El caso Homún conjuga derechos tan sensibles como la salud, el medio ambiente y el agua de niños pertenecientes al pueblo maya y el impacto que la operación de esta mega granja puede tener en la “Reserva Geohidrológica del Anillo de Cenotes de Yucatán”. Esto, sin duda, representa para la Suprema Corte una oportunidad excepcional para desarrollar criterios judiciales en materia ambiental que ratifiquen al juicio de amparo como un recurso efectivo para la protección de los individuos y de la propia naturaleza.

Respecto la nueva Ley de la Fiscalía General es preciso afirmar que es un ordenamiento innecesario, expedido sin evidencias que sustenten la necesidad de su emisión y sustitución de una ley que prácticamente no fue puesta en práctica. Asimismo, en los hechos contiene diversas disposiciones que, lejos de ayudar a la procuración de justicia, lucen más enfocadas a procurar la impunidad en nuestro país.

El precedente es uno de los temas que mayor resonancia tiene la reforma judicial y la entrada de la Undécima Época. La aplicación del precedente obligará a todos los operadores del derecho a modificar su práctica jurídica. Dominarlo será un factor decisivo para la argumentación de los litigantes y miembros de la judicatura.

En relación a este último aspecto, e imaginando que uno de los actores legitimados para dar curso a una acción de inconstitucionalidad lo haga, podemos pensar en algunos escenarios a partir de las siguientes preguntas. ¿Cuándo Zaldívar afirma que se atendrá a la decisión de la Corte, se incluye, es decir no contempla la posibilidad de excusarse? ¿Puede excusarse, a pesar de que el artículo 7 de la Ley Reglamentaria del Poder Judicial de la Federación establece que “Los Ministros sólo podrán abstenerse de votar cuando tengan impedimento legal o no hayan estado presentes en la discusión del asunto”? ¿Puede haber un empate en el voto?

Es tiempo de sonar la alarma. Ataques a jueces no solo deslegitiman al poder judicial ante la población, pero son unos de los primeros indicios de intenciones de gobernantes en debilitar al poder judicial y, por ende, la democracia: en efecto, evidencia de estudios en la ciencia política apunta a que ataques personales a jueces forman un primer paso en intentos claros en reducir la independencia judicial.

Todos los días, los medios de comunicación reportan sobre actos atroces cometidos por grupos criminales: cuerpos calcinados en zonas rurales, fosas clandestinas cercanas a la playa, cuerpos desmembrados en un parque o colgados de un puente, el secuestro masivo de migrantes en una terminal de autobuses. Con tanta información disponible, difícilmente alguien en México puede decir que no sabe lo que ocurre. Entonces, ¿cómo procesa la sociedad esta información? Y, sobre todo, ¿qué hacen las personas con este conocimiento? ¿Hacen algo o pretenden no saber lo que sí saben?

Hace algunos años, mientras caminaba en el centro de Morelia, fui atacado por un grupo de sujetos, quienes me golpearon hasta cansarse y, cuando estaba tirado, inmóvil, robaron mi celular. De acuerdo con lo establecido por una reciente reforma legal, si mis victimarios hicieran una llamada de extorsión o fraude con el teléfono que me sustrajeron se presumiría que soy culpable de dicho delito y, en consecuencia, no sería el Estado quien tendría que demostrar mi culpabilidad, sino que yo tendría que probar mi inocencia.