El Juego de la Nueva Suprema Corte • Blog de la revista Nexos

En una época en la que los órganos constitucionales y, en particular, las salas y el pleno de nuestro Tribunal Constitucional, se encuentran sujetos a grandes presiones políticas para decidir en un sentido que favorezca al partido actualmente en el poder, se agradece una resolución que abone a su autonomía e independencia, así como al reforzamiento del principio federal en nuestra república, fortaleciendo así, en lugar de debilitar, los pesos y contrapesos previstos en la CPEUM.

La Federación Mexicana de Fútbol (Femexfut), órgano rector del fútbol en mexicano, ha anunciado, repetidas veces, su supuesto compromiso con los derechos humanos incluyendo la igualdad de género. Sin embargo, este compromiso se ha quedado plasmado en sus comunicados, en sus estatutos y en documentación que han preparado en el marco del mundial de fútbol varonil de 2026, sin realmente tomar medidas concretas para combatir la discriminación y erradicar la violencia en contra de las mujeres. No solamente se trata de un compromiso sin acciones, sino que también parecería que existe un incumplimiento de su parte respecto de sus obligaciones legales en materia laboral. Veamos.

En la mayoría de las entidades federativas, el maltrato y la crueldad innecesaria hacia los animales están prohibidos e incluso tipificados como delito. Sin embargo, hay dos grupos de animales que no han recibido la misma protección a nivel legislativo: los toros de lidia y los gallos. Si bien en algunos estados ya se ha legislado para prohibir las corridas de toros, siguen celebrándose estos espectáculos en un número importante de plazas, en particular, en la Plaza México. La pregunta que surge es si al día de hoy, después de la reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011, en la que se planteó la necesidad de reconocer un mayor alcance de los mismos, incluso de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, ¿es posible sostener la constitucionalidad de los espectáculos taurinos?

En 2021 el gobernador de Jalisco presentó al Congreso local una iniciativa de ley que tenía por objetivo llevar a cabo ambiciosas modificaciones al régimen pensionario público contenido en la Ley del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco. Esta iniciativa fue aprobada sin mayor dilación. Sin embargo, un punto controversial fue la reducción de las tasas de aportación, desencadenándose un impacto en los montos de pensión a los que se puede aspirar una vez que reúnan los requisitos; además de establecer un tope a las pensiones de modo que no podrán ser superiores a 39 veces el valor de la UMA elevado al mes -aspecto que, en un artículo transitorio, se determinó que fuese aplicado a todas aquellas pensiones que ya se encontraban siendo pagadas superiores a ese monto.