Presento a los lectores de El Juego de la Suprema Corte una selección de las noticias —principalmente, relacionadas con la impartición de justicia— que, entre julio y septiembre del año en curso, se han registrado en otras partes del mundo.
¿Qué puede aportar la enseñanza de los derechos humanos desde la perspectiva de género?
A propósito de los 10 años de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, una reflexión que no puede quedar al margen es un balance de la misma a la luz de la perspectiva de género, particularmente, respecto los cambios que puede producir la enseñanza de los derechos humanos desde este enfoque.
Las causas de acción de la demanda del gobierno de México vs. empresas de armas de fuego en Estados Unidos
En esta cuarta entrega de la serie en torno al litigio entablado por México contra actores irresponsables de la industria de armas en Estados Unidos revisaremos las causas de acción a las que recurre nuestro país —bajo la doctrina de la responsabilidad civil o tort law— y el fin que persiguen.
Derecho penal democrático vs. delincuencia organizada
No es una obligación jurídica perseguir a un grupo de personas bajo la modalidad de delincuencia organizada, incluso al tratarse de una definición tan arbitraria, cualquier titular de un órgano democrático debería hacer de lado siquiera la posibilidad de ejercer acciones penales a partir de dicha figura. El derecho penal es también el espacio que evidencia de forma más concreta el talante democrático (o no) de un Estado.
¿Paridad en todo? El (in)cumplimiento de la paridad de género en los gabinetes
Sin duda, México se ha convertido en los últimos años en un país vanguardista en relación a la paridad de género y la actual administración federal (2018-2024) amerita un reconocimiento por adoptar un gabinete cercano a la paridad desde antes de la reforma constitucional de 2019. No obstante, los cambios recientes en el gabinete develan que los cálculos y decisiones del ejecutivo federal no necesariamente dan prioridad al pacto paritario.
La suspensión en el amparo frente a omisiones legislativas o la ausencia de tutela judicial efectiva
El caso de la Ley de Personas Desaparecidas y el amparo impulsado por el colectivo La Voz de los Desaparecidos en Puebla (un conjunto de familias que han sufrido la desaparición de sus seres queridos y que buscan acceder a la verdad y a la justicia) permite ver la inefectividad de la suspensión en el amparo frente a omisiones legislativas, el incumplimiento e impunidad del legislativo frente a mandatos para emitir leyes, así como la visión formalista que prevalece en el Poder Judicial de la Federación en el juicio de amparo.
La reforma en subcontratación: es fiscal, no laboral
La reforma en subcontratación laboral ha impactado a las empresas en su estructura, operación e, incluso, algunas han tenido que modificar su objeto social para delimitar sus actividades. La otra cara de la reforma está en lo fiscal, en donde tendrá un impacto aún mayor. De ahí el título de este artículo, en el que exponemos las principales repercusiones fiscales de la reforma en subcontratación laboral.
Del delito de aborto al derecho a decidir: la teoría constitucional de la Suprema Corte
La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha dado un paso judicial histórico en materia de derechos reproductivos de las mujeres. En el 2002, en su primera sentencia sobre el aborto, la Corte consideró constitucional que en algunos casos no se sancionara a las mujeres que lo cometían, como, por ejemplo, en casos de violación sexual o cuando el feto presentara malformaciones congénitas o genéticas graves. Después de casi 20 años, la Corte hoy argumenta que el derecho a decidir de las mujeres –y personas con capacidad de gestar— es un derecho fundamental que se desprende de la Constitución. Éste es un tránsito jurídico significativo.
La objeción de conciencia en la Suprema Corte
El 11 de mayo de 2018 se publicó en el Diario Oficial una adición a la Ley General de Salud (LGS) que introduce la figura de la objeción de conciencia en el sector salud (art. 10 bis). Sin embargo, en junio de ese año, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos promovió una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por considerar que esta adición vulnera el derecho a la protección de la salud de la población, así como otros derechos garantizados en la Constitución. La SCJN está discutiendo estos días la constitucionalidad de esta modificación. Queremos argumentar que la manera como ha sido introducida la objeción de conciencia en la ley es inapropiada, ya que carece de sustento ético y genera problemáticas serias que contravienen derechos protegidos constitucionalmente.
Regular en serio la publicidad oficial
La Primera Sala de la Suprema Corte resolvió sobre las afectaciones que sufren los derechos a la libertad de expresión y a la información debido a la discrecionalidad en la asignación de la publicidad oficial. En esta ocasión, mediante un fallo aprobado por unanimidad, el pasado 8 de septiembre, la Corte no deliberó sobre una omisión legislativa absoluta (ausencia total de una ley pese al mandato constitucional de crearla) sino sobre una omisión de carácter relativo. En este sentido, le ley existe, pero no soluciona el “estado de cosas inconstitucional” observado por el máximo tribunal desde 2017: la prevalencia de discrecionalidad en el gasto para condicionar líneas editoriales de los medios de comunicación. Esta lucha, desplegada por y desde la sociedad civil, es una nueva oportunidad de transformar de fondo la relación entre medios de comunicación y poder público.