Nos acercamos al séptimo aniversario de la promulgación de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, y día a día surgen nuevos supuestos constitucionales que merecen toda nuestra atención. En este sentido, es importante recordar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció un concepto sobre las restricciones constitucionales en la famosa contradicción de tesis 293/2011, en el cariz de que nada puede —podía— oponerse a una restricción de nuestro texto constitucional. En aquel momento, el Pleno de la Corte  estableció lo siguiente:

…cuando en la Constitución haya una restricción expresa al ejercicio de los derechos humanos, se deberá estar a lo que indica la norma constitucional, ya que el principio que le brinda supremacía comporta el encumbramiento de la Constitución como norma fundamental del orden jurídico mexicano, lo que a su vez implica que el resto de las normas jurídicas deben ser acordes con la misma, tanto en un sentido formal como material, circunstancia que no ha cambiado.

Fue a partir de la resolución de dicha contradicción de tesis que saltaron a la vista diversos cuestionamientos relacionados con la comprensión de las restricciones a los derechos humanos. Uno de ellos, y en mi opinión el más importante, resulta ser la forma de aplicar las herramientas de atemperamiento de las restricciones  establecidas en la propia Constitución. Ahora bien, no habría ningún problema si hablásemos de una restricción constitucional y su relación con contenidos normativo regulares. Pero no debemos olvidar que la propia Constitución prevé las herramientas que permiten establecer, en función de cada caso en concreto, los alcances de una restricción. Las cuales operan a partir de la necesidad de la misma, pues los artículos 1 y 29 de nuestra norma constitucional prevén diversos principios de protección y de atemperamiento de una restricción; de ahí que la Constitución, en ciertos casos, se puede oponer, prima facie, a sí misma.

En dicha resolución quedó patente el sinsabor del ministro Cossío Díaz respecto lo que estaba resolviendo la Suprema Corte. Prueba de ello es su voto disidente, donde señaló esta preocupación sobre lo que acontece cuando a la restricción constitucional de que se trate, se opone otra regla contenida en la propia Constitución. Por ejemplo, una restricción constitucional versus las principios que establece el artículo primero de la propia Constitución.

Sobre la base argumentativa de esa resolución, la primera y segunda sala continuaron construyendo criterios sobre las restricciones constitucionales. Comenzaron a introducir nuevos paradigmas como el de aplicación de los artículos 29, 30 y 32 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos y la oposición de los principios de razonabilidad y proporcionalidad como parámetro de validez de la construcción de una restricción constitucional a los derechos humanos. Tras casi cinco años de vigencia estricta del criterio que nació a partir de la contradicción de tesis 293/2011, una visión como aquella que propuso el ministro Cossío Díaz en su voto disidente, comenzó a ser adoptada por la Segunda Sala de la Corte al resolver temas de restricciones constitucionales, que dio como resultado el siguiente criterio de carácter jurisprudencial:

RESTRICCIONES CONSTITUCIONALES AL GOCE Y EJERCICIO DE LOS DERECHOS Y LIBERTADES. SU CONTENIDO NO IMPIDE QUE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN LAS INTERPRETE DE LA MANERA MÁS FAVORABLE A LAS PERSONAS, EN TÉRMINOS DE LOS PROPIOS POSTULADOS CONSTITUCIONALES.

Conforme a lo resuelto por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la contradicción de tesis 293/2011, las restricciones constitucionales al goce y ejercicio de los derechos y libertades prevalecen sobre la norma convencional, sin dar lugar a emprender algún juicio de ponderación posterior; sin embargo, nada impide que el intérprete constitucional, principalmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al hacer prevalecer una restricción o limitación constitucional, también practique un examen de interpretación más favorable en la propia disposición suprema, delimitando sus alcances de forma interrelacionada con el resto de las disposiciones del mismo texto constitucional. En efecto, no porque el texto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos deba prevalecer, su aplicación ha de realizarse de manera indiscriminada, lejos de ello, el compromiso derivado de lo resuelto en la aludida contradicción de tesis privilegia un ejercicio hermenéutico que lleve al operador jurídico competente a que, sin vaciar de contenido la disposición restrictiva, ésta sea leída de la forma más favorable posible, como producto de una interpretación sistemática de todos sus postulados.”1 [Énfasis del autor]

Este criterio interpretativo propone que las restricciones a los derechos humanos que puedan contenerse en la Constitución pueden ser sometidas al mismo parámetro de regularidad constitucional que las restricciones contenidas en ordenamientos regulares. Es decir, una restricción contenida en la Constitución puede ser escudriñada a partir de la propia Constitución, pero tal ejercicio será competencia principal de la Suprema Corte. Por lo tanto, las restricciones constitucionales ya no pueden ser comprendidas como absolutas, puesto que se puede estudiar su razonabilidad y proporcionalidad.

