El 22 de noviembre el presidente López Obrador y 18 de sus secretarios de Estado emitieron un acuerdo a través del cual se declara de interés público y seguridad nacional la realización de los proyectos y obras a cargo del gobierno. Y se instruye el otorgamiento de autorizaciones provisionales respecto a los dictámenes, permisos y licencias necesarios para iniciar estas obras. Se instruye que dichas autorizaciones provisionales se emitan dentro de los cinco días a partir de su solicitud y, de no emitirse, se entenderán concedidas en sentido positivo. Con lo que se pretende que estén en posibilidades de iniciar las obras, hasta en tanto se obtienen las autorizaciones definitivas conforme a las disposiciones legales aplicables.

El 22 de noviembre del 2021, el presidente López Obrador, en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 89, fracción I de la Constitución, emitió un acuerdo de profundas consecuencias y que tendrá efectos en una serie de dimensiones legales, pero conviene subrayar aquellos que previsiblemente tendrá respecto de los derechos a la tierra, el territorio y propiedad colectiva de los pueblos indígenas en México.

El día de hoy se determinó enviar al pleno de la Suprema Corte la controversia constitucional 90/2020, cuyo proyecto estuvo a cargo de la ministra Ríos Fajart. En esta se analiza si el presidente López Obrador invadió las competencias del poder legislativo al emitir el Acuerdo por el que se dispone de las Fuerzas Armadas permanente para llevar a cabo tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria, publicado el 11 de mayo de 2020.

Hace un par de días se anunció la terna de candidatos para ocupar el asiento que dejará vacante, en unos días, el ministro José Fernando Franco González Salas. La terna enviada está conformada por los abogados Bernardo Bátiz, Verónica de Gyvés y Loretta Ortiz. Es necesario señalar que todas las integrantes de la terna son integrantes del Consejo de la Judicatura Federal, lo cual no puede ni debe pasar desapercibido en tanto es algo sin precedente en la historia reciente. Pero, ¿qué sabemos de las y el integrante de esta terna?

Después de la bochornosa saga de eventos que se dieron alrededor de la aprobación del artículo 13º transitorio, que buscaba ampliar el periodo de los cargos del ministro presidente, Arturo Zaldívar y de los consejeros de la judicatura (también conocido como la #LeyZaldívar), esta semana finalmente se cerró este capítulo. En efecto, con una decisión unánime, la Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucional esta disposición al resolver las acciones de inconstitucionalidad promovida por legisladores de ambas Cámaras del Congreso. Una buena noticia, sin duda. En lo que sigue, hago un breve recuento de lo bueno, lo malo y lo feo de la decisión de la Corte.