El objetivo del siguiente texto es informar al ciudadano cuáles son y cómo están protegidos los derechos humanos en México. Para lograr este propósito, se estudian los asuntos y temas más destacados conocidos por el Pleno de la Suprema Corte mexicana, quien decide, en última instancia, cuándo un derecho humano es afectado.

Nosotrxs, como movimiento, desde el origen ha defendido el ejercicio pleno de derechos sociales para reducir la desigualdad en nuestro país, a partir de las leyes y las instituciones que ya tenemos. Estamos convencidos que todos somos iguales ante la ley y creemos en la universalidad de nuestros derechos, de forma que todas las personas tengan acceso a las mismas oportunidades y, por medio de la intervención del gobierno, podamos resolver fallas de mercado y garantizar la protección de los grupos más vulnerables, en este caso de los trabajadores del hogar.

“Sin efectos, no hay derechos” es, quizás, la consigna más importante del realismo jurídico. Para nosotros los realistas, los derechos reconocidos en los documentos legales sólo existen en la medida en que estos se traducen en prácticas concretas. Desde mi perspectiva, el “respeto irrestricto de los derechos humanos en el ámbito de inclusión, de no discriminación y de convivencia” al que aspiraba la propuesta de Ley de Cultura Cívica presentada el pasado 16 de mayo ante el Congreso de la Ciudad de México es letra muerta.

En esta segunda parte abordaremos el estudio y la discusión del segundo argumento transversal formulado en las acciones de inconstitucionalidad promovidas por la CNDH y una minoría calificada de Senadores —105/2018 y su acumulada 108/2018— en contra de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos… Se trató de la omisión relativa de fijar parámetros objetivos para delimitar el salario presidencial, el cual logró la mayoría calificada de ocho votos para invalidar los artículos 6º y 7º del ordenamiento, en la parte que no había sido sobreseída.

En esta serie de dos entregas pretendemos dar cuenta del resultado de la discusión del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de la acción de inconstitucionalidad 105/2018 y su acumulada 108/2018, promovidas respectivamente por la CNDH y una minoría calificada de Senadores en contra de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos —la cual tuvo lugar los días 13, 14, 16 y 20 de mayo de 2019—.

Es de resaltar que casos como este presentan la interrupción del embarazo como un derecho público que el Estado debe garantizar y no un privilegio privado al que solo cierto grupo de mujeres podrían acceder. El proyecto de sentencia fue aprobado por unanimidad en un momento en el que las mujeres enfrentan obstáculos estructurales para ejercer sus derechos. La capacidad de las mujeres de participar en la vida pública se encuentra correlacionada con su capacidad de controlar sus vidas reproductivas. Es hora que la interrupción del embarazo sea legal, gratuita y segura para todas.