Uno de los desafíos del nuevo paradigma constitucional de los derechos humanos es que el contenido y alcance de estos, los cuales están establecidos en la Constitución, permitan generar una respuesta ad hoc a un caso concreto. Esto permite que dos derechos que se encuentren en contrapunto puedan coexistir, sin que el ejercicio de uno implique una lesión al otro. Del señalamiento anterior subyace, entonces, la importancia del parámetro de regularidad que está contenida en el criterio interpretativo a que nos hemos referido, puesto que implica un nuevo entendimiento sobre las restricciones constitucionales, en relación a resuelto en la contradicción de tesis 293/2011.

Ilustremos lo que implica dicho criterio. El artículo 100, párrafo noveno, de nuestra Constitución establece que las resoluciones del Consejo de la Judicatura Federal en materia de designación, adscripción, ratificación y remoción de magistrados y jueces, podrán ser objeto del recurso de revisión competencia de la Suprema Corte de Justicia. Pero que únicamente se ocuparán de verificar que hayan sido adoptadas conforme a las reglas que establezca la ley orgánica respectiva. Es decir, solo podrán ocuparse de analizar que cumplan con los aspectos que prevea esa ley. Pero, ¿qué pasaría si esa resolución atenta en contra de valores contenidos en la propia Constitución? Según el criterio jurisprudencial al que me he referido, este señala que “no porque el texto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos deba prevalecer, su aplicación ha de realizarse de manera indiscriminada.” De tal suerte que sería un sinsentido para el contenido y alcance de los derechos humanos y de lo establecido el artículo primero de la Constitución, que la propia Constitución desconociera los derechos en ella contenidos. Por lo tanto, en el ejemplo indicado, un aspecto diverso al estricto cumplimiento de lo que prevea la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación debería de ser efectivamente estudiado por la Suprema Corte, siendo este ejercicio la materialización del estándar funcional de control constitucional de la Constitución, que emana de ese importante criterio interpretativo.

Si usted no había tenido oportunidad de conocer dicho criterio, seguramente coincidirá conmigo en lo trascendente de que la Segunda Sala se refiera a este límite constitucional para la propia Constitución en materia de restricciones. No obstante, este criterio deja pendiente de resolver otras dudas. Por ejemplo, si en términos de dicho criterio este ejercicio corresponde principalmente a la Suprema Corte, ¿basta argumentar sobre esa base para que se constituyan las notas distintivas para que ese caso sea objeto de la facultad de atracción? ¿En un ánimo celoso y ante el testimonio histórico, la Corte se reservará ese tipo de control constitucional? ¿Asumirá dicho criterio la Primera Sala de la Suprema Corte? ¿Quiénes componen la Segunda Sala sostendrán su criterio de ser objeto de escrutinio en Pleno? ¿La Corte habilitará funcionalmente y de forma progresiva a los Tribunales Colegiados para que puedan llevar a cabo esa herramienta de control constitucional de la Constitución? Sin duda, un tema de suma relevancia para el futuro de nuestra justicia constitucional.

Sergio A. Villa. Pasante en derecho por la Universidad de Guadalajara, amicus curiae en la o.c. 25 ante la Corte Interamericana  y postulante en la firma Illanes, Soto y Cisneros, adscrito al área de defensa constitucional. Correo electrónico: tsergiovilla@gmail.com


1 Semanario Judicial de la Federación Décima Época Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia viernes 08 de diciembre de 2017 10:20 h 2a./J. 163/2017 (10a.)

