Inició la discusión en el Pleno de la Suprema Corte sobre la constitucionalidad de la Ley de Seguridad Interior (LSI) en el expediente de las acciones de inconstitucionalidad 6/2018 y sus acumuladas, y como ya se preveía de la lectura del proyecto de sentencia, nos encontramos ante un panorama complicado y una alta probabilidad de que se validen porciones normativas que ponen en riesgo los derechos de la sociedad mexicana. Pues, aunque pareciera que en la sesión de hoy los ministros decidieron únicamente sobre aspectos procedimentales, lo cierto es que esas decisiones dicen mucho del talante y enfoque con el que abordarán el fondo de las impugnaciones.

En una entrada anterior explicábamos el estado procesal de las impugnaciones a la Ley de Seguridad Interior (LSI); en este espacio pretendemos revisar el fondo de las argumentaciones presentadas en los distintos recursos y las posibles implicaciones jurídicas de la decisión de la Corte al respecto. En una última entrega revisaremos el proyecto del ministro Pardo Rebolledo que fue publicado hace unos días.

La lección es clara: si las instituciones no tienen las condiciones para operar adecuadamente, no podrán cumplir con sus mandatos. Otra vez: los estereotipos de género son parte del problema, pero no son el único. Sin el contexto institucional adecuado, no hay cómo garantizar los derechos. Considerando los planes de “austeridad” que se han anunciado por parte del gobierno entrante, el énfasis en las capacidades de las autoridades de cumplir con sus mandatos es incluso más apremiante.

El próximo lunes 12 de noviembre inicia la discusión en el pleno de la Suprema Corte respecto la constitucionalidad de la Ley de Seguridad Interior. A continuación, nos proponemos brindar algunos datos sobre el estado del asunto en la Corte para facilitar su análisis; en concreto, trataremos de explicar y esquematizar los aspectos procesales para, luego, en una par de textos posteriores, hablaremos del fondo de las diversas aristas que giran en torno a este relevante asunto para el futuro de la seguridad pública del país.

La implementación del derecho humano a la consulta y el consentimiento previo, libre e informado es un asunto de primer orden dentro del nuevo paradigma constitucional consagrado a partir de 2011. En el día de hoy la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolverá un asunto vital para el desarrollo de procesos de consulta previa y, con ello, los derechos de participación efectiva y la posibilidad de autodeterminación de los pueblos indígenas en México.

Uno de los (pocos) argumentos a favor de la Ley de Seguridad Interior (LSI) es la supuesta validación jurisprudencial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en la acción de inconstitucionalidad 1/1996. Con este argumento la comisión de gobernación de la Cámara de Diputados consideró que las tesis jurisprudenciales que emanaron del precedente facultan a las fuerzas armadas para auxiliar a las autoridades civiles a salvaguardar la seguridad interior.

En noviembre esta institución deberá renovarse, pues termina el mandato del ministro José Ramón Cossío Díaz. Y debido a que en 2015 y 2016 las propuestas del presidente Peña Nieto fueron altamente cuestionadas –por la sencilla razón de que no todos los integrantes de las ternas cumplían con los requisitos de idoneidad-, el pasado 10 de octubre de 2018, organizaciones de la sociedad civil y la academia enviaron al presidente de la República una propuesta para abrir al escrutinio público la terna para elegir al próximo ministro.