La malpraxis médica es un problema complejo y multifacético que implica la negligencia o desviación de la atención estándar por parte de los profesionales de la salud, dando como resultado que se provoquen daños o lesiones a los pacientes. Se trata de un tema que afecta a miles y miles de personas cada año en los hospitales y clínicas de México, tanto del sector público como privado.

Si ese Leviatán logra sus propósitos, ¿quiénes serían los realmente afectados? Un lector despistado responderá que son los jueces de carne y hueso, víctimas a merced del maligno. Un lector atento, por el contrario, responderá que se trata de los ciudadanos, quienes son realmente los titulares del derecho fundamental a una justicia libre de injerencias externas al derecho.

Bajo este mirador, quizá la presentación del Plan C, en general, y de la iniciativa de reforma judicial, en particular, sea una extraordinaria oportunidad para reivindicar públicamente y defender con vehemencia algunas de las premisas fundamentales de la democracia constitucional: la necesidad de controlar al poder e impedir su concentración excesiva, el papel del poder judicial como contrapeso y la función contramayoritaria de la judicatura. Se trata, en suma, de enfatizar lo que importa y evitar bailar, una vez más, al son de López Obrador.

El caso más reciente de este tipo surgió con la demanda del Partido Acción Nacional (PAN) en contra del gobernador de Oaxaca por sus expresiones durante la conferencia matutina de ese gobierno estatal del 21 de agosto de 2023. La queja era en contra de las expresiones de ese servidor público sobre Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz y el Frente Amplio por México.

El presidente López Obrador ha anunciado que el próximo 5 de febrero presentará iniciativa de reforma judicial que buscará modificar el mecanismo de selección de las y los juzgadores del Poder Judicial de la Federación para que se elijan por voto popular.