A mediados de abril se publicó en el Diario Oficial de la Federación una importante reforma sobre violencia política de género que comprende a diversas leyes en México, y que tendrá un impacto significativo en la vida político-electoral del país, particularmente en los procesos electorales por venir. Probablemente debido a la cantidad de información relacionada con la pandemia por el COVID-19 y la crisis internacional por los precios del petróleo, el tema tuvo poca difusión en los medios de comunicación.
Día a Día
Warning: Undefined variable $contador in /home/nexos/public_html/eljuegodelacorte/wp-content/themes/nexos-2022/archive.php on line 40
Warning: Undefined variable $contador in /home/nexos/public_html/eljuegodelacorte/wp-content/themes/nexos-2022/archive.php on line 48
La militarización de la seguridad pública
En el Diario Oficial de la Federación del 11 de mayo de 2020 se publicó un “acuerdo” del presidente de la República, refrendado por los titulares de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Secretaría de Marina y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, mediante el cual se ordena la participación de las fuerzas armadas en las tareas de seguridad pública hasta el mes de marzo del año 2024.
Ley minera y derechos de los pueblos indígenas: ¿inconexos o indisociables?
El día de hoy —13 de mayo de 2020— la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación discutirá el proyecto de resolución del amparo en revisión 928/2019, a cargo de la ponencia del ministro Javier Laynez Potisek. El asunto que analiza una pretensión de inconstitucionalidad de la ley minera es de suma trascendencia para los derechos de los pueblos indígenas en el país y sin embargo, el proyecto de sentencia afirma que “simple y sencillamente el contenido de la Ley Minera no se vincula directamente con los intereses y derechos de los grupos indígenas involucrados”. Por tanto, la segunda sala propone negar el amparo solicitado en lo relativo a la inconstitucionalidad de la ley minera por falta de consulta y consentimiento libre, previo e informado por parte de los pueblos indígenas.
La Suprema Corte y su decisión a favor de una prisión preventiva sin límites
Con el resultado de la CT 155/2019 se mantiene el status quo de la excepcionalidad de ciertos delitos sobre la prisión preventiva oficiosa y, por consiguiente, la visión de un sistema meta legal dentro del proceso penal. La SCJN perdió una valiosa oportunidad de revalorar el papel de la prisión preventiva oficiosa, normaliza la excepcionalidad del uso de la prisión preventiva oficiosa y legitima el régimen de excepción creado en dirección opuesta al texto constitucional. El panorama no es nada halagüeño, el faro de esperanza descansa en una interpretación que abrace la jurisprudencia de la CorIDH y su visión restrictiva del uso de la prisión preventiva oficiosa.
¿Garantizar la salud castigando? El punitivismo en tiempos de COVID-19
A falta de políticas públicas, derecho penal. Esta ha sido la respuesta ante diversas problemáticas en nuestro país. Surge un caso de maltrato animal: se comienza a debatir la pertinencia de un nuevo delito. Los vecinos tienen la música muy fuerte: queremos que vayan a la cárcel. Los índices de contaminación suben: aumentemos las penas. En general, somos una sociedad punitiva que ve en la cárcel una solución y no un problema. El contexto de la pandemia por COVID-19 no ha sido la excepción. Ante la crisis sanitaria han surgido diversas medidas punitivas impulsadas como un mecanismo de prevención de contagio de la enfermedad.
El Tribunal Constitucional de Alemania y el derecho de reunión en tiempos de COVID-19
Pese a que el Tribunal Constitucional reconoció la existencia de un alto número de contagios en Stuttgart, estimó que esa situación no impedía la realización de manifestaciones, porque éstas debían ser producto de una “práctica concordancia”, entre la protección del derecho a la vida y el derecho de reunión. Por tanto, ordenó a la autoridad administrativa pronunciarse sobre la viabilidad de la manifestación y, en caso de que no emitiera alguna decisión, la manifestación se llevaría a cabo en el lugar planeado originalmente por el solicitante.
La emergencia sanitaria y el ataque a las energías renovables
El pasado 29 de abril de 2020, se publicó en el sistema de información de mercado del CENACE, el Acuerdo para Garantizar la Eficiencia, Calidad, Confiabilidad, Continuidad y Seguridad del Sistema Eléctrico Nacional, con motivo del reconocimiento de la epidemia de enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), mediante el cual su director general publicó características técnicas y operativas que resultan necesarias para garantizar el suministro eléctrico, pues, con motivo de la contingencia provocada por las medidas preventivas de mitigación y control de riesgos para la salud a causa del COVID-19 se ha presentado una reducción en el consumo de energía eléctrica por parte de usuarios finales.
La CNDH vs. la Ley Bonilla: lo que está en juego
La litis, en una nuez, es si la prolongación del mandato de gobernador, de 2 a 5 años, una vez ya electo, es constitucional o no. La CNDH estima que no es constitucional porque viola los derechos fundamentales de seguridad jurídica, participación política, y los principios de legalidad e irretroactividad.
La Suprema Corte y libertad de expresión: el uso (no) correcto del lenguaje
El Pleno consideró que: i) la proscripción de un uso “incorrecto” del lenguaje impide a las personas expresar su visión de la realidad; y ii) la imposición de un uso único o “correcto” del lenguaje limitan la formulación de críticas al status quo, suprimiendo posibilidades de manifestación en las deliberaciones previas a la toma de decisiones colectivas. Lo cual, resulta inconstitucional al buscar un fin incompatible con los valores de la libertad de expresión, al pretender favorecer —exclusivamente— un tipo de contenido.
AMLO y su “devolución” de los tiempos oficiales de radio y televisión
Es paradójico que quien más se benefició de esta regla, ahora pretenda devolver los tiempos oficiales a los concesionarios privados —tal cual hicieron, en su momento, los presidentes Díaz Ordaz y Vicente Fox—. En este contexto, cabe preguntarse si jurídicamente es posible que el presidente López Obrador pueda hacer lo que él denomina devolución y, para ello, conviene tener presente cuáles son y cómo han evolucionado las normas jurídicas que regulan los mencionados tiempos oficiales.