Hace unos días, el senador Monreal presentó una iniciativa para reformar la ley de amparo, específicamente, el tema de sanciones. La iniciativa tiene por finalidad dos puntos: i) incluir un artículo (260 bis) que sancione a los abogados postulantes que se encuentren representado a personas en los juicios de amparo por presuntos actos que retrasen deliberadamente el proceso judicial y; a su vez, ii) facultar al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) para substanciar y sancionar a los abogados que incurran en las causas que señala la propuesta a través de un procedimiento administrativo sancionador.

Esperamos que pronto se obtenga una resolución definitiva favorable al interés de las comunidades aledañas, como ha sucedido en las últimas dos resoluciones provisionales, las cuales han podido verificar la legalidad y el beneficio del proyecto, como lo muestran las determinaciones de la autoridad judicial. La última determinación de 29 de enero de 2019, el juzgador federal, incluso, revocó la suspensión concluyendo que: “En todo caso, se advierte que las obras reclamadas son en beneficio tanto de los pueblos indígenas quejosos como de los terceros.”

No cabe duda que afectar a la delincuencia organizada en su patrimonio es una medida necesaria para debilitarla, y que la extinción de dominio podría ser una herramienta adecuada para hacerlo. Sin embargo, ello requiere de una regulación cuidadosa para no afectar a terceros de buena fe. Una regulación que atropella los derechos de los gobernados sólo ocasiona que se anulen sus disposiciones, provocando la ineficacia de la ley.

De manera reciente diversos reportes de prensa han informado sobre la intención de un diputado federal de MORENA, de presentar una iniciativa de reforma para modificar el artículo 102, apartado B, de la Constitución. Dicha propuesta incluiría la transformación de la CNDH para convertirse en una “defensoría del pueblo”.

En estas líneas doy cuenta de cómo la lucha de estos dos activistas logró que, el 14 de agosto de 2019, la Segunda Sala de la Suprema Corte (SCJN), bajo la ponencia del ministro Eduardo Medina Mora, emitiera una resolución histórica, en la que concluyó que la omisión del poder ejecutivo federal de emitir el reglamento sobre cannabis medicinal violaba los derechos de Carlos, ordenando su publicación en 180 días hábiles.

A dos meses de que surtiera efecto la renuncia del que fuera el Comisionado Ejecutivo de Atención a Víctimas y en medio del proceso de selección para el próximo titular del órgano, conviene hacer una reflexión sobre el futuro en materia de reparación en nuestro país, en concreto, atendiendo a las herramientas de interpretación que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha utilizado para enfrentar retos similares.

La Primera Sala sostuvo que no procede indemnización económica por daño moral al realizar un acto de infidelidad sexual en el matrimonio, pues este no puede considerarse como un hecho ilícito bajo las reglas de la responsabilidad civil.

Un juez de distrito está por resolver un juicio de amparo en el que tres comunidades totonacas de la Sierra Norte de Puebla demandan a diversas autoridades por haber autorizado el proyecto Hidroeléctrico Puebla 1, que afectará al río Ajajalpan para abastecer de energía a empresas privadas.

Los órganos jurisdiccionales de amparo tienen todos los medios jurídicos para ser los principales detonadores del respeto, protección y garantía de los derechos humanos, ya que están obligados a investigar, denunciar y hacer del conocimiento a las autoridades competentes de la posible comisión de hechos delictivos que conozcan a través de su función jurisdiccional. El amparo es un recurso efectivo en tanto los juzgadores de amparo cumplan con todas sus obligaciones y deberes en materia de derechos humanos. Esto permitirá reducir la impunidad y fortalecer el estado garantista de derecho.