En el caso de México, el sistema jurídico pareciera no dar opción para que el derecho a la vivienda sea por fin tomado en serio. Pongamos, por ejemplo, el tema central de este artículo: los alcances que le ha reconocido la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Con sus indudables excepciones, las sentencias sobre vivienda digna que ha emitido nuestro máximo tribunal se caracterizan por constantes disonancias entre el discurso heredado por la reforma constitucional del 2011 y el grado de protección reconocido para el caso concreto.

Si bien constituye un fallo histórico, en donde la Corte, como garante de la Constitución, dejó ver el grave daño que ocasiona la inactividad del Congreso al ignorar un mandato constitucional de legislar, también es importante destacar que se puso nuevamente tras el reflector una figura que acaloradas discusiones ha suscitado en la doctrina, la judicatura y en el ejercicio de la abogacía: el interés legítimo en el amparo.

Diversas reflexiones se han suscitado en torno al amparo otorgado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a favor de Artículo 19, derivado de la omisión legislativa en la que incurrió el Congreso de la Unión desde el 30 de abril de 2014 para regular el gasto público en comunicación social.

Los próximos 4 y 5 de diciembre, de 17:00 a 20:00 horas, tendrá lugar en el ITAM la primera conferencia anual del capítulo mexicano de ICON-S, la cual versará sobre cultura constitucional y género en el marco de los 100 años de la Constitución mexicana. Por este medio queremos hacerles extensiva la invitación a quienes estén interesados en asistir.

Desde nuestra perspectiva, la nueva arquitectura constitucional brinda la oportunidad para dar eficacia plena a la Constitución frente a las omisiones legislativas reclamadas por la ciudadanía vía el juicio de ampro. Por ello, el caso no solamente se vincula con la garantía del derecho a la información como precondición de la democracia, sino en extender los alcances y la efectividad del juicio de amparo para defender nuestros derechos fundamentales, así como robustecer el papel de los jueces en la vida democrática.

El proyecto de sentencia del amparo en revisión promovido por la asociación civil “Artículo 19”, propone conceder la protección constitucional, toda vez que la omisión legislativa del Congreso de la Unión al no haber expedido la Ley que regule la Publicidad Oficial, vulnera el derecho humano a la libertad de expresión.

Un caso reciente de los intentos legislativos por acabar con la criminalidad se presenta en forma de una adición al artículo 33 del Código Penal del estado de Guanajuato a través del decreto 209, que se refiere a las causas de exclusión del delito. Expresamente, la recién integrada fracción XI señala que el delito se excluye cuando “se obre en defensa de bienes jurídicos, propios o ajenos, contra agresión ilegítima por intrusión actual a casa habitación”. A primera vista, podemos identificar de que va la citada fracción: legítima defensa. O, más bien, de una súper legítima defensa. ¿Por qué?

Este miércoles 25 de octubre, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia resolverá el amparo directo en revisión 7464/2016, cuyo proyecto de sentencia está a cargo de la ministra Norma Piña Hernández. El asunto, según se advierte del archivo disponible en la página de la Corte, cumple con los requisitos de procedencia, es decir, identifica dos problemas de constitucionalidad relacionados con el derecho a la defensa adecuada y al principio de presunción de inocencia, que resultan de importancia y trascendencia para que la Corte defina el alcance, contenido y estándares en la materia.

Es un hecho consumado: Santiago Nieto ha sido cesado como Fiscal Especial de Delitos Electorales. El Senado de la República es la instancia que podrá restituirlo en el cargo. ¿Qué criterios deberán seguir los Senadores para tales efectos? ¿Legales, políticos o de coyuntura de cara a las elecciones del 1º de julio de 2018?