Pareciera que en los últimos meses el reflector de las decisiones y deliberaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha centrado en qué tanto favorecen o contrarían las decisiones de política pública que ha impulsado el proyecto político que encabeza el actual presidente de México y su fracción parlamentaria mayoritaria en el Poder Legislativo. Sin embargo, hay determinaciones del tribunal constitucional mexicano que son pequeños pasos hacia delante en la garantía y protección de los derechos humanos que debemos destacar y analizar.

Contra dicha resolución se presentó recurso de revisión que fue atraído por el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá. Este asunto presenta la oportunidad de abordar cómo ha de protegerse los derechos de los animales bajo nuestro ordenamiento jurídico. ¿Qué sigue? Tras ser atraído el asunto, se debe turnar el asunto a una ministra o ministro instructor quien será el encargado de elaborar el proyecto. En este asunto el tiempo es crucial en tanto que con cada día que pasa la situación de la elefanta Ely puede ir empeorando.

Si el caso Cassez se erigió como una sentencia emblemática y disuasoria que retrataba la mala fe policial y ministerial en el contexto de las funciones ejercidas por las autoridades de investigación y de seguridad pública del orden federal apenas en el año 2005. El caso de Duda razonable (ocurrido diez años después) vino a confirmar que una sola sentencia —como una sola golondrina— no puede hacer verano; aun en el contexto de un sistema penal nuevo existen riesgos latentes de germinar malas prácticas en las instituciones. En ambos casos, la resolución no logró jurisprudencia obligatoria.

El 6 de septiembre de 2023, la Primera Sala analizó el amparo promovido por GIRE en contra del Congreso de la Unión y el Poder Ejecutivo Federal por el Código Penal Federal que sigue criminalizando, en sus artículos 329 a 334, a toda mujer y persona con capacidad de gestar que decida libremente terminar con su embarazo. En dicha decisión, la Corte reconoció que GIRE, como una organización que se dedica a la defensa y promoción de los derechos sexuales y reproductivos, tiene un interés legítimo para promover un amparo de esta naturaleza. Y reconoció, una vez más, que las disposiciones que criminalizan de forma absoluta el derecho a decidir sobre el aborto son inconstitucionales.

Esto no quiere decir que no haya motivos para criticar, por ejemplo, la propuesta de seleccionar a los ministros de la Suprema Corte por elección popular —puede haber muchos. Pero el argumento de la politización no solamente falla, sino que malentiende la naturaleza del poder judicial con una versión de éste que es, en el mejor de los casos una idealización, y en el peor, una ingenuidad.

La determinación del ministro instructor vulnera la finalidad y objeto de la controversia constitucional como ha sido reconocido por las jurisprudencias fundantes de este medio de control, por lo que poner de pretexto la última y forzada reforma al artículo 105 de la Constitución sólo reduce el ámbito de la vía de control de manera artificial frente a los conflictos reales que se presentan entre autoridades de los diversos ordenes establecidos en el texto constitucional.

Sin duda, la determinación de la SCJN privilegia la transparencia y la rendición de cuentas de una institución que se caracteriza precisamente por su opacidad. No obstante, el camino por recorrer es aún largo, pues la evolución patrimonial de veintitrés ingenieros militares encargados de la construcción del AIFA es apenas una pequeña parte del universo de fuentes de posible enriquecimiento de las Fuerzas Armadas, que no agotan con la construcción del AIFA, la Secretaría de la Defensa Nacional también tienen a su cargo la construcción del Aeropuerto de Tulum. La ampliación y mejora de los aeropuertos de Chetumal y Palenque y la administración, operación y explotación de todos ellos, así como la operación de una aerolínea comercial y la construcción del Tren Maya.

Para la sesión del próximo 9 de agosto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha listado el amparo en revisión 675/2022, promovido por el Centro Prodh contra la reforma a la Ley General de Víctimas que eliminó la obligación de dotar un porcentaje mínimo del presupuesto anual a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas para cubrir exclusivamente gastos de reparación integral, medidas de ayuda y de asistencia para víctimas.