En el marco de la Copa Mundial de 2026 y ante la situación de discriminación estructural que se vive en el país en contra de la comunidad LGBTIQ+, es fundamental que las asambleas legislativas de las ciudades sede comiencen adoptar e implementar los más altos estándares internacionales en materia de derechos humanos y busquen reformar leyes como la LCEPDF. La protección y garantía de los derechos humanos no puede estar condicionada a las exigencias o presiones de una organización con fines de lucro como la FIFA, sino en la acción proactiva del Estado mexicano y sus órganos constitutivos.

El proyecto de sentencia propone declarar fundados los agravios hechos valer por las organizaciones, señalando que el amparo es procedente y que el Congreso de Yucatán violó los derechos a la libertad de expresión en su dimensión social, así como la participación política, derivados de llevar a cabo un método de votación ilegal. En ese sentido, se espera que la Primera Sala de la Suprema Corte sea congruente con la línea de defensa de la libertad de expresión en el país, y emita criterios claros y sólidos para la defensa de la democracia, dejando un claro mensaje al Congreso de Yucatán de legislar de manera transparente y protectora de derechos humanos.

El pasado 26 de junio se cumplieron dos años desde que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) interpuso tres acciones de inconstitucionalidad relacionadas con la militarización de la seguridad pública. Son dos años en los que la Suprema Corte de Justicia no ha resuelto estos asuntos. ¿Qué tan inusual es el tiempo que ha demorado? ¿Y por qué importa?

El pasado lunes 28 de junio, el pleno de la Suprema Corte resolvió por mayoría calificada de ocho votos la DGI 1/2018, relativa a la prohibición absoluta de consumo de cannabis. Fue apenas la segunda vez que una norma general fue declarada inconstitucional por esta vía desde su reglamentación en 2013. En papel, el número es escandaloso y podría llevarnos rápidamente a concluir que la DGI no está funcionando o no está cumpliendo con los fines para los cuales se creó. Sin embargo, el propio diseño de la figura y el modelo de constitucionalismo que tiene detrás, nos permite cuestionar esa idea.

La mayoría de los ministros coincidieron en que las modificaciones a la Ley General de Salud de junio de 2017 sólo tuvieron como efecto permitir el uso medicinal y científico de la cannabis, no así su uso con fines “lúdicos”. Esto bajo el razonamiento de que interpretar que cualquier acto legislativo pueda impedir a la Suprema Corte de Justicia emitir la declaratoria general de inconstitucionalidad, tendría como efecto hacer nugatorio este mecanismo y el objetivo que persigue: que el principio de relatividad de las sentencias de amparo no se traduzca en un obstáculo para salvaguardar la supremacía constitucional, el principio de seguridad jurídica y el derecho de igualdad.

Causa en Común presenta en este artículo un recuento de algunas de las acciones que violan o probablemente violan la Constitución, mismas que fueron identificadas durante el último cuatrimestre de 2020 (septiembre a diciembre) y el periodo de enero a junio de 2021. Se da cuenta de, al menos, 26 acciones u omisiones del gobierno, probablemente ilegales, divididas en violaciones a: i) derechos humanos; ii) las reglas del sistema económico; y iii) nuestra democracia.

Recientemente, la primera sala de la Corte, a partir de un proyecto del ministro Gutiérrez Ortiz Mena, resolvió el amparo en revisión 325/2020, cuyos hechos iniciaron con una solicitud de copias de las audiencias del proceso penal de Rosario Robles, por Tojil, A.C. La petición fue negada en el juzgado, bajo el supuesto de que el artículo 50 del Código Nacional de Procedimientos Penales “solo permitía que se le entregaran copias a las partes y la asociación no era parte procesal”.

Desde GIRE utilizamos los términos gestación subrogada o gestación por sustitución por considerarlos más adecuados desde una perspectiva de derechos humanos. En México, dos entidades federativas permiten este tipo de contratos: Tabasco y Sinaloa. Recientemente, el pleno de la Suprema Corte estuvo llamado a resolver dos asuntos relativos a la regulación de Tabasco sobre el tema: la acción de inconstitucionalidad 16/2016 y el amparo en revisión 129/2019.