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Seguramente usted, estimado lector, tiene muy presente lo que recién aconteció con el llamado caso “porkys”. En breve, lo que sucedió fue que el juez tercero de distrito en materia penal en el estado de Veracruz emitió una resolución en el juicio de amparo 159/2017 interpuesto por Diego Cruz, conminando al juez tercero de primera instancia de Veracruz a emitiese de nueva cuenta la resolución controvertida en dicho amparo y, en este sentido, dictase auto de libertad a favor del quejoso (Diego Cruz), en la causa penal 83/2016. Con el argumento de que no encontrarse acreditados todos los elementos del delito de pederastia, ni la probable responsabilidad del quejoso.

jueces

La resolución ha generado enorme polémica, pero en este texto queremos enfocarnos en otro de los temas que giran en torno a tal decisión judicial. Una vez que este juez emitió la sentencia en cuestión fue suspendido de sus funciones por el Consejo de la Judicatura Federal a fin de iniciar una investigación sobre su desempeño y, por otro lado, los diputados federales de Movimiento Ciudadano presentaron en el Congreso de la Unión una denuncia de juicio político en contra de este juez suspendido.1

Así, lo que nos interesa, en concreto, es esta solicitud de juicio político planteada por los legisladores de Movimiento Ciudadano. Veamos. Uno de los principales aspectos que saltan a la luz es que se plantea como causa generadora de la denuncia, que el juez comete “graves violaciones a derechos humanos” con motivo de la resolución que emitió, señalando precisamente estos diputados que la instrumentación del juicio político prevé tales violaciones como causa para iniciar un proceso de responsabilidad política.

En primer lugar, vale recordar que la jurisprudencia de la Suprema Corte señala que los jueces de distrito, al juzgar amparos, no cometen violaciones a derechos humanos o a sus garantías,2 por lo que resulta desacertado por parte de estos diputados el argumento de que esta sentencia de este juez de distrito ocasiona una grave violación a derechos humanos –sobre todo si se considera que es posible atacar en otra instancia esta decisión jurisdiccional.

Un segundo aspecto tiene que ver con el frívolo uso del concepto de “violaciones graves a los derechos humanos”, porque aunque para nuestros ojos cualquier violación es lastimosa para el gobernado afectado (y para la sociedad, en general), lo cierto es que existen –por decirlo de alguna manera- distintos calibres de intensidad de violaciones a derechos humanos. Y, en este sentido, la Constitución establece que solo aquellas que sean graves podrán desatar el procedimiento de responsabilidad política. Siguiendo a Federico Andreu-Guzmán:

…uno de los elementos que caracteriza como “grave” una violación es el carácter inderogable de los derechos humanos afectados y/o la vulneración de normas imperativas del derecho internacional (jus cogens). Cabe señalar que entre las normas de jus cogens figuran las prohibiciones relativas a la tortura, las privaciones arbitrarias de la vida, la desaparición forzada, la toma de rehenes y los castigos colectivos.3

Sin embargo, la resolución, por la que pretenden someter al procedimiento de responsabilidad política a este juez de distrito, no encuadra dentro de la categoría de graves violaciones a derechos humanos. Pues se trata de una sentencia donde un juzgador valoró elementos probatorios en contra de una persona y determinó que no existe un delito que sancionar en la conducta del procesado. Aunado a esto, nuevamente la Suprema Corte ya ha tenido oportunidad de pronunciarse al respecto, determinando que

…las consideraciones jurídicas de una resolución judicial no puedan analizarse a través de un juicio político, porque ello implicaría vulnerar la autonomía del Poder Judicial, al no respetarse los principios de autonomía de reserva de decir el derecho y de división de poderes, aunado a que ello constituiría una invasión a la esfera competencial del Poder Judicial, pues la autoridad encargada de llevar a cabo ese procedimiento se arrogaría facultades que no le corresponden (es decir, el Congreso de la Unión).4

Además, como mencionamos líneas arriba, cabe recordar que la resolución adoptada por este juez de distrito puede ser controvertida, puesto que existe un recurso que puede confirmar dicha determinación o modificarla. Recurso que justo ya ha sido planteado y que se encuentra pendiente de resolverse y por lo que dicha resolución aún no es definitiva.

