Esta semana culminó el debate en la Corte sobre la constitucionalidad de distintos preceptos de la CDMX. El tema que realmente suscitó discusión, y en donde se entremezclaron materias tanto procesales como de fondo de suma importancia, fue el tercero, a saber, la constitucionalidad de todo lo que abraza el sistema de control de constitucionalidad creado por el Constituyente de la CDMX.

En México no existen precedentes sobre la obligación de generar información estadística para garantizar derechos humanos, ni sobre el derecho a la igualdad y no discriminación de la población en asentamientos informales. El juicio de amparo que está desarrollándose actualmente en el Juzgado Cuarto en Materia Administrativa de la Ciudad de México es, sin duda alguna, una gran oportunidad para hacer visibles a aquellos no figuran ni siquiera sobre el papel.

Además de los problemas jurídico-procesales que mostraba el planteamiento inicial y la resolución del juez federal y ante un debate aún abierto sobre el mejor entendimiento del etiquetado, era claro que hubiera sido inusual que la Suprema Cortevotara a favor de ratificar el amparo. En lugar de pensar desde el maniqueísmo de “ministros etiquetados” contra los consumidores indefensos, debemos replantear integralmente el modelo de información y educación hacia los consumidores.

Como lo anunciamos en este espacio la semana pasada, la discusión de la constitucionalidad de la Constitución Política de la Ciudad de México es una de las impugnaciones más grandes y complejas que ha recibido la Corte en los últimos lustros. A lo largo de estos días se ha debatido el resto de los conceptos del invalidez planteados por la PGR en contra de la CPDMX. Veamos cómo va la discusión.

Quien decida ser árbitro en nuestro país puede estar seguro de que las ofensas que puede recibir en los estadios no será lo peor de su profesión. Por un lado, quien le da órdenes y fija sus condiciones laborales puede decidir de manera unilateral su destino y, por el otro, la Suprema Corte de nuestro país no lo considerará como un trabajador. Si bien este precedente no implica necesariamente que en todos los casos el resultado de un juicio sea el mismo, sí constituye un obstáculo difícil de librar procesalmente. ¿Por qué abunda la precarización laboral en nuestro país? Aquí una de las varias respuestas posibles: por sentencias como ésta, emitidas por la Suprema Corte.

Esta semana empezó a discutirse en la Suprema Corte de Justicia de la Nación el segundo grupo de impugnaciones que se presentaron en contra de la nueva Constitución política de la Ciudad de México. Recordemos que dos partidos políticos, la CNDH y la PGR presentaron sendas impugnaciones a la misma. El tema se va a discutir por el Pleno de la Corte a lo largo de algunas semanas. Esta es la primera, de una serie de especie de crónicas, que busca registrar este debate y; por supuesto, también ofrecer una dosis de análisis del mismo.

La caída de los dos hombres cercanos a Trump significa un impulso al trabajo de Mueller pues con la decisión del jurado y las confesiones de Cohen quedó demostrado que las sospechas de que se cometieron conductas ilícitas por parte de los integrantes de la campaña de Trump no son meras fake news. No obstante, hasta ahora no ha podido quedar establecido el vínculo entre la campaña y el gobierno de Rusia, por lo que los republicanos han presionado para que se establezca una fecha límite para que Mueller entregue sus conclusiones, la cual se piensa antes de las elecciones intermedias de noviembre.

La apuesta por una Constitución moral transita así entre la superfluidad y la esterilidad. Por un lado, un estándar de moral privada es válido sólo si el agente lo acepta libremente, con independencia del consenso democrático. Por otro, México ya cuenta con una Constitución política que define estándares para regular la vida en sociedad. Además, hay decisiones que escapan de la competencia del pueblo debido a la complejidad de una sociedad desarrollada.

El pasado 23 de mayo la Primera Sala de la Suprema Corte resolvió el amparo directo en revisión 5223/2015, cuyo proyecto de sentencia elaboró el ministro Cossío. El caso: la condena por el delito de trata de personas a los administradores del club nocturno “Cadillac”. El fallo se ha (mal) publicitado en los medios de comunicación como uno en el que se prohíbe y sanciona como delito la pornografía.