El pasado 15 de enero de 2020 la Segunda Sala de la Suprema Corte abordó el tema al resolver el amparo en revisión 610/2019 en el que consideró inconstitucional la modificación unilateral que realizó la Comisión Regulatoria de Energía (CRE) a la Norma Oficial Mexicana “NOM-016-CRE-2016” para incrementar el porcentaje máximo de etanol como oxigenante en las gasolinas hasta en un 10%.

El texto original de la Constitución, publicado el 5 de febrero de 1917, tiene 22 029 caracteres; mientras que el texto actual tiene 70 432. En ambos casos, considerando a los artículos transitorios que acompañan al texto original y sin considerar a los transitorios que acompañan a los decretos de reforma, los cuales también son normas constitucionales. Esos datos implican que la Constitución vigente tiene 48 403 caracteres más que el texto vigente, es decir, el texto ha aumentado un 219.7 %.

Contrario a lo que suele creerse en la jerga legal “inmueble” no es lo mismo que “vivienda”. Se trata, más bien, de una distinción trascendental para cuestionarnos lo que entendemos por debido proceso, considerando que las personas que habitan una vivienda ajena suelen no ser consideradas como parte en las decisiones que afectan directamente su esfera jurídica.

Muchos han dicho que el debate es ocioso porque no han presentado formalmente ninguna iniciativa. No lo creo. No estamos debatiendo la “nada” porque ya hay indicios de esta desesperación autoritaria. Ya se aprobaron tanto la ampliación de los delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, como las modificaciones legales que equiparan la defraudación fiscal con delincuencia organizada —que, por cierto, merecerían tanto arraigo como prisión preventiva oficiosa, ambas medidas regresivas.

La resolución niega a TOJIL su reconocimiento víctima de delitos de corrupción debido a que la magistrada ponente, Antonia Herlinda Velasco Villavicencio, consideró que la organización no había sufrido ningún daño o afectación en su esfera jurídica como resultado de los delitos denunciados (cohecho y contra la administración pública).

Desde octubre de 2019, cuando se anunció una reforma estructural al sistema de procuración y administración de justicia, sabíamos que 2020 no sería un año fácil para el sistema de justicia penal. En este sentido, vale recordar que el ahora fiscal general, Alejandro Gertz Manero, en varios eventos públicos, usando el término garantista de forma despectiva, señalaba que el sistema de justicia penal no funcionaba e identificaba a los jueces como responsables de dejar libres a los detenidos.

No es poco lo que se juega en la resolución de este episodio del caso Duarte. En momentos en que, precisamente, la judicatura se encuentra realizando importantes esfuerzos institucionales para combatir y erradicar la corrupción, lo que está por sentenciar el Tribunal Colegiado bien podría servir para fomentar por el respecto a la Constitución y entender que al tratarse sobre hechos de corrupción, las víctimas somos todos. Pensar que el MP debe ser el único guardián del interés colectivo cuando se denuncia precisamente a funcionarios del MP es tan ingenuo como irresponsable. Ojalá que los magistrados López Benitez, Velasco Villavicencio y Sánchez Frías así lo entiendan.

A finales de 2019, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió la contradicción de tesis 346/2019. Con ello, determinó que la vía idónea para el cambio de actas de nacimiento de personas trans es la administrativa. Este pronunciamiento representa un paso hacia la interrupción de los ciclos de discriminación y violencia a los que está expuesta esta comunidad.

El pasado 30 de octubre, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió el amparo directo en revisión 4865/2018. El caso surgió debido a que un hombre fue despedido de su trabajo por exhibir una cruz esvástica tatuada en su cuello. El símbolo causó incomodidad entre sus compañeros de trabajo (quienes eran judíos), por lo que decidieron presentar una queja ante la empresa.