La sentencia es debatible en sus argumentos y yace en la lógica natural de la apreciación judicial de las pruebas, lo cual dista mucho de ser una violación grave a los derechos fundamentales de las personas. Porque si adoptamos una perspectiva simplista de los derechos humanos, igualmente sería válido afirmar que los derechos humanos fueron garantizados mediante esta sentencia, pues al procesado se le respetaron los parámetros constitucionales para estar sujeto a un proceso penal del cual no tenía necesidad jurídica de soportar.

En suma, el planteamiento de juicio político propuesto por los diputados de Movimiento Ciudadano en contra de este juez de distrito resulta ser claramente improcedente. Motivado meramente por el furor que despertó el tema, pero jurídicamente desacertado. Los únicos entes habilitados para resolver las cuestiones jurídicas son los jueces y habría que esperar primeramente a que esa resolución quede firme para comenzar a desgranar las responsabilidades.

La falta de claridad respecto a la procedencia del juicio político mengua la independencia judicial, pues un juez temeroso de ser sujeto a una destitución no resolverá con responsabilidad. Y precisamente esa es la función del juez, decidir prudentemente cuál es el derecho que le corresponde a cada parte y si bien puede haber desaciertos en su actuar para ello existe la doble instancia en los asuntos o, en su caso, los controles internos de la propia judicatura –mismos que, por supuesto, debe ser objeto de crítica y revisión si no están funcionando de manera adecuada.

Jesús Manuel Orozco P. es abogado por la Universidad de Guadalajara, miembro del Colegio de Abogados Procesalistas Latinoamericanos y postulante en la firma Orozco  & Pulido´s abogados. Correo electrónico: orozco.jesusmanuel@gmail.com

Sergio A. Villa es pasante en derecho por la Universidad de Guadalajara, miembro del colectivo Movimiento Académico por el Derecho Internacional y postulante en la firma Illanes, Soto y Cisneros, adscrito al área de defensa constitucional. Correo electrónico: tsergiovilla@gmail.com


1 El comunicado de dicha solicitud puede consultarse en el siguiente enlace: http://bit.ly/2pNkYV2.

2 “AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON LOS QUE SOSTIENEN QUE LOS JUZGADORES DE AMPARO VIOLAN GARANTIAS INDIVIDUALES, SOLAMENTE EN ESE ASPECTO.- Históricamente las garantías individuales se han reputado como aquellos elementos jurídicos que se traducen en medios de salvaguarda de las prerrogativas fundamentales que el ser humano debe tener para el cabal desenvolvimiento de su personalidad frente al poder público. Son derechos públicos subjetivos consignados en favor de todo habitante de la República que dan a sus titulares la potestad de exigirlos jurídicamente a través de la verdadera garantía de los derechos públicos fundamentales del hombre que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consigna, esto es, la acción constitucional de amparo. Los Jueces de Distrito, al conocer de los distintos juicios de amparo de su competencia, y no de procesos federales, ejercen la función de control constitucional y, en ese caso, dictan determinaciones de cumplimiento obligatorio y obran para hacer cumplir esas determinaciones, según su propio criterio y bajo su propia responsabilidad, por la investidura que les da la ley por lo que, a juicio de las partes, pueden infringir derechos subjetivos públicos de los gobernados. Ahora bien, aun y cuando en contra de sus decisiones procede el recurso de revisión, éste no es un medio de control constitucional autónomo, a través del cual pueda analizarse la violación a garantías individuales, sino que es un procedimiento de segunda instancia que tiende a asegurar un óptimo ejercicio de la función judicial, a través del cual, el tribunal de alzada, con amplias facultades, incluso de sustitución, vuelve a analizar los motivos y fundamentos que el Juez de Distrito tomó en cuenta para emitir su fallo, limitándose a los agravios expuestos. Luego, a través del recurso de revisión, técnicamente, no deben analizarse los agravios consistentes en que el Juez de Distrito violó garantías individuales al conocer de un juicio de amparo, por la naturaleza del medio de defensa y por la función de control constitucional que el a quo desempeña ya que, si así se hiciera, se trataría extralógicamente al Juez del conocimiento como otra autoridad responsable y se desnaturalizaría la única vía establecida para elevar las reclamaciones de inconstitucionalidad de actos, que es el juicio de amparo; es decir, se ejercería un control constitucional sobre otro control constitucional”, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo V, enero de 1997, tesis: P./J. 2/97, página: 5.

