previa libre e informada, violaba sus derechos humanos. De acuerdo con las personas promoventes, el poder legislativo federal ha incumplido con lo instruido en el segundo transitorio de la reforma constitucional del 14 de agosto de 2001, el cual dispuso que tanto el Congreso de la Unión como las legislaturas estatales deben realizar las adecuaciones necesarias para reglamentar lo estipulado en la reforma.

La reforma penal de 2008 que dio lugar al sistema penal acusatorio buscaba, entre otras cosas, garantizar la presunción de inocencia, el debido proceso y, en general, evitar los abusos del sistema mixto. Respecto al congelamiento de activos, el poder judicial invalidó que el ministerio público pudiera congelar o asegurar cuentas sin autorización de un juez de control. La actuación de la UIF transgrede toda nuestra lógica constitucional. Bajo ese esquema, el gobernado tiene que probar su inocencia (o sea, la licitud de sus operaciones) ante una autoridad incompetente para determinar si hubo o no un delito, y sin un recurso efectivo para combatirlo.

En los últimos días se ha discutido si la Comisión Nacional de los Derechos Humanos cuenta con facultades para impugnar, vía acción de inconstitucionalidad, el acuerdo por el que se dispone de las fuerzas armadas permanente para llevar a cabo tareas de seguridad pública, firmado por el presidente López Obrador y los titulares de las Secretarías de la Defensa Nacional, de la Marina y de Seguridad y Protección Ciudadana, publicado el 11 de mayo de 2020 en el Diario Oficial de la Federación.

El marco jurídico diseñado para la protección del medio ambiente, así como las instituciones que operan bajo su dinamismo, son una expresión reconocible de un proceso de transformación social. Nuestra narrativa del desarrollo ha tenido que reconocer que evitar la degradación ambiental y proteger la integridad de los ecosistemas son condiciones sine qua non para salvaguardar las bases de la existencia humana. Numerosos tribunales alrededor del mundo se han apropiado de esta nueva narrativa; incluso la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que la protección del derecho a un medio ambiente sano es fundamental para la existencia de la humanidad.

Concluimos diciendo que no vemos razones suficientes para realizar la fusión pretendida y que el argumento de ahorro y austeridad es, en el mejor de los casos, un recurso retórico que no generará los beneficios augurados por la iniciativa. Al contrario, consideramos que es en extremo delicado reunir en una sola instancia tal volumen de materias, con las competencias y atribuciones correspondientes y, sobre todo, vemos un peligro sustantivo de cooptación política en la designación de los potenciales consejeros y con la desaparición del comité de evaluación y el examen de conocimientos. No es, por tanto, eficiencia o ahorro lo que se pretende con esta iniciativa. En cambio, lo que parece buscar, es controlar a los reguladores.

El uso de recursos públicos a través de fideicomisos resulta muy útil por las siguientes razones: los recursos depositados en estos instrumentos financieros escapan al principio de anualidad que obliga a las instituciones gubernamentales a regresar el dinero que no se ha ejercido en el transcurso del año fiscal. Al contrario, los recursos de los fideicomisos permanecen en estos instrumentos y, pueden incrementarse, generar rendimientos y constituir un patrimonio autónomo.

Si nos viéramos forzados a elegir el caso más importante resuelto por el pleno de la Suprema Corte en el mes de mayo de 2020, sin duda no sería sobre el que me referiré en este texto. En plena pandemia y sesiones públicas por videoconferencia, la acción de inconstitucionalidad 112/2019, respecto de la validez del decreto de reforma constitucional que amplió la gubernatura de Jaime Bonilla en Baja California, acaparó las luces y la atención mediática alrededor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sin embargo, días después, el pleno resolvió un asunto de enorme relevancia.

Este 3 de junio de 2020, la Primera Sala de la SCJN tendrá en sus manos la oportunidad de declarar inconstitucional la omisión de censar a una población marginada, vulnerable e invisibilizada no infrecuente desafortunadamente en nuestro país: los asentamientos informales. Y que hasta ahora el INEGI se deslinda de su responsabilidad de censar también a este tipo de poblaciones a pesar de estar obligado a ella.

Como respuesta, en sesión privada del 27 de mayo, la mayoría del Pleno de la Sala Superior del TEPJF aprobó por mayoría el acuerdo general 5/2020, por el cual se habilita la presentación en línea de las demandas de los recursos de reconsideración y de revisión del procedimiento especial sancionador. Motivados por nuestro voto particular, presentamos aquí una reflexión en torno a qué debe incluir un auténtico sistema de justicia electoral en línea como una política pública permanente, funcional y garante del derecho de acceso a la justicia.