El día de hoy se determinó enviar al pleno de la Suprema Corte la controversia constitucional 90/2020, cuyo proyecto estuvo a cargo de la ministra Ríos Fajart. En esta se analiza si el presidente López Obrador invadió las competencias del poder legislativo al emitir el Acuerdo por el que se dispone de las Fuerzas Armadas permanente para llevar a cabo tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria, publicado el 11 de mayo de 2020.

Hace un par de días se anunció la terna de candidatos para ocupar el asiento que dejará vacante, en unos días, el ministro José Fernando Franco González Salas. La terna enviada está conformada por los abogados Bernardo Bátiz, Verónica de Gyvés y Loretta Ortiz. Es necesario señalar que todas las integrantes de la terna son integrantes del Consejo de la Judicatura Federal, lo cual no puede ni debe pasar desapercibido en tanto es algo sin precedente en la historia reciente. Pero, ¿qué sabemos de las y el integrante de esta terna?

Después de la bochornosa saga de eventos que se dieron alrededor de la aprobación del artículo 13º transitorio, que buscaba ampliar el periodo de los cargos del ministro presidente, Arturo Zaldívar y de los consejeros de la judicatura (también conocido como la #LeyZaldívar), esta semana finalmente se cerró este capítulo. En efecto, con una decisión unánime, la Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucional esta disposición al resolver las acciones de inconstitucionalidad promovida por legisladores de ambas Cámaras del Congreso. Una buena noticia, sin duda. En lo que sigue, hago un breve recuento de lo bueno, lo malo y lo feo de la decisión de la Corte.

José Fernando Franco González Salas llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en el año 2006 nominado por el expresidente Vicente Fox. En uno días termina su periodo como ministro por lo que es necesario abrir la discusión sobre su comportamiento judicial durante estos 15 años. Algo llamativo de su paso como ministro de la SCJN es la forma en la que organizó y reclutó a sus secretarios y que vale la pena discutir ahora que está por concluir su periodo como juez.

México forma parte de uno de los Estados de América Latina en donde en los últimos años se ha visibilizado en mayor medida el fenómeno de la delincuencia organizada, mismo que ha dejado severas secuelas a su paso como consecuencia de una guerra interminable que ha manchado de sangre a la sociedad. De este modo, México se ha decantado por adoptar dentro de su sistema jurídico la teoría del derecho penal del enemigo para dar un trato diferenciado a todos aquellos miembros que pertenecen a la delincuencia organizada. Pero, ¿qué es el derecho penal del enemigo? ¿Qué es la delincuencia organizada?

En la Suprema Corte, la discusión que surgió en la acción de inconstitucionalidad 130/2019, sesionada el pasado 25 de octubre de 2021, acomodó el tablero para un debate que, si bien no es nuevo, no puede considerarse concluido. Nos referimos a la inconstitucionalidad de reformas constitucionales y la importancia de fijar criterios que resuelvan cuándo y en qué términos la Suprema Corte puede controlar —constitucional y convencionalmente— la norma constitucional.

Lo anterior de forma práctica nos indica que se busca constitucionalizar lo que no se ha podido lograr implementar a través de políticas, regulaciones y reformas legales que han sido frenadas por los tribunales nacionales a través de juicios de amparo promovidos por los distintos agentes del sector, considerando que estos cambios pudieran representar violaciones al medio ambiente, a la competencia, libre concurrencia y seguridad jurídica de las personas. Así, surge nuevamente la interrogante respecto a si existen medios de defensa a hacer valer contra reformas constitucionales. ¿Pueden ser objeto de escrutinio judicial? De ser así, ¿Pueden éstas ser declaradas inconstitucionales?