3 Andreu-Gúzman, Federico, Impunidad y Graves Violaciones de Derechos Humanos, Ginebra, Comisión Internacional de Juristas, 2008, pág. 20.

4 “JUICIO POLÍTICO. NO PUEDEN CONSTITUIR MATERIA DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO, LAS CONSIDERACIONES JURÍDICAS DE UNA RESOLUCIÓN EMITIDA POR UN ÓRGANO JURISDICCIONAL DE LOS PODERES JUDICIALES ESTATALES.- El artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece como prerrogativa de los Poderes Judiciales Estatales, la independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional, consistente en que los tribunales resuelvan los conflictos que se someten a su conocimiento con total libertad de criterio, sin la injerencia de algún otro poder y sin relación de subordinación o dependencia de algún otro poder u órgano del Estado. De ahí que las consideraciones jurídicas de una resolución judicial no puedan analizarse a través de un juicio político, porque ello implicaría vulnerar la autonomía del Poder Judicial Local, al no respetarse los principios de autonomía, de reserva de decir el derecho y de división de poderes, aunado a que ello constituiría una invasión a la esfera competencial del Poder Judicial, pues la autoridad encargada de llevar a cabo ese procedimiento se arrogaría facultades que no le corresponden”, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XX, agosto de 2004, tesis: P./J. 55/2004, página: 1155.

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En un texto publicado también aquí en El Juego de la Suprema Corte, se explicaba de manera breve algunos de los casos relevantes que integrarían la agenda de la Suprema Corte durante este 2016. Uno de ellos era la acción de inconstitucionalidad 28/2015,1 promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en contra del artículo 260 del código civil del estado de Jalisco, ya que éste definía la figura del matrimonio como una unión entre “un hombre y una mujer”. Lo cual generaba una situación de discriminación indirecta para las parejas del mismo sexo que aspiraran a celebrar un matrimonio.

Sin mayor problema, con una mayoría abrumada de ministros a favor de los argumentos de la CNDH, nuestra corte constitucional determinó que en efecto dicha porción normativa es inconstitucional, ordenándole al congreso de Jalisco modificar esta definición de matrimonio de tal manera que las parejas del mismo sexo pudiesen acceder a éste.

homosexualidad

Ahora bien, esta sentencia ha generado una álgida reacción entre grupos de la sociedad civil, partidos políticos y personajes públicos que buscan defender de manera recalcitrante la concepción tradicional de familia. Estos posicionamientos tienen como objetivo que se inhiban los efectos de esta decisión, además de tratar de dejar en entredicho el avance en pro de la dignidad humana generado por nuestra Corte.

El grupo parlamentario del PAN en Jalisco, por ejemplo, “…ve con preocupación que la Suprema Corte asuma facultades directas sobre la legislación de las entidades federativas, ampliando el alcance de las instituciones jurídicas como el matrimonio, elevándose por encima de la legítima voluntad del pueblo, hecha valer a través de sus representantes populares en el Poder Legislativo”.2

Por su parte, la organización “Jalisco es uno x los niños” refiere que lo resuelto por la Corte “es un atropello vergonzoso en complicidad con la CNDH3 y el Poder Legislativo del Estado de Jalisco, y que no aceptarán que se corrompan las instituciones jurídicas que protegen el matrimonio y la familia”, argumentando, además, que dicha resolución “violenta la soberanía del estado de Jalisco y que se le impone a los legisladores Jaliscienses obligaciones inexistentes, cuyo objeto es dar paso a la intromisión extranjera de la ideología de género”.4

Daniel Gallegos Mayorga, quien es fundador de “México por la vida de todos”, afirmó que “los diputados del Congreso del Estado de Jalisco no están obligados y tampoco caen en desacato si no reforman el Código Civil”. Se suman a estas categorías los políticos panistas Femando Guzmán Pérez Peláez y el senador José María Martínez, entre otros. La cereza del pastel tiene que ver con una entrevista realizada al abogado Guillermo Ogarrio Saucedo que fue titulada “PEDRO Y JUAN NUNCA SERÁN MATRIMONIO”, en la que propone “…recurrir al argumento del agravio a la soberanía del Estado, al extremo de que Jalisco pueda salirse del Pacto Federal”.5

Un error medular de estas posiciones es asegurar que esta resolución de la Corte “…vulnera el pacto federal” y restringe la soberanía del Congreso de Jalisco para legislar sobre el matrimonio y, por lo tanto, existe la posibilidad de dar un revés a la determinación de la Corte.

