Dejar que las riendas del gobierno estén en manos de quienes han participado en atrocidades es un riesgo para seguridad, la paz, el Estado de derecho y la democracia. Ni la sociedad mexicana ni la comunidad internacional pueden seguir siendo observadoras de cómo se acumulan esos crímenes, ni cómo la impunidad es la regla general. Las opciones para hacer frente a la impunidad militar están sobre la mesa, es tiempo de actuar.

Soy partidario de que la UNAM sí tiene la facultad de anular los actos derivados del plagio y, consecuentemente, revocar el título profesional de Esquivel, lo que conlleva a que la Secretaría de Educación Pública haga lo propio con la cédula profesional. Habrá que esperar las decisiones que serán sometidas al escrutinio público y al circo político que ello conlleva.

Los abogados, como es consabido, somos criaturas distintas. Ni hablar, la mejor de nuestras virtudes no es la claridad. Hay que ser sinceros en la autocrítica: nos gusta el lenguaje rebuscado tanto como las corbatas, las mascadas y las togas. En la facultad parecen habernos entrenado para echar mano del vocabulario más rimbombante posible (entre menos se entienda, mejor). También para evaluar un documento como si su calidad se midiera en una báscula (a mayor peso en papel, superior será su nivel).

Este artículo tiene como propósito revisar qué papel que ha jugado la SCJN en las discusiones sobre militarización de la seguridad pública en México y la defensa de la Constitución, en un contexto en el que las decisiones que adopten los ministros y ministras en este tema pueden oponerse a los intereses del resto de las ramas del Estado mexicano y de unas Fuerzas Armadas cada vez más empoderadas económica y políticamente.

Recientemente un tribunal colegiado de circuito emitió una jurisprudencia en la que estableció que no es posible conceder la suspensión del acto reclamado cuando en el juicio de amparo se combate la violación al derecho de petición, toda vez que la medida cautelar otorgaría al quejoso un beneficio definitivo, dejando sin materia el medio de control constitucional. Como se ve, el argumento central del tribunal radica en que la suspensión del acto reclamado no concedería al demandante un beneficio provisional, sino permanente, coincidiendo con una eventual sentencia en que se otorgara el amparo, agotando la materia del juicio constitucional.Considero que este criterio, así como otros parecidos, debe ser superado, toda vez que imposibilita que el juicio de amparo se consolide como un verdadero medio de defensa en contra de violaciones a derechos humanos.

La reciente revelación de una red de plagios de tesis profesionales en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) hace 35 años, al margen de la relevancia de las personas involucradas y de que se determine qué sucedió, deja otras reflexiones sobre la necesidad de fortalecer la cultura de ética académica en la UNAM a la vez de implementar mecanismos eficaces para sancionar su inobservancia.