El Juego de la Nueva Suprema Corte • Blog de la revista Nexos

Este 3 de junio de 2020, la Primera Sala de la SCJN tendrá en sus manos la oportunidad de declarar inconstitucional la omisión de censar a una población marginada, vulnerable e invisibilizada no infrecuente desafortunadamente en nuestro país: los asentamientos informales. Y que hasta ahora el INEGI se deslinda de su responsabilidad de censar también a este tipo de poblaciones a pesar de estar obligado a ella.

Como respuesta, en sesión privada del 27 de mayo, la mayoría del Pleno de la Sala Superior del TEPJF aprobó por mayoría el acuerdo general 5/2020, por el cual se habilita la presentación en línea de las demandas de los recursos de reconsideración y de revisión del procedimiento especial sancionador. Motivados por nuestro voto particular, presentamos aquí una reflexión en torno a qué debe incluir un auténtico sistema de justicia electoral en línea como una política pública permanente, funcional y garante del derecho de acceso a la justicia.

Un médico y una médica, ambos cirujanos, recibieron la orden de atender posibles pacientes con COVID-19 sin estar capacitados ni tener equipamiento para ello. Se les indicó que sólo se les proporcionarían EPP hasta que existieran contagios confirmados. Ante ello, presentaron un amparo y reclamaron violación a los derechos a la vida, al trabajo en su vertiente de libre elección y condiciones satisfactorias de seguridad, así como el derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud, sus elementos de disponibilidad y calidad en la vertiente de acceso y disponibilidad de equipos de protección para el COVID-19, así como al uso máximo de recursos disponibles para garantizar la salud y la vida.

El modelo de comunicación política constituye la arena donde se verifica el juego político y electoral, por lo que es un baluarte institucional del Estado mexicano en el que converge la relación de diversos actores políticos: partidos, candidatos, medios de comunicación, el poder público y la ciudadanía. Pretender modificar su régimen constitucional y legal a partir de un decreto presidencial, más allá de vulnerar el principio de legalidad afectaría el propio sistema electoral porque incidiría en las prerrogativas de acceso a los medios de comunicación de los partidos y candidatos y en el derecho a la información política por parte de la ciudadanía que se encuentran garantizados en la ley fundamental.

¿Cuáles son los riesgos, en el contexto del COVID-19, para los migrantes que esperan en México lograr cruzar finalmente a Estados Unidos? La respuesta lógica es que un sólo caso de contagio supone un riesgo de propagación enorme. Conviene recordar que cada vez están llegando más personas a estos campamentos.

El pasado 29 de abril de 2020, el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) publicó el acuerdo para garantizar la eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad y seguridad del sistema eléctrico nacional (SEN), con motivo del reconocimiento de la epidemia de enfermedad por el virus COVID-19. Días después, determinó a su vez suspender todas las pruebas pre-operativas de centrales eléctricas, eólicas y fotovoltaicas. Tales decisiones, no obstante, presentan varias irregularidades jurídicas.

Por fin, se resolvió el famoso asunto conocido como Ley Bonilla. Como se sabe, el proyecto de sentencia elaborado por el ministro Franco fue elogiado y apoyado por unanimidad. Las redes se inundaron de aplausos, algunos editorialistas se llenaron de júbilo y, con el pecho inflamado, repetían “Hay Corte”, “Habemus Corte”, “Existe la división de poderes”. Algo de la reacción dice mucho sobre el espíritu de nuestros tiempos. Como se mencionó en este espacio, la reforma fue tan burda que, en verdad, desde cualquier óptica era un atentado constitucional. Pero corren tiempos en donde el derecho ha sido tan desdeñado que hoy se celebra su correcta aplicación.

Al momento de escribir estas líneas, la cifra oficial de fallecidos en México por el COVID-19 es de 5 666. Si consideráramos esta cantidad el universo total de la población mexicana y le aplicamos los datos obtenidos del registro de avisos de testamentos de la Secretaría de Gobernación, podríamos suponer que un porcentaje superior al 95 % de las víctimas murieron sin tomar decisiones sobre el destino de sus derechos y obligaciones para después de su muerte, es decir, fallecieron sin haber otorgado un testamento.