Vacunar a las niñas, niños y adolescentes mexicanos no debe ser entendido como un gasto superfluo o innecesario, sino como un acto legítimo y congruente de respeto y garantía de su derecho humano a su salud; en los próximos repuntes de la pandemia de covid-19, se pondrá a prueba si somos capaces de proteger a la infancia mexicana. Su salud y su vida como parámetro de civilización de nuestra sociedad y, sobre todo, para entender si nos tomamos en serio el principio del interés superior de la niñez, más allá de los discursos políticos.

En días recientes se ha abierto un interesante debate sobre un juicio de amparo pendiente de resolución. El asunto fue promovido por la Escuela Libre de Derecho y ha desencadenado una serie de posicionamientos, interrogantes y críticas que evidencian la relevancia de abrir un diálogo sobre al menos dos temas jurídicos coyunturales: (i) el interés legítimo de las escuelas de derecho y (ii) la independencia judicial.

La clase mediática y política del país siguió de cerca y discutió acaloradamente la multa que el Instituto Nacional Electoral decidió imponer al gobernador electo de Nuevo León, Samuel García, así como a Movimiento Ciudadano, por no haber reportado ante la autoridad electoral “apoyos en especie” que la esposa del entonces candidato, Mariana Rodríguez, le proporcionó a través de sus redes sociales.

En el marco de la Copa Mundial de 2026 y ante la situación de discriminación estructural que se vive en el país en contra de la comunidad LGBTIQ+, es fundamental que las asambleas legislativas de las ciudades sede comiencen adoptar e implementar los más altos estándares internacionales en materia de derechos humanos y busquen reformar leyes como la LCEPDF. La protección y garantía de los derechos humanos no puede estar condicionada a las exigencias o presiones de una organización con fines de lucro como la FIFA, sino en la acción proactiva del Estado mexicano y sus órganos constitutivos.

El proyecto de sentencia propone declarar fundados los agravios hechos valer por las organizaciones, señalando que el amparo es procedente y que el Congreso de Yucatán violó los derechos a la libertad de expresión en su dimensión social, así como la participación política, derivados de llevar a cabo un método de votación ilegal. En ese sentido, se espera que la Primera Sala de la Suprema Corte sea congruente con la línea de defensa de la libertad de expresión en el país, y emita criterios claros y sólidos para la defensa de la democracia, dejando un claro mensaje al Congreso de Yucatán de legislar de manera transparente y protectora de derechos humanos.