La caída de los dos hombres cercanos a Trump significa un impulso al trabajo de Mueller pues con la decisión del jurado y las confesiones de Cohen quedó demostrado que las sospechas de que se cometieron conductas ilícitas por parte de los integrantes de la campaña de Trump no son meras fake news. No obstante, hasta ahora no ha podido quedar establecido el vínculo entre la campaña y el gobierno de Rusia, por lo que los republicanos han presionado para que se establezca una fecha límite para que Mueller entregue sus conclusiones, la cual se piensa antes de las elecciones intermedias de noviembre.

La apuesta por una Constitución moral transita así entre la superfluidad y la esterilidad. Por un lado, un estándar de moral privada es válido sólo si el agente lo acepta libremente, con independencia del consenso democrático. Por otro, México ya cuenta con una Constitución política que define estándares para regular la vida en sociedad. Además, hay decisiones que escapan de la competencia del pueblo debido a la complejidad de una sociedad desarrollada.

El pasado 23 de mayo la Primera Sala de la Suprema Corte resolvió el amparo directo en revisión 5223/2015, cuyo proyecto de sentencia elaboró el ministro Cossío. El caso: la condena por el delito de trata de personas a los administradores del club nocturno “Cadillac”. El fallo se ha (mal) publicitado en los medios de comunicación como uno en el que se prohíbe y sanciona como delito la pornografía.

Hace unos días, el Juez Octavo de Distrito en Materia Administrativa en Ciudad de México, Fernando Silva García, dictó la sentencia correspondiente al amparo indirecto 589/2018. Entre otras cosas, el juez Silva ordenó al presidente de la República “transparent[ar] la designación de los magistrados anticorrupción”. Y también ordenó que el Senado (o la Comisión Permanente) “decida inmediatamente sobre la ratificación o no” de dichos magistrados … Sucede, sin embargo, que la sentencia optó por hacer complejo lo simple.

La impunidad que caracteriza a nuestro país y que agravia profundamente a la ciudadanía, ha encontrado un nuevo aliado: el secreto bancario. Y el problema está por agravarse aún más. El próximo 8 de agosto, la propia Primera Sala de la SCJN resolverá un nuevo asunto. En este nuevo caso, la pregunta clave a resolver es la siguiente: ¿Requiere la autoridad ministerial autorización judicial previa para solicitar información bancaria en el curso de sus investigaciones penales?

El objetivo del siguiente texto es informar a los ciudadanos cuales son y como están protegidos los derechos humanos en México. Para lograr este propósito, se estudiarán los asuntos y temas más destacados y conocidos por el Pleno de la Suprema Corte mexicana, quien decide, en última instancia, cuándo un derecho humano es afectado. De esta manera, presento esta sección con el ánimo de cumplir dos metas: informar de manera accesible el desempeño de los ministros de nuestra Corte y, a la vez, facilitar el escrutinio de su labor.

El 8 de agosto, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia resolverá el amparo en revisión 1049/2017. Los hechos, de manera sucinta, son los siguientes: el año pasado, una madre y un padre pertenecientes al grupo indígena rarámuri y al grupo religioso de los testigos de Jehová llevaron a su hija, de aproximadamente seis años, al Hospital Infantil de Especialidades del estado de Chihuaha en estado de salud crítico. El diagnóstico: leucemia linfoblástica aguda.