El día de ayer, el presidente Peña Nieto presentó la terna de candidatos a ministros de la Suprema Corte para ocupar la vacante dejada por el fallecimiento del ministro Valls. Se trata del primer paso de un proceso institucional donde el Senado de la República debe evaluar a los candidatos presentados y, en su caso, aprobar por mayoría calificada a alguno de éstos. Sobra mencionar que, al ser la Suprema Corte árbitro de muchísimos de los conflictos de la vida institucional del país, se trata de un nombramiento de enorme relevancia. En un esfuerzo por iniciar un indispensable debate respecto los candidatos, e inclusive el mismo proceso de designación, a continuación se presenta un ramillete de opiniones de diferentes expertos.
Corrupción, un análisis de las iniciativas legislativas para combatirla
El desencanto actual con el proyecto democrático se explica en gran medida por el hartazgo social de la corrupción de la clase política. La casa blanca, la casa de Malinalco, las casas de los Murat, las deudas de Moreira, los departamentos de lujo de distintos miembros de la clase política, el caso de Oceanografía y los hijos de Martha Sahagún, los permanentes y ofensivos conflictos de interés; todo ello abona al creciente clima de desencanto con nuestra democracia. Combatir la corrupción no es sólo un mandato constitucional y una exigencia legal; es también una necesidad para reivindicar a la democracia y la credibilidad de nuestra vida pública.
Porno venganza: ¿Qué es y cómo regularlo?
El porno de venganza (o revenge porn, como se le conoce en inglés) ocurre cuando una persona sube o comparte en internet imágenes o videos vinculados con la vida sexual de su ex pareja sin el consentimiento de ésta, documentos que en su momento obtuvieron con anuencia gracias a la intimidad existente entre los involucrados. Este fenómeno no tendría la misma repercusión de no ser por el creciente uso de los smartphones, celulares que facilitan la grabación y diseminación de material audiovisual íntimo.
La Suprema Corte y la batalla por los derechos de los consumidores
El plan del teléfono celular, la televisión satelital o por cable, el internet en casa, la nota de la tintorería, la inscripción al gimnasio, entre otros servicios que consumimos todos los días, los adquirimos a través de un contrato con las empresas proveedoras. Se trata de un contrato que no se negocia, conocido como contrato de adhesión y que la empresa en cuestión lo ofrece de manera unilateral. ¿Cuántas veces leemos estos contratos? ¿Sabemos las cláusulas que contienen? ¿Hay alguien que revise que estos contratos sean justos y equitativos? ¿Existe algún lineamiento sobre cómo deben ser estos contratos? Y, de manera más elemental, ¿por qué existen?
México y su fantasía constitucional
Terminar con la impunidad, crear un verdadero régimen federal, activar los mecanismos congresionales cuando haya excesos o abusos por parte del ejecutivo, limitar la intervención del gobierno en la vida privada de los ciudadanos, hacer del nuevo sistema de justicia penal una realidad, evitar la arbitrariedad por parte de los poderes públicos… son sólo algunas de las cuestiones que requieren a una Constitución viva y despierta; en pocas palabras, una Constitución que se cumple.
El caso Google: lo que olvida el IFAI
Al haber optado únicamente por la protección del titular de los datos personales sin tomar en cuenta el balance que con respecto al interés público y la libertad de expresión (incluyendo el derecho a acceder a la información) debe realizarse, el IFAI ha actuado de forma parcial. El camino elegido constituye un aval institucional que, aunque no muy efectivo[3], manda una señal que abona a nuestro malestar: los intereses privados que prevalecen sobre el interés público.
El reto de los derechos sociales en el mundo y en México
El hecho de que los jueces comiencen a adoptar una postura garantista sobre el respeto y la protección de los derechos económicos, sociales y culturales es sólo un primer paso necesario para su cumplimiento. Al mismo tiempo, y considerando la experiencia internacional, se necesita tomar en cuenta principios elementales de planeación, presupuestación e implementación de políticas públicas, a fin de que las sentencias puedan ser ejecutadas por las autoridades pertinentes.
La Suprema Corte y su rol de árbitro político
La información presentada, aunque solamente abarca el último periodo de sesiones de la Corte, parece confirmar para el caso mexicano la hipótesis de Dahl, pues su órgano máximo, el Pleno, resuelve principalmente cuestiones con un tinte profundamente político que son aquéllos que confrontan a nuestra clase política. Tal vez el reconocimiento de este papel político de la Corte pueda conducir a la sociedad mexicana a conocerla y a analizarla más a profundidad en beneficio de nuestra incipiente democracia.
Desapariciones forzadas y el derecho a conocer la verdad: lecciones para México
Las víctimas de desaparición forzada y sus familiares tienen derecho a que el Estado mexicano emprenda investigaciones serias y completas para esclarecer lo sucedido y dar con el paradero de la persona o sus restos. Pero ello no niega que, así como ellos, todos tenemos derecho a conocer por qué sucedieron –y siguen sucediendo- tantas desapariciones, quiénes las ejecutaron, quiénes las ordenaron y para qué. Hablamos aquí ya no de números o estadísticas, hablamos de personas y de familias que todos los días viven una dolorosa ausencia.
El futuro del Instituto Nacional de Ciencias Penales en riesgo
El pasado 23 de septiembre, el ejecutivo federal presentó la iniciativa de Ley de la Fiscalía General de la República, sin considerar un escenario puntual para el Instituto, toda vez que en el artículo décimo cuarto transitorio estableció que a partir de la entrada en vigor de dicho ordenamiento, quedaríamos desincorporados de la Administración Pública Federal y seríamos absorbidos por la Fiscalía. La propuesta es ambigua en el sentido de que no considera el carácter de ser Centro Público