Recordemos que los derechos humanos reconocidos por nuestra Constitución tienen que ser respetados por toda autoridad, sin distinción de esfera de poder o ámbito de gobierno. Así, cualquier acto de autoridad, como es la creación de leyes, debe encontrarse circunscrito precisamente al espectro de protección y a los parámetros de restricción válidos a la luz de la Constitución y también de los diversos tratados internacionales de los cuales nuestro país es parte.6

Si bien la Constitución reconoce que nuestra República se compone de estados libres y soberanos, no menos cierto es que delimita los alcances de dicha soberanía, señalando de forma categórica que los estados deben ejercerla en lo concerniente a su régimen interior,7 en los términos respectivamente establecidos por la Constitución federal y las particulares de los estados, las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del pacto federal.8

Consecuentemente, si nuestra Constitución determina el alcance de un derecho fundamental, ya de forma taxativa o por vía de la interpretación, entonces lo propio es que todos los actos de las autoridades de la República se ciñan a dicha expresión, puesto que la voluntad constitucional se encuentra por encima de la soberanía de los estados.

En concreto, hablar de matrimonio entre personas del mismo sexo implica referirnos al derecho humano de igualdad de trato frente a la ley, a la no discriminación, a la protección de la familia, así como a la honra y dignidad. Todos estos son valores constitucionales, pues están expresados en sendos artículos de la carta magna. Por eso, el ejercicio de la soberanía de las entidades federativas debe orientarse a asumir la interpretación constitucional que de tales derechos ha hecho el órgano más autorizado para ello, es decir, la Suprema Corte de Justicia. Esto, como expresión de los deberes de promoción y garantía de los derechos humanos que se contienen en el artículo 1º, cuya reforma fue precisamente convalidada por las entidades federativas.

La Suprema Corte, entonces, en su papel de máximo intérprete de la Constitución, se pronunció en una acción de inconstitucionalidad. De tal manera que, con una votación absoluta, se le ordenó al Congreso de Jalisco a modificar una porción normativa de un artículo que transgrede derechos protegidos por el espectro de la norma habilitadora. En este sentido, vale recordar que los diputados de Jalisco, al asumir su cargo, protestan cumplir y hacer cumplir la Constitución federal.9 De ahí que sea un disparate jurídico que al día de hoy los legisladores aún no hayan acatado el fallo de la Corte.

Cierto, hay concepciones ideológicas que sólo aceptan una estructura tradicional del matrimonio y la familia. Pero por mandato constitucional, por la vía de la interpretación de la Corte, tal concepto paulatinamente habrá de cambiar para dar cabida a nuevas formas sociales de familia, que de hecho ya existen pero jurídicamente no están protegidas. Por ello, no modificar la norma, por adhesiones ideológicas o coyunturas políticas, implica una contumacia constitucional… ni más ni menos.

Jesús Manuel Orozco P. Abogado por la Universidad de Guadalajara y postulante en la firma Orozco & Pulido´s Abogados.

Sergio A. Villa Ramos. Pasante en Derecho por la Universidad de Guadalajara, postulante y miembro del colectivo Movimiento Académico por el Derecho Internacional


1 Fallada el 1 de enero del año 2016, siendo proyectada la resolución por el Ilustre ministro José Ramón Cossío Díaz.

2 Recuperado del “Manifiesto en defensa dl matrimonio y la familia” publicado por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en Jalisco, que puede ser consultado en http://bit.ly/1T5yTeY

3 Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

4 Manifiesto presentado por este colectivo a la LXI Legislatura del Estado de Jalisco el día 20 de febrero del año 2016 y que puede ser consultado en su página oficial de Facebook en el siguiente enlace: http://bit.ly/1QBtWck

5 Recuperado de http://bit.ly/1SQLGYX

6 Según lo informa el artículo primero de nuestra Constitución.

7 Artículo 41 de la Constitución.

8 Ídem.

