Más allá de las diferentes propuestas, lo más importante de analizar en esta iniciativa de reforma son sus efectos generales en el tablero político democrático. Aunque de entrada parece una reforma integrada por retazos con poca conexión entre sí, al unir los puntos tenemos una cobijita que, en los hechos delinea un futuro electoral que, aunque a primera vista no lo parezca, gracias a la introducción de la propuesta de proporcionalidad pura, de aprobarse esta iniciativa abriremos paso a una nueva etapa en el ciclo electoral que apuesta por un futuro muy parecido al pasado de partido político hegemónico.

Del 15 al 26 de noviembre de 2021, el Comité contra la Desaparición Forzada, órgano encargado de la supervisión del cumplimiento de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, realizó una visita a nuestro país en el marco del artículo 33 del citado instrumento internacional a partir de la invitación que realizó el gobierno de México. La solicitud para realizar esta visita fue formulada por el Comité al Estado mexicano en el año 2013 y reiterada en 2015 y 2018; asimismo, también fue una recomendación expresa por parte del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias.

Este texto busca generar una reflexión tanto jurídica como sociológica a partir del terrible caso de Debanhi. Para conseguir lo anterior, en primer lugar, narraremos los lamentables hechos; en segundo lugar, mencionaremos ciertas acciones básicas que debieron realizar las autoridades y que negligentemente no hicieron, además, retomaremos pronunciamientos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la obligación de las autoridades de investigar con perspectiva de género y; en cuarto lugar, expondremos nuestras reflexiones finales.

Son dos los acontecimientos recientes que permiten afirmar la ruptura de un proceso de 140 años de prohibición en Oaxaca: primero, varios ciudadanos fueron notificados por el ayuntamiento de Oaxaca de Juárez reconociéndoles su derecho a consumir cannabis en la vía pública; segundo, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) autorizó a diversas comunidades de aquel estado cultivar, procesar y usar esta planta con fines medicinales.

En la próxima sesión del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se llevará a cabo el 18 de abril de 2022, se someterá a consideración del Pleno la aprobación del acta correspondiente a la sesión del 7 de abril de 2022, en la que se discutió y votó la acción de inconstitucionalidad. Esa es la ocasión perfecta para que el pleno de la Suprema Corte enmiende un error y cumpla cabalmente con su mandato constitucional. Tarde o temprano los ministros y ministras tendrán que enfrentarse con esta decisión. Tratándose del cumplimiento de su razón de ser, mejor temprano que tarde, mejor de motu proprio, y no resultar exhibidos por las partes en el juicio o en paneles internacionales, y mejor cumpliendo con la Constitución.

El debate de la Suprema Corte frente a la Ley de la Industria Eléctrica se puede analizar a partir de tres ejes. El primero tiene que ver con las reglas de deliberación judicial al interior del Pleno. Desde este eje podríamos preguntarnos si no es el momento de revisar todo este modelo para mejorarlo. La resolución de este asunto hizo evidente un problema distinto que le precede. Los otros dos ejes se encuentran en el fondo del asunto y se relaciona con distintas concepciones constitucionales sobre el capitalismo y el medio ambiente y sobre las reglas y los principios. La reconstrucción que aquí se hizo es eso, una reconstrucción y nada más.

Las sesiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del 5 y 7 de abril, en las que discutió la constitucionalidad de la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), se llevaron a cabo en medio de una gran expectativa nacional e internacional. Había sed de certeza después de meses de zozobra ante el destino de esta reforma legal. Como adelantamos en nuestra nota anterior, parecía difícil que se alcanzara una mayoría calificada para invalidar los aspectos centrales de la reforma y, en efecto, eso no se logró. En los párrafos que siguen intentaremos contribuir a la certeza deseada por los interesados en el tema ante una ola de confusión sobre lo resuelto y sus efectos, azuzada por afirmaciones ligeras de actores políticos y opinadores de ocasión.

Esta nota pretende ofrecer: i) el contexto de la discusión en la Corte, con apuntes sobre el marco constitucional vigente y el estado actual del sector eléctrico mexicano; ii) un recorrido por la reforma a la LIE y los argumentos de la ministra ponente, en el que intercalamos algunos comentarios críticos y; finalmente, iii) ciertos escenarios de votación en el pleno para, entre otras cosas, aclarar confusiones sobre los efectos de lo que resuelva la Corte, y cómo lo resuelva, en cientos de juicios de amparo contra la reforma a la LIE pendientes de resolución en el Poder Judicial de la Federación.

Con el segundo y actual proyecto de sentencia, se desaprovecha una valiosa oportunidad para declarar la inconstitucionalidad de todo el artículo 193 del Código Penal del Distrito Federal —hoy Ciudad de México—. Habría sido sumamente provecho un pronunciamiento firme y unánime por parte de la Primera Sala contra la pulsión punitivista que encontramos cada día más en la discusión pública.