Este artículo no se pronunciará respecto si una política prohibicionista de los productos del tabaco es idónea o sobre el daño que estos puedan provocar a la salud; tampoco sobre el impacto que la publicidad, promoción o patrocinio pueda tener sobre el consumo de estos productos en México toda vez que son temas que requieren opiniones de especialistas en la materia. Sin embargo, analizaremos la problemática jurídica que representa establecer prohibiciones absolutas vía decretos reglamentarios que, a primera vista, no tienen sustento en la Ley General para el Control del Tabaco (LGCT) y, por tanto, pueden contravenir el principio de legalidad, reserva de ley y subordinación jerárquica, según se explica más adelante.

Si la UNAM, el Senado o la presidencia de la República no cambian sus respectivas posturas y no se toman en serio este asunto, tendremos que conformarnos con echar mano de insultos como los que le hicieron, en su momento, a Quevedo y de este modo referirnos a todos ellos como “maestros de errores, doctores en desvergüenzas o licenciados en bufonerías”. Aunque no tengan efectos jurídicos, estas frases podrían, al menos, aliviarnos un poco el alma.

El presidente López Obrador se ha referido a mi persona en al menos 46 ocasiones en sus denominadas conferencias mañaneras respecto del tema de la Guardería ABC. En diversos momentos he refutado sus señalamientos, especialmente los que tienen que ver con mi supuesta participación en actividades jurídicas en contra de su gobierno. Desafortunadamente, el Presidente no quiere enterarse de nada que lo contradiga. No está en sus condiciones psicológicas ni políticas reconocer equivocaciones, ni insinuar rectificaciones. Considero que el tema de la Guardería ABC fue y sigue siendo muy sensible, al involucrar graves violaciones a los derechos humanos. Por ello, es indispensable para mí poner de manifiesto las razones por las que en algunos puntos específicos diferí del proyecto presentado en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Desde finales del 2020, a la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) le faltan consejeros que la dirijan y tomen sus decisiones más importantes. Por casi dos años, la Comisión operó con menos de las siete consejeras y consejeros previstos en la Constitución. Sin ellos, la Cofece se ha visto imposibilitada para cumplir a cabalidad con su labor constitucional de árbitro y garante de la libre competencia y concurrencia en los mercados nacionales. Apenas esta semana, después de un esfuerzo incansable de los consejeros que aún están en la Comisión, el Senado de la República ratificó a la quinta consejera, Andrea Marván Saltiel.

El pasado 2 de enero, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación eligió a su nueva presidenta, la ministra Norma Piña Hernández. Su selección para este puesto como la primera mujer que presidirá la Corte representa un hito histórico en la aspiración a un acceso igualitario de mujeres dentro del poder judicial, y con la igualdad de género de manera más amplia. Asimismo, Piña se ha mostrado comprometida con estas causas, defendiendo el derecho al aborto como una protección para que las mujeres puedan ejercer su sexualidad, y ha ayudado a establecer precedentes muy progresivos en otros temas, como la capacidad de defender el derecho a un medio ambiente sano. Considerando la importancia de su elección, en este artículo buscamos hacer un repaso sobre algunos de los principales desafíos que debe atender la nueva presidenta, así como recordar las facultades que tiene para sobrellevarlos.

Presento a los lectores de El Juego de la Suprema Corte una selección de las noticias —principalmente, relacionadas con la impartición de justicia— que, entre octubre y diciembre del año en curso, se han registrado en otras partes del mundo.

Hoy la democracia mexicana cuenta con un Tribunal Electoral que garantiza un juego limpio y ofrece una justicia oportuna y de calidad; un Tribunal Electoral que protege el voto de la gente y defiende su elección; un Tribunal Electoral que equilibra la balanza para romper con desigualdades estructurales; y, sobre todo, un Tribunal Electoral que le pertenece a la ciudadanía y que es el resultado de una larga lucha por la democracia y las libertades.