En semanas recientes, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) publicó la sentencia por la que condenó a Honduras por la muerte de Vicky Hernández, una mujer trans, trabajadora sexual y defensora de los derechos humanos. La responsabilidad le fue atribuida al Estado hondureño al acreditarse la participación de agentes estatales en los hechos en 2009. El tribunal interamericano reconoció que la violencia ejercida contra Vicky fue en razón de su identidad y expresión de género.
Mariana Rodríguez, el INE y el futuro de la libertad de expresión
La clase mediática y política del país siguió de cerca y discutió acaloradamente la multa que el Instituto Nacional Electoral decidió imponer al gobernador electo de Nuevo León, Samuel García, así como a Movimiento Ciudadano, por no haber reportado ante la autoridad electoral “apoyos en especie” que la esposa del entonces candidato, Mariana Rodríguez, le proporcionó a través de sus redes sociales.
Pizzas, tribunales y derecho
En 2018, Brett Kavanaugh se convirtió en el 114.º justice de la Corte Suprema, y procedió a asumir sus responsabilidades al frente del comité de cafetería, con un diagnóstico preliminar: “Cuando llegué, noté que en la cafetería no se servía pizza…mi legado está seguro. Para mí está bien si alguna vez soy conocido como el justice de la pizza”.
Repensar la figura de la reelección en México
A partir de las últimas elecciones, resurgió el interés por interpretar el funcionamiento de la figura de reelección como un mecanismo para mejorar la calidad de la representación política y la labor de los gobiernos municipales. En los comicios de junio pasado, casi un tercio de las diputaciones federales de mayoría relativa y más de 300 presidencias municipales resultaron reelectas. Sin embargo, estos datos no nos permiten vislumbrar si este mecanismo ha cumplido con las ventajas sociales que se destacaron durante el debate legislativo de la reforma constitucional político-electoral de 2014, respecto a la rendición de cuentas y la profesionalización de la carrera política de quienes buscan contender por el mismo cargo.
El grito homofóbico en los estadios de fútbol y el silencio del Estado mexicano
En el marco de la Copa Mundial de 2026 y ante la situación de discriminación estructural que se vive en el país en contra de la comunidad LGBTIQ+, es fundamental que las asambleas legislativas de las ciudades sede comiencen adoptar e implementar los más altos estándares internacionales en materia de derechos humanos y busquen reformar leyes como la LCEPDF. La protección y garantía de los derechos humanos no puede estar condicionada a las exigencias o presiones de una organización con fines de lucro como la FIFA, sino en la acción proactiva del Estado mexicano y sus órganos constitutivos.
Derecho y Tecnología · Día a Día
Twitter y Facebook: ¿los nuevos foros públicos?
Las redes sociales se han convertido en una plataforma para participar en el debate público y una manera más directa de comunicar nuestras preocupaciones a los gobernantes. La continua expansión y evolución de Internet como medio de comunicación obligará a los jueces a examinar y aplicar doctrinas “tradicionales” a nuevos contextos como lo son las redes sociales. En este sentido, como ocurrió en Knight y otros casos resueltos por Cortes estadounidenses federales, los jueces tienen que adoptar un entendimiento más sensible y apegado a la nueva realidad de la expresión a través del debate público online.
Borrón y cuenta nueva: los retos del proceso constituyente en Chile
Históricamente, las Constituciones se han utilizado para contener al poder; en este proceso, el reto será contener las expectativas. No sería la primera vez que una convención constituyente se enfrenta con el detalle de traducir el enojo y la frustración en instituciones.
Transparencia legislativa y democracia representativa, una deuda del Congreso yucateco
El proyecto de sentencia propone declarar fundados los agravios hechos valer por las organizaciones, señalando que el amparo es procedente y que el Congreso de Yucatán violó los derechos a la libertad de expresión en su dimensión social, así como la participación política, derivados de llevar a cabo un método de votación ilegal. En ese sentido, se espera que la Primera Sala de la Suprema Corte sea congruente con la línea de defensa de la libertad de expresión en el país, y emita criterios claros y sólidos para la defensa de la democracia, dejando un claro mensaje al Congreso de Yucatán de legislar de manera transparente y protectora de derechos humanos.
Los (des)tiempos de la Suprema Corte frente a la militarización
El pasado 26 de junio se cumplieron dos años desde que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) interpuso tres acciones de inconstitucionalidad relacionadas con la militarización de la seguridad pública. Son dos años en los que la Suprema Corte de Justicia no ha resuelto estos asuntos. ¿Qué tan inusual es el tiempo que ha demorado? ¿Y por qué importa?
Declaratoria general de inconstitucionalidad: tragedias, milagros y esperanzas
El pasado lunes 28 de junio, el pleno de la Suprema Corte resolvió por mayoría calificada de ocho votos la DGI 1/2018, relativa a la prohibición absoluta de consumo de cannabis. Fue apenas la segunda vez que una norma general fue declarada inconstitucional por esta vía desde su reglamentación en 2013. En papel, el número es escandaloso y podría llevarnos rápidamente a concluir que la DGI no está funcionando o no está cumpliendo con los fines para los cuales se creó. Sin embargo, el propio diseño de la figura y el modelo de constitucionalismo que tiene detrás, nos permite cuestionar esa idea.