José Fernando Franco González Salas llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en el año 2006 nominado por el expresidente Vicente Fox. En uno días termina su periodo como ministro por lo que es necesario abrir la discusión sobre su comportamiento judicial durante estos 15 años. Algo llamativo de su paso como ministro de la SCJN es la forma en la que organizó y reclutó a sus secretarios y que vale la pena discutir ahora que está por concluir su periodo como juez.

México forma parte de uno de los Estados de América Latina en donde en los últimos años se ha visibilizado en mayor medida el fenómeno de la delincuencia organizada, mismo que ha dejado severas secuelas a su paso como consecuencia de una guerra interminable que ha manchado de sangre a la sociedad. De este modo, México se ha decantado por adoptar dentro de su sistema jurídico la teoría del derecho penal del enemigo para dar un trato diferenciado a todos aquellos miembros que pertenecen a la delincuencia organizada. Pero, ¿qué es el derecho penal del enemigo? ¿Qué es la delincuencia organizada?

En la Suprema Corte, la discusión que surgió en la acción de inconstitucionalidad 130/2019, sesionada el pasado 25 de octubre de 2021, acomodó el tablero para un debate que, si bien no es nuevo, no puede considerarse concluido. Nos referimos a la inconstitucionalidad de reformas constitucionales y la importancia de fijar criterios que resuelvan cuándo y en qué términos la Suprema Corte puede controlar —constitucional y convencionalmente— la norma constitucional.

Lo anterior de forma práctica nos indica que se busca constitucionalizar lo que no se ha podido lograr implementar a través de políticas, regulaciones y reformas legales que han sido frenadas por los tribunales nacionales a través de juicios de amparo promovidos por los distintos agentes del sector, considerando que estos cambios pudieran representar violaciones al medio ambiente, a la competencia, libre concurrencia y seguridad jurídica de las personas. Así, surge nuevamente la interrogante respecto a si existen medios de defensa a hacer valer contra reformas constitucionales. ¿Pueden ser objeto de escrutinio judicial? De ser así, ¿Pueden éstas ser declaradas inconstitucionales?

Las magistradas y los magistrados de la Sala Superior reconocemos el papel que juega esta institución y, en especial, el efecto que tiene en el ejercicio de los derechos político-electorales de las personas. Es por eso que consideramos clave la implementación de políticas institucionales que respondan a las exigencias de una sociedad democrática y dinámica como lo es la mexicana. Con esto en mente, el pasado 10 de octubre se aprobó por unanimidad la creación de la Comisión para el Fortalecimiento del TEPJF.

A unas semanas de que se hiciera realidad la obligación de los poderes judiciales de publicar todas sus sentencias (después de la entrada en vigor de la reforma a la Ley General de Transparencia promovida por el colectivo #LoJustoEsQueSepas, del cual forma parte México Evalúa), nos pareció relevante revisar de qué manera los poderes judiciales están cumpliendo con esta nueva tarea.

Lo discutido por la Corte representa una revolución copernicana que deberá estudiarse con detenimiento, pues el deber oficioso de prevenir violaciones a los derechos humanos, nos podría acercar en el futuro al mismísimo control constitucional de los impedimentos técnicos para el conocimiento de fondo de los juicios de amparo.

Desde hace un poco más de seis años, la Suprema Corte de Justicia de la Nación marcó la pauta para el cambio de paradigma en México respecto a la política de drogas. Desde la resolución del caso SMART, la Corte dejó en claro que el consumo adulto de cannabis como actividad recreativa está protegido por el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Antes de que estos criterios alcanzaran el nivel de jurisprudencia obligatoria, México Unido Contra la Delincuencia (MUCD) asumió la defensa de Édgar “N” quien fue detenido por la policía en Iztapalapa, Ciudad de México. Este amparo llegó a la Suprema Corte en diciembre de 2020 y fue turnado a la ponencia del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, en la Primera Sala.