El Congreso de Oaxaca adicionó las fracciones XI y XII al artículo 98 de la Ley para la prevención y gestión integral de los residuos sólidos en el estado de Oaxaca, en las cuales establecía la prohibición, entre otros puntos, de la distribución de productos en botellas de PET. Ante esta reforma, la cadena comercial Oxxo, así como la empresa Propimex (embotelladora de Coca-Cola), promovieron un amparo. Aunque manifestaron diversas inconformidades, el reclamo principal fue que la legislatura oaxaqueña carecía de competencia para emitir ese tipo de prohibición.

El sábado pasado Jesús Murillo Karam, ex Procurador General de la República y el autor de la llamada “Verdad histórica” del caso Ayotzinapa, fue imputado como autor intelectual de los delitos de tortura y desaparición forzada, y autor material de delitos contra la administración de justicia. De acuerdo con la escasa información disponible, en la acusación se señala que Murillo es responsable del delito de tortura por ser el superior jerárquico de quienes la realizaron. Se añade que el móvil era generar la “Verdad histórica” para dar una explicación a la sociedad. Se le acusa también de delitos contra la administración de justicia por estar de acuerdo en la siembra de pruebas y romper la cadena de custodia. El delito de desaparición forzada se configuraría porque la “Verdad histórica” obstruyó otras líneas de investigación. ¿Qué implica todo lo anterior para el esclarecimiento de lo que sucedió esa trágica noche, la identificación y sanción de los responsables, la reparación del daño a las víctimas y las garantías de no repetición?

En una época en la que los órganos constitucionales y, en particular, las salas y el pleno de nuestro Tribunal Constitucional, se encuentran sujetos a grandes presiones políticas para decidir en un sentido que favorezca al partido actualmente en el poder, se agradece una resolución que abone a su autonomía e independencia, así como al reforzamiento del principio federal en nuestra república, fortaleciendo así, en lugar de debilitar, los pesos y contrapesos previstos en la CPEUM.

La Federación Mexicana de Fútbol (Femexfut), órgano rector del fútbol en mexicano, ha anunciado, repetidas veces, su supuesto compromiso con los derechos humanos incluyendo la igualdad de género. Sin embargo, este compromiso se ha quedado plasmado en sus comunicados, en sus estatutos y en documentación que han preparado en el marco del mundial de fútbol varonil de 2026, sin realmente tomar medidas concretas para combatir la discriminación y erradicar la violencia en contra de las mujeres. No solamente se trata de un compromiso sin acciones, sino que también parecería que existe un incumplimiento de su parte respecto de sus obligaciones legales en materia laboral. Veamos.