La prisión en México presenta características de una institución extractiva al utilizar la privación de la libertad como oportunidad para explotar, al grado de exprimir, a las personas privadas de la libertad y a sus círculos cercanos, al igual que al erario, en beneficio de minorías en el poder o cercanas al poder. Existen distintos tipos de cárceles en nuestro país, pero el elemento común que comparten la mayor parte de ellas es el de ser espacios donde las personas presas son tratadas como objeto por agentes de los gobiernos federal y locales, así como por grupos de autogobierno dentro de las prisiones y, recientemente, por empresas privadas que co-operan algunas de ellas.

Independientemente de lo que puedan resolver sobre la inconstitucionalidad de los diferentes decretos y proyectos de ley que pretenden aumentar y prolongar la influencia de las fuerzas armadas en el país, la Suprema Corte también tiene oportunidad de atender dicho problema desde la raíz. Es decir, la implementación de los diferentes medios de control de constitucionalidad puede ir más allá de sus límites institucionales, con el fin de atender el riesgo de la militarización desde su origen sociológico en lugar de atender únicamente sus últimas manifestaciones dentro del aparato ejecutivo y legislativo.

El jueves 8 de septiembre de este año, el ministro Luis María Aguilar Morales, después de dos días de discusión en el Pleno de la Suprema Corte retiró su proyecto relacionado con la prisión preventiva oficiosa y prometió elaborar uno nuevo para resolver la acción de inconstitucionalidad 130/2019. El ministro encontró puntos en común en las intervenciones de sus pares que, en su opinión, evidenciaban la posibilidad de llegar a la mayoría requerida de ocho votos. La tarea del ministro fue construir una propuesta que uniera los puntos de conexión y matizara los disensos. El 24 de octubre pasado, la SCJN hizo público el nuevo proyecto.

México enfrenta una grave crisis en materia de derechos humanos, lo cual ha provocado el aumento de homicidios dolosos, desapariciones, tortura y desplazamientos forzados. En la actualidad, la desaparición de personas es uno de los retos más apremiantes que enfrenta el país en materia de violaciones a derechos humanos.

La pregunta clave a responder es: ¿la Suprema Corte plantea prohibir a todas las personas colocar nacimientos de Cristo? La respuesta es no. La eventual sentencia no prohibiría la navidad, ni que las personas en lo particular puedan continuar con dichas prácticas o cultos, bajo su libertad de creencias y religión. El proyecto de sentencia propone que para respetar el Estado laico las autoridades no puedan colocar símbolos relativos a alguna religión, ni mucho menos sufragado desde el erario.

Costará mucho tiempo y esfuerzo lograr una adecuada rendición de cuentas. Cuando ese momento llegue espero que los altos mandos militares o civiles que sean llevados a juicio estén acompañados —como acusados— de esos juristas que con sus acciones u omisiones deliberadas contribuyeron de manera sustancial a alimentar la maquinaria de terror que bajo disposiciones normativas vestidas de leyes o resoluciones judiciales han violentado por años a la población civil indefensa, conductas que debieran ser inaceptables por la humanidad en su conjunto.