9 Artículo 10, fracción III, inciso a de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Jalisco.

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El sistema jurídico mexicano es fundamentalmente escrito. Si un ciudadano se dirige a los órganos de gobierno debe hacerlo mediante un escrito, según el artículo 8º constitucional. De igual forma, cuando la autoridad se dirige al gobernado su mandamiento deberá contenerse en un escrito, según indica también el texto de la Constitución. En pocas palabras, la interacción entre el particular y la autoridad siempre deberá tener un respaldo documental.

internet

Esto, junto con otras causas, explica por qué los expedientes judiciales son voluminosos y de difícil comprensión, pues una a una se va glosando diversas constancias que reflejan el problema jurídico en cuestión. Todo aspecto de la realidad, desde la descripción de la escena del crimen y las pruebas ahí halladas o las contiendas entre familiares que disputan una herencia, necesariamente deben obrar en escritos.

Naturalmente las partes desean saber qué ocurre en su asunto y requieren fotocopias de su expediente para tener un respaldo. Ahí subyace la dinámica abogadil de solicitar fotocopias, donde hay dos escenarios: existen tribunales donde el manejo de los expedientes es relajado, pues materialmente entregan el expediente a la parte y, reteniéndole su identificación, permiten que el justiciable se encargue de llevar el expediente a la máquina copiadora; pero también hay tribunales menos permisivos, que exigen que haya un acuerdo formal que autorice la expedición de la copia.

Entonces deberá mediar una solicitud por escrito del justiciable, esperar a que se dé contestación al escrito mediante un auto, comparecer a los estrados del juzgado –muchas veces en un horario restringido, que fija discrecional y arbitrariamente el propio tribunal-, ir acompañado de un funcionario a la máquina copiadora, pagar el importe de las fotocopias –que suele ser oneroso, pues hay expedientes que sobrepasan el millar de fojas- y finalmente levantar una constancia donde se dé razón de la entrega-recepción de las fotocopias. Este proceso, dependiendo de la eficacia y rapidez de la emisión del acuerdo por parte del juzgado, mínimo demorará dos días. Además del tiempo invertido por el justiciable, el funcionario judicial también ocupa su tiempo en acordar una petición fútil, que bien pudiese dedicarlo a otras cuestiones más trascendentales y no de mero trámite.

Ante este escenario, entonces, vale plantear la siguiente pregunta: ¿la reproducción de constancias procesales mediante la tradicional fotocopia es la única vía para que el justiciable tenga conocimiento de su expediente? Nos parece que no, pues hoy en día existen otros recursos tecnológicos que darían el mismo resultado pero inclusive con mayor eficiencia, gratuidad e inmediatez. Sin embargo, la judicatura no lo entiende así, porque en la práctica muchos tribunales celosamente prohíben que, por ejemplo, las personas fotografíen o reproduzcan de manera digital el contenido del expediente y exigen que por escrito se solicite y luego se autorice.

Un ejemplo: en el fuero federal se invoca el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, que dispone: “Las partes, en cualquier asunto judicial, pueden pedir, en todo tiempo, a su costa, copia certificada de cualquier constancia o documento que obre en los autos, la que les mandará expedir el tribunal, sin audiencia previa de las demás partes.”1

Al margen de la deficiente redacción que tiene este artículo desde el punto de vista de los signos de puntuación (observemos que en un precepto de 40 palabras se usaron 6 comas), hay un inconveniente clave en la aplicación que dan los tribunales a este precepto, pues aunque éste se refiere sólo a fotocopias certificadas, es común que los jueces condición inclusive la expedición de copias simples a su autorización. Por el contrario, a nuestro entender, debiese existir decreto judicial únicamente cuando se soliciten fotocopias certificadas pero no cuando se pidan fotocopias simples, pues no hay norma jurídica específica que así lo exija.2 Además de que si revisamos la fecha de expedición de tal norma, evidentemente hace 72 años el legislador ni siquiera imaginaba que en la segunda década del siglo XXI el mundo estaría plagado de aparatos tecnológicos que permitieran, de forma instantánea y cómoda, reproducir íntegramente un expediente judicial en un aparato celular.

