En reiteradas ocasiones el senador Ricardo Monreal ha insistido en que se puede y debe iniciar el procedimiento de desaparición de poderes en el estado de Tamaulipas, de conformidad con lo establecido en la fracción V del artículo 76 de la Constitución federal como facultad exclusiva de la Cámara de Senadores. Sorprende su posición como senador y doctor en derecho dada la regulación actual de la figura que se derivó de un mal uso histórico de la facultad.

A más de un mes de su aprobación seguimos esperando. Si bien no sabemos exactamente cuál es la razón por la que el presidente López Obrador ha decidido no promulgar y publicar la ley, sí sabemos que la #LeyZaldívar no puede impugnarse mientras no se publique.

¿En qué medida la mayor presencia de mujeres representantes en el Congreso permite legislar a favor de temas de igualdad de género? ¿Por qué algunos temas feministas sí son incorporados a la agenda parlamentaria y otros no? Estas son algunas de las grandes preguntas planteadas por los estudios sobre representación política, generalmente analizados como la relación entre representación descriptiva y sustantiva.

En los casi 150 años que tiene de vigencia, la figura de la desaparición de poderes no puede ni debe leerse en clave de persecución o vendetta política, pues sus fines originales consistieron en principios de la mayor relevancia como el federalismo, la forma republicana de gobierno, así como los derechos políticos de los ciudadanos. De tal manera que, más allá de nuestras fronteras, los actos u omisiones que deriven de una eventual desviación de poder en el marco actuaciones arbitrarias, también puedan ser objeto de análisis y condena en los respectivos foros internacionales.

El caso Homún conjuga derechos tan sensibles como la salud, el medio ambiente y el agua de niños pertenecientes al pueblo maya y el impacto que la operación de esta mega granja puede tener en la “Reserva Geohidrológica del Anillo de Cenotes de Yucatán”. Esto, sin duda, representa para la Suprema Corte una oportunidad excepcional para desarrollar criterios judiciales en materia ambiental que ratifiquen al juicio de amparo como un recurso efectivo para la protección de los individuos y de la propia naturaleza.

Respecto la nueva Ley de la Fiscalía General es preciso afirmar que es un ordenamiento innecesario, expedido sin evidencias que sustenten la necesidad de su emisión y sustitución de una ley que prácticamente no fue puesta en práctica. Asimismo, en los hechos contiene diversas disposiciones que, lejos de ayudar a la procuración de justicia, lucen más enfocadas a procurar la impunidad en nuestro país.

El precedente es uno de los temas que mayor resonancia tiene la reforma judicial y la entrada de la Undécima Época. La aplicación del precedente obligará a todos los operadores del derecho a modificar su práctica jurídica. Dominarlo será un factor decisivo para la argumentación de los litigantes y miembros de la judicatura.