En los próximos días, la SCJN discutirá dos importantes casos en los que se propone declarar la invalidez de algunos artículos de varias leyes que ordenan aplicar la prisión preventiva oficiosa. Lo relevante del asunto es que en ambos casos se propone expresamente que se inaplique el artículo 19, párrafo segundo, última parte, de la Constitución. Con ello, se trata de controlar, junto con ciertas normas secundarias, una norma constitucional, utilizando para ello el parámetro de regularidad constitucional que incluye dicha norma. Si se aceptan las propuestas, estaríamos asistiendo a un caso inédito en el constitucionalismo mexicano. En otro momento la SCJN se asomó a la posibilidad de controlar constitucionalmente el acto de reforma constitucional, pero nunca llegó a dar un paso como el que se pretende dar: controlar la Constitución propiamente dicha. Presenciarlo, podría abrir las puertas a uno de los mayores riesgos que ha enfrentado nuestro régimen constitucional de los últimos años.

La discusión sobre el uso de la prisión preventiva oficiosa sigue abierta en México. La semana pasada tres eventos aumentaron la atención sobre el tema: i) la difusión de los proyectos de sentencia de dos integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que proponen eliminar la prisión preventiva oficiosa y el anuncio de que serán discutidos el próximo de 5 de septiembre en el Pleno, ii) la respuesta del gobierno de López Obrador y, iii) la celebración de la audiencia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) sobre el caso de los señores Daniel García y Reyes Alpízar. En este artículo, se revisarán los métodos utilizados por los proyectos de sentencia para concluir que la prisión preventiva oficiosa debe eliminarse de nuestro orden jurídico por violar los derechos humanos a la libertad y a la presunción de inocencia.

Este texto tiene como objetivo revisar el estado actual de las discusiones en sede judicial respecto a la prisión preventiva oficiosa o automática en México, con especial énfasis en el amparo en revisión 355/2021 que está listado para ser resuelto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el próximo miércoles 24 de agosto bajo la ponencia de la ministra Norma Lucía Piña Hernández.

En los próximos días, la Suprema Corte resolverá un caso de enorme relevancia respecto si el largo listado de delitos que le corresponde prisión preventiva oficiosa —es decir, de manera automática sin que medie una valoración por parte de un juez—, va en contra de los tratados internacionales suscritos por el Estado mexicano. El asunto no es menor: lo que está en juego es una de las regresiones más perniciosas al sistema penal. Sin embargo, también los ministros tendrán nuevamente oportunidad para abordar un debate de enorme relevancia: ¿La Constitución puede ser inconvencional? ¿Cómo leer el artículo 1.º constitucional y el principio pro persona para armonizar de manera adecuada los derechos de fuente constitucionales e internacional? Estas y otras preguntas se resolvieron en la contradicción de tesis 293/2011 a través de la figura de que las restricciones constitucionales. Solución que para muchos fue un error estructural en detrimento de la reforma constitucional de derechos humanos de 2011. Así, en ánimo de aguijonear la discusión que viene en nuestro tribunal constitucional, reproducimos el voto particular en esta contradicción de tesis del ministro José Ramón Cossío, quien se separó frontalmente del punto neurálgico de esta decisión.