La prisión preventiva oficiosa transgrede el principio de presunción de inocencia no sólo en el debido trato procesal, sino que, al anticipar la pena, disuelve la pertinencia temporal de las reglas y estándares de prueba, porque se equipara al imputado con el sentenciado. Así, aun cuando el Poder Judicial avance en la definición de garantías procesales relevantes para el Estado de derecho y el debido proceso, las mayorías legislativas se empeñan por hacerlas ineficaces.

¿Será la Fiscalía realmente un órgano autónomo? ¿Abrirá sus puertas a la sociedad civil para el diseño del plan de persecución penal? ¿O hará de éste un mero anexo del plan de seguridad presidencial? ¿Permitirá que ONG´s participen de manera directa en la investigación y judicialización de los casos relevantes de corrupción? ¿Generará un diálogo abierto para delinear una estrategia más estructurada y jurídica para combatir el huachicol, en lugar de apresuradas declaraciones que no hacen ni ton ni son?

No hay razones de peso para aferrarse al fundamentalismo del principio de relatividad de las sentencias. La vocación del juicio de amparo es —o debería ser— fungir como un puente entre dos mundos que habitamos de manera simultánea: el mandato constitucional y la realidad social. Pero si estos dos mundos se encuentran en inevitable evolución constante, ese puente debe también adaptarse en lo posible y en lo razonable para no perder su efecto útil.

¿Cuál es la realidad mexicana actual respecto el delito de feminicidio? En los últimos años no se han emitido estudios robustos y contundentes sobre el tema por parte del Estado. Los únicos estudios que han hecho son aquellos realizados por investigadores y sociedades civiles donde se demuestra la ausencia de datos referentes a este problema social. De manera general, lo que se sabe es que el feminicidio es un delito que ha estado presente en el país mexicano.

En medio de estos cambios del nuevo gobierno federal, concluye el periodo como presidente del ministro José María Aguilar Morales, quien seguirá siendo parte de la Corte, y deberá ser sustituido en el cargo por alguno de sus pares. Los aspirantes a ocupar tal posición son los ministros Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alberto Pérez Dayán, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Arturo Zaldívar.