Sirva el presente artículo para detenernos un momento y tratar de explicar desde una óptica jurídica las responsabilidades de los servidores públicos en la Constitución para, posteriormente, enfocarnos en lo concerniente a la peligrosa inclusión del presidente de la República como sujeto de juicio político.

Si bien han existido profundos avances en los mecanismos de protección judicial de los derechos económicos, sociales y culturales (DESC) —incluido el derecho a la salud—, la mira no está enfocada en el desarrollo y sofisticación de los mecanismos no jurisdiccionales.

En este proyecto de reforma se propone cambiar el modelo de donación de órganos de manera que ahora todos los ciudadanos se vuelvan donadores de órganos automáticamente. Es decir, con esta reforma, todas las personas serán donadoras de órganos por defecto y se requerirá que las personas expresen su negativa para que se les deje de considerar donadores. Por obvias razones, esta reforma ha sido muy polémica.

A Marimar y sus padres les entregan un oficio en el que le hacen saber la determinación del Comité de Bioética en donde le informan, sin tomar en cuenta la violación sexual, que “después de un análisis del expediente clínico integrado conforme a la Norma Oficial Mexicana, se concluye que se trata de una paciente con un embarazo normoevolutivo, que si bien es portadora de una malformación congénita, y la cual no pone en riesgo la vida de la madre. No contamos con sustento ni orden legal para la terminación del mismo”.

Presento a los lectores del Juego de la Suprema Corte una selección de las noticias —principalmente, relacionadas con la impartición de justicia— que, entre enero y marzo del año en curso, se han registrado en otras partes del mundo.

En México se sigue criminalizando la protesta social. La existencia de delitos como el de sedición, que por muchos años parecía solamente un mal recuerdo de regímenes autoritarios que consideraban como delito el rechazo a la autoridad, hacen posible que se revivan en situaciones de conflictividad social y que sean utilizados para detener arbitrariamente y procesar injustamente a personas.

La tensión que revela este caso no es nueva para quienes hemos dado seguimiento al proceso de implementación de la reforma penal de 2008; estamos ante otro caso donde el modelo plantea una ruta y la realidad necia nos advierte sobre los peligros de ese camino. Sin embargo, generalmente la defensa del modelo acusatorio implica simultáneamente la defensa de mayores mecanismos de protección de derechos, en este caso los papeles aparentan estar invertidos. Es evidente que la salida al problema planteado no era clara, lo que sí queda claro es que si la apuesta será por el sistema acusatorio y la consolidación de las policías como los encargados de realizar investigaciones, está perdida si no se acompaña de procesos de profesionalización serios, mecanismos de rendición de cuentas efectivos y, principalmente, lineamientos claros y operables para la actuación de las policías en situaciones como la debatida.

Hace unas semanas la Segunda Sala de la Suprema Corte resolvió un amparo en revisión en el que analizó la constitucionalidad de la facultad de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para “congelar” las cuentas bancarias de las personas que son incluidas en sus “listas de personas bloqueadas”. La resolución del asunto ha generado cierta inquietud en medios de comunicación y redes sociales, y es que lo establecido por los ministros de la Segunda Sala resulta de especial trascendencia tanto para los usuarios de servicios financieros, los sujetos con obligaciones fiscales, así como para las instituciones encargadas de prevenir y sancionar delitos económicos y financieros.