Cuando en el futuro se hable de la forma en que las autoridades sanitarias enfrentaron la pandemia de covid-19, encontraremos una visión histórica bastante cuestionable y; por otro lado, una verdad jurídica que será implacable ya sea determinada por los tribunales mexicanos o por instituciones internacionales más allá de nuestras fronteras.

Lo que sí se puede afirmar, es que la respuesta que ha suministrado la Suprema Corte no es convencionalmente suficiente, pues merma los efectos de lo que ha sido considerado un plazo razonable, que deben ser empleados de igual manera para determinar, en casos de prisión preventiva oficiosa o automática, si la revisión que periódicamente se debe realizar sobre las causas de mantenimiento -y de forma oficiosa- se ha llevado a cabo de conformidad con el cúmulo de derechos que se encuentran relacionados con esta situación jurídica.

En sí, considero que estos casos confirman la moralidad argumentativa que implica (en ciertas ocasiones) el emplear un test de proporcionalidad como herramienta metodológica para atribuir significa a nuestra Constitución.

Actualmente descansan en el escritorio de Andrés Manuel López Obrador listas de candidatos que envió el comité de evaluación para cubrir las vacantes del IFT y de la Cofece pero el presidente de la República, simple y sencillamente, ha omitido nombrarlos.

“Emmerder” —que significa fastidiar o joder— a los no vacunados, fue la expresión utilizada por el presidente francés Emmanuel Macron para referirse al espíritu de su política sobre la necesidad de contar con el carnet de vacunación, para poder acceder a determinados establecimientos comerciales y culturales. Lo anterior, a pesar de que él mismo afirma no considera pertinente hacer obligatoria la vacunación. Al respecto, en los últimos días hemos visto diversas sentencias en tribunales en el mundo que han abordado la problemática de que un segmento importante de la población ha decidido no vacunarse.

La escasa doctrina jurídica mexicana que ha estudiado las acciones de inconstitucionalidad y las controversias constitucionales contra leyes (en las cuales se aplica la misma regla), es generalmente acrítica con la exigencia de la votación calificada para invalidar normas de carácter general.

Los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tienen hoy un papel histórico en la definición constitucional del país que México debe ser. Los exhortamos a ser expeditos en beneficio del bien mayor a tutelar que es la certidumbre jurídica de la Nación.

El 19 de enero de 2021, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió la sentencia en la que encontró responsable internacionalmente al Estado mexicano por diversas violaciones a los derechos humanos contenidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. El caso se desarrolló en el marco de la investigación de la muerte de la defensora de derechos humanos Digna Ochoa y Plácido ocurrida el 19 de octubre de 2001. En este sentido, la resolución del caso tiene diversas implicaciones de suma importancia para el sistema jurídico mexicano que vale la pena analizar.