El guiño borgiano con el que inicio tiene todo un propósito deliberadamente denostativo: la propuesta de “reforma de la reforma” que está circulando en los medios, firmada por la Senadora Sánchez Cordero, me recuerda aquel juego de Borges en el que Pierre Ménard no copió el Quijote, sino que lo reescribió palabra por palabra y capítulo por capítulo, con el resultado idéntico al original. Sin embargo, el narrador del cuento asegura que el texto de Ménard es “infinitamente más rico” que el de Cervantes. El golpe sobre la mesa de esta propuesta no es más que un gesto que devela que la reforma judicial de 2024 ha sido uno de los despropósitos más escandalosos de la historia institucional de nuestro país, pero no quieren aceptarlo, y por ello recurren a este remedio tramposo que dejará intacta a la reforma, como el Quijote de Ménard.
En efecto, la iniciativa admite errores que cualquier observador honesto ya había señalado: requisitos de evaluación insuficientes, comités de selección que fallaron, la inconveniencia de hacer coincidir elecciones judiciales con contiendas políticas. Propone ajustes quirúrgicos: un Comité Único, una certificación técnica obligatoria, separación de calendarios electorales. El gesto parece razonable. Pero hay algo más en juego, y es lo que este artículo pretende nombrar: cada corrección técnica que se aprueba añade una capa de legitimidad formal sobre un andamiaje que, en su origen, era injustificable. No se está corrigiendo el sistema; se está blanqueando.
Existe un documento que debería leerse junto a la iniciativa de esta semana. En septiembre de 2018, la entonces senadora Olga Sánchez Cordero —junto a Rubén Rocha Moya, Ricardo Monreal y otros legisladores de Morena— presentó una iniciativa para reformar el artículo 116 constitucional en materia de poderes judiciales locales. Ese texto exigía, según se desprende del propio documento de Sánchez Cordero, exactamente lo que la reforma de 2024 destruyó: carrera judicial con concursos de oposición, inamovilidad de magistrados y jueces, autonomía presupuestal y comparecencias públicas para transparentar los nombramientos. El diagnóstico de 2018 era correcto. Los mismos actores que hoy proponen “mejorar” el modelo de elección popular sabían entonces que la independencia judicial requiere carrera, mérito y blindaje presupuestal. La pregunta que la iniciativa de hoy no responde —y que nadie parece querer formular— es: ¿qué cambió en el diagnóstico entre 2018 y 2024? La respuesta incómoda es que el diagnóstico no cambió. Lo que cambió fue el interés en controlar al Poder Judicial.
Pedro Salazar ha señalado con precisión que la iniciativa reconoce los síntomas, pero deja intacta la enfermedad: la elección popular de jueces. Sergio López Ayllón, un tanto más optimista, celebra que se haya presentado y apuesta a que sirva de base para un debate más sustantivo. Ambos comparten, sin embargo, la misma premisa: el problema central no se toca. Con todo, conviene avanzar un poco más en la reflexión: ¿por qué el problema central no puede ser reducido a una mera corrección técnica?
La elección popular de jueces no es un error de diseño: es una decisión injustificable. La diferencia importa. Un error de diseño es corregible desde dentro del propio sistema —con mejores requisitos, mejores comités, mejores calendarios—. Una decisión injustificable no lo es, porque el problema no está en cómo se implementó, sino en lo que se decidió. La reforma judicial de 2024 es una de esas prácticas jurídicas que no son meramente defectuosas —corregibles desde dentro— sino estructuralmente injustificables, porque sus productos son irracionales en su dimensión normativa, carecen de justificación en su dimensión axiológica, y son ilícitos en su dimensión política. La injustificabilidad no desaparece por el hecho de que el sistema siga funcionando. El propósito de Sánchez Cordero no sana el vicio de origen: un sistema judicial cuya legitimidad descansa en la competencia electoral y no en el mérito y la independencia es, por definición, un sistema que ha perdido la orientación valorativa que le da sentido. Arreglarlo por dentro —con certificaciones y comités— es como ajustar la brújula en un barco que navega en la dirección equivocada.
Hay algo cualitativamente distinto en lo que está ocurriendo, y es lo que hace de esta iniciativa algo más peligroso que una simple ocasión perdida. Cuando las malas prácticas jurídicas no son fenómenos inconexos sino piezas de un mismo proyecto, su convergencia sostenida en el entramado institucional produce algo que trasciende la suma de sus partes: se trata de un posible deterioro sin retorno de nuestro de por sí débil Estado de Derecho.
Cada ajuste técnico que se aprueba —el Comité Único, la certificación obligatoria, la separación de calendarios— construye una narrativa de sistema consolidado, mejorado y maduro. Y esa narrativa es, precisamente, el peligro. No porque los ajustes sean malos en sí mismos, sino porque hacen progresivamente más difícil la pregunta de fondo. Un sistema con certificaciones y comité único parece un sistema serio. Y un sistema que parece serio es más difícil de cuestionar en su raíz. La iniciativa no frena el proceso de institucionalización del deterioro institucional, más bien, lo acelera con apariencia de responsabilidad.
Bernard Rüthers, al estudiar lo que él llamó Derecho degenerado en la Alemania Nazi, advirtió que la perversión jurídica no ocurre con ningún tipo de automatismo: “presupone gobernantes carentes de escrúpulos y es puesta en marcha por juristas sumisos”.1 Naturalmente, la situación mexicana no es comparable en magnitud, pero sí en el mecanismo: el Derecho preexistente —razonablemente bueno en sus contrapesos judiciales— fue transformado mediante una interpretación interesada de la voluntad popular, y ahora se busca darle capas de respetabilidad técnica. Los juristas de cámara del siglo XXI no necesitan toga; les basta con una iniciativa de reforma bien redactada.
Vuelvo a Borges. El narrador de “Pierre Ménard” concluye que el texto del francés es más sutil que el de Cervantes porque “la verdad histórica, para él, no es lo que sucedió; es lo que juzgamos que sucedió”. La iniciativa de esta semana opera con la misma lógica: la reforma judicial no fue un error de diseño, sino una transformación democrática que ahora, en su segunda lectura morenista, resulta “infinitamente más rica” con algunos ajustes de forma.
Pero hay una pregunta que la iniciativa no puede hacerse sin condenarse a sí misma: si el problema es de origen —si la reforma de 2024 es injustificable— entonces la única corrección honesta sería revertirla. Todo lo demás es cosmética. En 2018, Morena sabía qué era la independencia judicial. En 2024, la eliminó. En 2026, propone mejorar el mecanismo que la eliminó. Pierre Ménard, al menos, no pretendía haber escrito algo nuevo. Se limitaba a reescribir. La iniciativa de esta semana hace algo peor: reescribe el error y lo llama avance.
Roberto Lara Chagoyán.
Académico y jurista mexicano. Doctor en Derecho por la Universidad de Alicante, España. Profesor del ITESM.