El jueves pasado el pleno de la Suprema Corte resolvió un asunto que podría resumir parte de este juego. En la controversia constitucional 325/2019, la Corte resolvió que, aunque las resoluciones del instituto son definitivas e inimpugnables en términos del artículo sexto constitucional, la Fiscalía —y otros órganos— sí podría someterla a escrutinio judicial y revocarla, cuando sus efectos impacten en su ámbito competencial. Es decir, que puede impugnarse una resolución que constitucionalmente es inatacable y que puede revocarse una resolución que constitucionalmente es definitiva. Este artículo recupera las aristas del debate, el saldo de la discusión y los efectos que tendrá el fallo en el derecho de transparencia y acceso a la información pública

Existen dos formas de persuadir a un juez o un jurado: i) con líneas argumentativas basadas en premisas cuyo contenido es acorde al derecho; ii) o con trampas argumentativas que se alejan por completo del rigor dialéctico, es decir, con falacias. Anteriormente, hemos visto en este mismo espacio, algunos vicios de la argumentación que son comunes en el mundo jurídico y político. Ahora, quisiera centrarme en los juicios de orden criminal.

No está de más mencionar que, al no haber un pronunciamiento y estudio específico de la constitucionalidad de los artículos originalmente reclamados, quedaría abierta la posibilidad de seguir reclamando su inconstitucionalidad. Sin embargo, resulta decepcionante que, a siete años del fallo SMART en el que se reconoció por primera vez la protección constitucional del consumo personal y adulto de cannabis, la Suprema Corte de Justicia continúe evadiendo la discusión sobre la descriminalización efectiva de la posesión con fines de consumo y que no afecta a terceras personas.

Más allá de las diferentes propuestas, lo más importante de analizar en esta iniciativa de reforma son sus efectos generales en el tablero político democrático. Aunque de entrada parece una reforma integrada por retazos con poca conexión entre sí, al unir los puntos tenemos una cobijita que, en los hechos delinea un futuro electoral que, aunque a primera vista no lo parezca, gracias a la introducción de la propuesta de proporcionalidad pura, de aprobarse esta iniciativa abriremos paso a una nueva etapa en el ciclo electoral que apuesta por un futuro muy parecido al pasado de partido político hegemónico.

Del 15 al 26 de noviembre de 2021, el Comité contra la Desaparición Forzada, órgano encargado de la supervisión del cumplimiento de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, realizó una visita a nuestro país en el marco del artículo 33 del citado instrumento internacional a partir de la invitación que realizó el gobierno de México. La solicitud para realizar esta visita fue formulada por el Comité al Estado mexicano en el año 2013 y reiterada en 2015 y 2018; asimismo, también fue una recomendación expresa por parte del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias.

Este texto busca generar una reflexión tanto jurídica como sociológica a partir del terrible caso de Debanhi. Para conseguir lo anterior, en primer lugar, narraremos los lamentables hechos; en segundo lugar, mencionaremos ciertas acciones básicas que debieron realizar las autoridades y que negligentemente no hicieron, además, retomaremos pronunciamientos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la obligación de las autoridades de investigar con perspectiva de género y; en cuarto lugar, expondremos nuestras reflexiones finales.

Son dos los acontecimientos recientes que permiten afirmar la ruptura de un proceso de 140 años de prohibición en Oaxaca: primero, varios ciudadanos fueron notificados por el ayuntamiento de Oaxaca de Juárez reconociéndoles su derecho a consumir cannabis en la vía pública; segundo, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) autorizó a diversas comunidades de aquel estado cultivar, procesar y usar esta planta con fines medicinales.

En la próxima sesión del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se llevará a cabo el 18 de abril de 2022, se someterá a consideración del Pleno la aprobación del acta correspondiente a la sesión del 7 de abril de 2022, en la que se discutió y votó la acción de inconstitucionalidad. Esa es la ocasión perfecta para que el pleno de la Suprema Corte enmiende un error y cumpla cabalmente con su mandato constitucional. Tarde o temprano los ministros y ministras tendrán que enfrentarse con esta decisión. Tratándose del cumplimiento de su razón de ser, mejor temprano que tarde, mejor de motu proprio, y no resultar exhibidos por las partes en el juicio o en paneles internacionales, y mejor cumpliendo con la Constitución.