Recordemos que el 21 de marzo es el día internacional del color y el día de la erradicación del racismo. Conmemoremos ambos retomando el elemento creativo de los colores para pensar perspectivas que erradiquen el racismo. Que la justicia tenga color, que se acorte la brecha entre tribunales y estética.

La respuesta institucional a este problema se encuentra en la instalación del Consejo de Salubridad General, esto en aras de que eventualmente haya una declaratoria de emergencia sanitaria, cuya amplitud y flexibilidad en su ejecución la convierte en la vía idónea para enfrentar este preocupante problema.

La aprobación del presupuesto de los poderes judiciales puede vulnerar el principio de división de poderes y fomentar la subordinación de aquéllos a éstos. Es importante recordar que solamente en tres estados la legislación establece que el Poder Ejecutivo puede modificar el proyecto de presupuesto que le presenta el Judicial, antes de turnarlo al Legislativo. En las 29 entidades restantes, la legislación local no prevé esta posibilidad. En seis de ellas determina incluso que el presupuesto del Poder Judicial será turnado directamente al Poder Legislativo, sin pasar por el Ejecutivo, y en otras cuatro prohíbe explícitamente que el Ejecutivo lo altere.

Para los particulares el medio de control por antonomasia es el juicio de amparo. Sin embargo, cuando un particular impugna de manera directa la inconstitucionalidad de una norma general —mediante juicio de amparo indirecto— la sentencia únicamente se limita a “eliminar” la norma irregular de la esfera jurídica del quejoso, lo que implica que aquella seguirá existiendo para a todos aquellos que no pudieran ampararse.

La prisión preventiva oficiosa mexicana contraviene el derecho internacional, al tratarse de una forma de detención que es aplicable de manera no excepcional, sino como regla general para esos delitos y en la que los jueces no descartan otras medidas menos lesivas que garanticen la presencia de la persona en el juicio. Es decir, no se hace una valoración individual de las circunstancias del caso que comprueben la existencia de riesgo de fuga, que el acusado tenga la capacidad para alterar pruebas o pueda volver a cometer el delito.

En la antesala de un proceso electoral de alcance nacional con dimensiones sin precedentes, el proceso de designación de los consejeros del INE se ha convertido en un espacio de interés nacional. Nombrar a las personas que fungirán como consejeros electorales no es una tarea fácil. Por el contrario, es una labor sumamente compleja que implica la injerencia y la interacción, directa e indirecta, de múltiples actores. Sus consecuencias inciden de manera determinante en el fortalecimiento o, bien, en el debilitamiento del régimen democrático mexicano.