El sentido de la justicia constitucional electoral es identificar aquellas conductas que en trasgresión a las normas electorales vulneran la Constitución y, en su función de salvaguarda, restituir el orden constitucional, al determinar una consecuencia jurídica a quien aun con la comisión del ilícito constitucional electoral pretenda desempeñar un cargo público, del cual ha protestado cumplir el texto constitucional. Si bien la ley no reconoce esta previsión, la respuesta está a la vuelta de todas las esquinas, la integridad de los procesos electorales garantiza la legitimidad del ejercicio del poder público; dicho de otro modo, al final están los principios, a los cuales debe recurrir el juez constitucional.
La demanda de México contra fabricantes y vendedores de armas en EE. UU y el estándar de complicidad empresarial por violaciones a los derechos humanos
Recientemente, el juez de la corte de distrito de EE. UU. desestimó la demanda contra Smith & Wesson, y el gobierno de México ha anunciado que tiene previsto apelar esa decisión. El argumento principal de México en esta demanda de responsabilidad civil es que las empresas señaladas suministran armas con conocimiento de que serán traficadas inmediatamente por la frontera para la comisión de actos ilícitos y violentos en manos de los cárteles. Por tanto, México reclama los daños y perjuicios derivados de la facilitación del tráfico ilícito de armas. El modelo de este litigio es innovador dado que busca aclarar las normas jurídicas que permiten responsabilizar a las empresas por facilitar daños graves en un contexto transnacional.
El plan B de la reforma electoral y sus medios de impugnación
El pasado 28 de diciembre de 2022, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la primera parte del denominado plan B de la reforma electoral, que modificó la Ley General de Comunicación Social y la Ley General de Responsabilidad Administrativa. En breve, este ajuste posibilitó, bajo el argumento del ejercicio de la libertad de expresión, que los servidores públicos realicen propaganda gubernamental sin limitación alguna durante los procesos electorales. Asimismo, es inminente la aprobación por parte del Senado del resto de este plan B, que aborda diversas cuestiones que repercutirán negativamente en el sistema electoral. En este contexto, resulta de suma importante mencionar los medios de impugnación idóneos y pertinentes para controvertir en su momento estas reformas legales y sus efectos.
Derecho y Tecnología · Día a Día
Las nuevas tecnologías y el trabajo: el reto de la flexibilidad con seguridad social
Las plataformas digitales que, desde mucho antes de la pandemia de covid-19, se venían utilizando para transporte, compras y entregas de diversos bienes y alimentos, limpieza de casas e, incluso, servicios de belleza, han tenido un crecimiento exponencial. Es innegable que éstas nos aportan una gran cantidad de beneficios sociales y económicos, no únicamente para aquéllos que han acudido a tales aplicaciones para pedir comida o transportarse sino para prestadores de servicios, restaurantes, empresas, el Estado y la sociedad en su conjunto. Es debido a este crecimiento que la discusión sobre cómo regular el trabajo a través de plataformas se ha puesto en la mira de diversas figuras nacionales e internacionales.
La Suprema Corte y el derecho al duelo en la desaparición forzada
De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, el año 2022 cerró con una cifra que alcanza casi las 110 000 personas. Nos encontramos cada vez más cerca de las 130 000 personas desaparecidas en la Guerra Civil española. De ese tamaño es el horrendo fenómeno de osamentas en México.
Día a Día · Justicia electoral
En democracia, el todo es más que la suma de sus partes
A finales del año pasado, la Sala Superior estudió un asunto relacionado con la renovación de las consejerías del INE, en el que se decidió revocar el acuerdo emitido por la Cámara de Diputados para regular el procedimiento de designación de las cuatro consejerías que quedarán vacantes este año 2023, —tres consejerías electorales, además de la presidencia del órgano—.
Día a Día · Justicia electoral
Propaganda gubernamental: el primer dardo del plan B electoral
La polarización política es lo que más daño le hace a la democracia. La polarización política no escucha razones, y esta sordera mata las condiciones para el diálogo que le da vida a la democracia. Este 2023 exige abrir el diálogo respecto esa parte del paquete de reformas electorales, conocido como el “plan B”, que fue publicado en el DOF el 27 de diciembre de 2022 y cuyo objeto es la propaganda gubernamental.
La Suprema Corte, los militares y las detenciones
En su sesión de ayer, el Pleno de la Suprema Corte abordó un asunto que seguramente tendrá un impacto significativo en la manera en la que las Fuerzas Armadas (FFAA) continúan ejerciendo labores de seguridad pública en México. A través de la acción de inconstitucionalidad 63/2019, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) impugnó algunas porciones normativas, así como una omisión legislativa, de la Ley Nacional del Registro de Detenciones (LNRD), una de las piezas de legislación secundaria adoptadas por el Congreso de la Unión a raíz de la creación de la Guardia Nacional de 2019.
Arbitrariedad, violencia y opacidad: las detenciones de las Fuerzas Armadas ante la Suprema Corte
En Intersecta entendemos que el debate constitucional actual no es sobre si las Fuerzas Armadas deben de participar o no en labores de seguridad pública. Frente a esta pregunta, hoy las normas constitucionales y convencionales ofrecen una respuesta contundente: sí pueden; según establece el artículo quinto transitorio de la reforma constitucional “en materia de Guardia Nacional”, el presidente puede disponer de las Fuerzas Armadas. El debate constitucional actual versa, más bien, en torno a cómo debe ser esta disposición; sobre cómo pueden participar las Fuerzas Armadas en estas labores. Desde nuestra perspectiva, el asunto actual —esto es, la acción de inconstitucionalidad sobre la LNRD— le plantea a la Suprema Corte la pregunta respecto esas condiciones y límites a la participación de las Fuerzas Armadas. ¿Cómo resolverlo?
México libre de humo de tabaco, ¿es constitucional la prohibición absoluta?
Este artículo no se pronunciará respecto si una política prohibicionista de los productos del tabaco es idónea o sobre el daño que estos puedan provocar a la salud; tampoco sobre el impacto que la publicidad, promoción o patrocinio pueda tener sobre el consumo de estos productos en México toda vez que son temas que requieren opiniones de especialistas en la materia. Sin embargo, analizaremos la problemática jurídica que representa establecer prohibiciones absolutas vía decretos reglamentarios que, a primera vista, no tienen sustento en la Ley General para el Control del Tabaco (LGCT) y, por tanto, pueden contravenir el principio de legalidad, reserva de ley y subordinación jerárquica, según se explica más adelante.