¿Por qué no adoptar, entonces, interpretaciones innovadoras que vayan progresando paralelamente a la realidad? Sobra subrayarlo: el ordenamiento jurídico no debe estar alejado de los desarrollos tecnológicos, las prácticas judiciales también debieran actualizarse. Se menciona esto porque justo el día hoy se encuentra en la Suprema Corte la contradicción de tesis 122/2015, bajo la ponencia del ministro Franco.3 La cual se suscitó debido a que un tribunal colegiado del Distrito Federal,4 en 2007 y siendo ponente del asunto el entonces magistrado Pérez Dayán (hoy ministro de la Corte), resolvió que no se le agravia a un justiciable la negativa de autorizarle que utilice medios tecnológicos para reproducir constancias de autos, cuando el propio tribunal le autorizó la expedición de la fotocopia. En contraposición, en 2015, un tribunal colegiado de Jalisco5 resolvió que la negativa de un juez de distrito de permitirle al quejoso que fotografíe constancias de autos sí le genera un agravio, pues el acceso a la justicia expedita implica la remoción de aquellos obstáculos formales que le impidan tener conocimiento inmediato del avance de su asunto.

Con este caso, por tanto, los ministros tienen ante sí la posibilidad de refrescar interpretativamente una práctica en la judicatura que, si bien es de mero trámite, es trascendente para que el justiciable apuntale su estrategia judicial. Y más allá del mero gusto o comodidad que implica tener una fotografía de una actuación judicial, hay elementos trascendentes que la Corte debiese ponderar, porque atendiendo al principio de previsibilidad todo tribunal debe echar un vistazo a los efectos futuros que tendrá su resolución. Veamos.

Desde la inmediatez en el acceso a la justicia, se evitaría la dinámica de promoción-acuerdo-expedición de la copia, pues es crucial evitar días de espera cuando se tiene un término para hacer valer algún otro derecho dentro del proceso. Desde la gratuidad, al justiciable que ya tenga un aparato tecnológico –que son muchísimos-6 se le evitaría erogar un gasto innecesario en pagar la copia documental. Y desde la progresividad, se oxigenaría una práctica judicial a favor de las personas, pues en nada afecta al tribunal ni a los derechos de la contraparte que una parte autorizada reproduzca digitalmente un expediente que ya vio con sus propios ojos.

Sobre todo, esta contradicción de tesis 122/2015 es relevante porque el Código Federal de Procedimientos Civiles es omiso sobre el uso de medios tecnológicos, siendo un claro ejemplo de cómo la realidad ha desfasado las regulaciones que el legislador pudo imaginar cuando creó la norma. De ahí que la Corte tiene ante sí la opción de regular una práctica en la judicatura, y mediante precedentes jurisprudenciales mejorar el status quo, sin necesidad de esperar pasivamente a que llegue una reforma legal. No hay que olvidar que los tribunales constitucionales, al ser un catalizador de la cultura legal de una nación, permiten afinar el ordenamiento y sus prácticas a través de interpretaciones.

Ojalá la Suprema Corte emita una sentencia innovadora que aleccione a todos los juzgadores mexicanos sobre la pertinencia de ser abiertos –el afamado tema del open government- y dejar dogmatismos leguleyos y cerrados en un tema tan simple como la expedición de una copia.

Jesús Manuel Orozco P. Abogado por la Universidad de Guadalajara y postulante en la firma Orozco & Pulido´s Abogados.
Sergio A. Villa Ramos. Pasante en Derecho por la Universidad de Guadalajara y postulante en la firma Ochoa Cuétara y Asociados.


1 Diario Oficial de la Federación, 24 de febrero de 1943.

2 Por vía de ejemplo, el artículo 1067, párrafo segundo, del Código de Comercio, prevé que la sola petición verbal del justiciable es suficiente para expedir una fotocopia simple, pues se engloba en la noción misma de “imponerse de autos”.

3 Contradicción de tesis 122/2015, suscitada entre el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito. Denunciante: Jesús Manuel Orozco Pulido.

4 Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, queja 12/2007, resuelta en sesión de 28 de febrero de 2007.

5 Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, queja 29/2015, resuelta en sesión de 26 de marzo de 2015.

6 En México, el 49% de los usuarios de internet acceden a la red mediante aparatos Smartphone, lo que de suyo indica el alto impacto que tienen tales dispositivos en la vida cotidiana; cfr. Asociación Mexicana de Internet, “Estudio sobre los hábitos de los usuarios de internet en México 2014”, consultado aquí.

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