Duarte es todo aquello de lo que nos queremos desprender y lo que queremos dejar de ser. Sin un análisis contextual y objetivo, es evidente que la sentencia de 9 años de prisión es cuando menos ridícula, parece una burla. Sin embargo, no podemos perder de vista que en un Estado constitucional de derecho cualquier imputado o acusado, incluso Javier Duarte, afortunadamente, tiene derecho a la presunción de inocencia, a defenderse y, sobretodo, al debido proceso, que entre otras muchas cosas implica ser juzgado única y exclusivamente por los hechos que son presentados en la causa penal por la fiscalía acusadora.

Presento a los lectores del Juego de la Suprema Corte una selección de las noticias —principalmente, relacionadas con la impartición de justicia— que, entre julio y septiembre del año en curso, se han registrado en otras partes del mundo.

Esta semana culminó el debate en la Corte sobre la constitucionalidad de distintos preceptos de la CDMX. El tema que realmente suscitó discusión, y en donde se entremezclaron materias tanto procesales como de fondo de suma importancia, fue el tercero, a saber, la constitucionalidad de todo lo que abraza el sistema de control de constitucionalidad creado por el Constituyente de la CDMX.

En México no existen precedentes sobre la obligación de generar información estadística para garantizar derechos humanos, ni sobre el derecho a la igualdad y no discriminación de la población en asentamientos informales. El juicio de amparo que está desarrollándose actualmente en el Juzgado Cuarto en Materia Administrativa de la Ciudad de México es, sin duda alguna, una gran oportunidad para hacer visibles a aquellos no figuran ni siquiera sobre el papel.

Además de los problemas jurídico-procesales que mostraba el planteamiento inicial y la resolución del juez federal y ante un debate aún abierto sobre el mejor entendimiento del etiquetado, era claro que hubiera sido inusual que la Suprema Cortevotara a favor de ratificar el amparo. En lugar de pensar desde el maniqueísmo de “ministros etiquetados” contra los consumidores indefensos, debemos replantear integralmente el modelo de información y educación hacia los consumidores.

Como lo anunciamos en este espacio la semana pasada, la discusión de la constitucionalidad de la Constitución Política de la Ciudad de México es una de las impugnaciones más grandes y complejas que ha recibido la Corte en los últimos lustros. A lo largo de estos días se ha debatido el resto de los conceptos del invalidez planteados por la PGR en contra de la CPDMX. Veamos cómo va la discusión.

Quien decida ser árbitro en nuestro país puede estar seguro de que las ofensas que puede recibir en los estadios no será lo peor de su profesión. Por un lado, quien le da órdenes y fija sus condiciones laborales puede decidir de manera unilateral su destino y, por el otro, la Suprema Corte de nuestro país no lo considerará como un trabajador. Si bien este precedente no implica necesariamente que en todos los casos el resultado de un juicio sea el mismo, sí constituye un obstáculo difícil de librar procesalmente. ¿Por qué abunda la precarización laboral en nuestro país? Aquí una de las varias respuestas posibles: por sentencias como ésta, emitidas por la Suprema Corte.

Esta semana empezó a discutirse en la Suprema Corte de Justicia de la Nación el segundo grupo de impugnaciones que se presentaron en contra de la nueva Constitución política de la Ciudad de México. Recordemos que dos partidos políticos, la CNDH y la PGR presentaron sendas impugnaciones a la misma. El tema se va a discutir por el Pleno de la Corte a lo largo de algunas semanas. Esta es la primera, de una serie de especie de crónicas, que busca registrar este debate y; por supuesto, también ofrecer una dosis de análisis del mismo.