Las magistradas y los magistrados de la Sala Superior reconocemos el papel que juega esta institución y, en especial, el efecto que tiene en el ejercicio de los derechos político-electorales de las personas. Es por eso que consideramos clave la implementación de políticas institucionales que respondan a las exigencias de una sociedad democrática y dinámica como lo es la mexicana. Con esto en mente, el pasado 10 de octubre se aprobó por unanimidad la creación de la Comisión para el Fortalecimiento del TEPJF.

A unas semanas de que se hiciera realidad la obligación de los poderes judiciales de publicar todas sus sentencias (después de la entrada en vigor de la reforma a la Ley General de Transparencia promovida por el colectivo #LoJustoEsQueSepas, del cual forma parte México Evalúa), nos pareció relevante revisar de qué manera los poderes judiciales están cumpliendo con esta nueva tarea.

Lo discutido por la Corte representa una revolución copernicana que deberá estudiarse con detenimiento, pues el deber oficioso de prevenir violaciones a los derechos humanos, nos podría acercar en el futuro al mismísimo control constitucional de los impedimentos técnicos para el conocimiento de fondo de los juicios de amparo.

Desde hace un poco más de seis años, la Suprema Corte de Justicia de la Nación marcó la pauta para el cambio de paradigma en México respecto a la política de drogas. Desde la resolución del caso SMART, la Corte dejó en claro que el consumo adulto de cannabis como actividad recreativa está protegido por el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Antes de que estos criterios alcanzaran el nivel de jurisprudencia obligatoria, México Unido Contra la Delincuencia (MUCD) asumió la defensa de Édgar “N” quien fue detenido por la policía en Iztapalapa, Ciudad de México. Este amparo llegó a la Suprema Corte en diciembre de 2020 y fue turnado a la ponencia del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, en la Primera Sala.

En sesión plenaria del 29 de septiembre, la Suprema Corte de Justicia determinó que los órganos del Poder Judicial de la Federación, en el juicio de amparo, pueden examinar ex officio la constitucionalidad de las leyes conforme al artículo primero de la Constitución. Para el ministro presidente, Arturo Zaldívar, esta decisión representa “un paso decisivo hacia adelante en la protección completa de los derechos humanos en México”.

A propósito de los 10 años de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, una reflexión que no puede quedar al margen es un balance de la misma a la luz de la perspectiva de género, particularmente, respecto los cambios que puede producir la enseñanza de los derechos humanos desde este enfoque.

Sin duda, México se ha convertido en los últimos años en un país vanguardista en relación a la paridad de género y la actual administración federal (2018-2024) amerita un reconocimiento por adoptar un gabinete cercano a la paridad desde antes de la reforma constitucional de 2019. No obstante, los cambios recientes en el gabinete develan que los cálculos y decisiones del ejecutivo federal no necesariamente dan prioridad al pacto paritario.

El caso de la Ley de Personas Desaparecidas y el amparo impulsado por el colectivo La Voz de los Desaparecidos en Puebla (un conjunto de familias que han sufrido la desaparición de sus seres queridos y que buscan acceder a la verdad y a la justicia) permite ver la inefectividad de la suspensión en el amparo frente a omisiones legislativas, el incumplimiento e impunidad del legislativo frente a mandatos para emitir leyes, así como la visión formalista que prevalece en el Poder Judicial de la Federación en el juicio de amparo.