Los señalamientos de Andrés Manuel López Obrador a la organización Artículo 19 fueron efectivos. Lograron desviar la discusión del tema sustancial que debiera estarse discutiendo estos días en el espacio público: la imparable y creciente crisis de derechos humanos en México, el papel del Estado mexicano en ella —ya sea por acción, omisión o aquiescencia— y la falta de una respuesta consecuente con la magnitud del problema.

Presento a los lectores del Juego de la Suprema Corte una selección de las noticias —principalmente, relacionadas con la impartición de justicia— que, entre enero y marzo del año en curso, se han registrado en otras partes del mundo.

El pasado 18 de marzo se presentó en la Cámara de Diputados una iniciativa que busca reformar la Ley de Amparo en materia de suspensión de actos reclamados. La iniciativa sugiere incorporar al artículo 129 dos nuevos supuestos para actualizar el perjuicio al interés social y a disposiciones de orden público. Propone que cuando los jueces de amparo analicen la suspensión consideren actualizado ese perjuicio cuando se trate de: a) “disposiciones o resoluciones en materia del régimen de austeridad republicana y remuneraciones de los servidores públicos”; y b) “leyes y resoluciones que tengan por objeto fomentar la operación y funcionamiento de empresas productivas del Estado”.

En el informe presentado por Article 19, “Distorsión: el discurso contra la realidad” describimos una situación de la libertad de expresión que no es mejor a la de 2019 ni años anteriores. En el año de la pandemia la degradación de la conversación pública y los mecanismos de censura se mantienen y agudizan. La emergencia sanitaria mundial desnudó a nuestras sociedades desiguales y excluyentes. Los anclajes autoritarios se reactivaron y tomaron formas más sutiles, pero no por ello menos dañinas para el espacio democrático. La crisis sanitaria, económica y psicosocial que avanza, tiene impactos diferenciados y avasallantes debido a la discriminación estructural prohijada por un sistema político y socioeconómico injusto. Dicha violencia estructural a nivel mundial, ahora, no ha sido acometida debidamente ni tiene visos de que así sea.

Después de que varias empresas obtuvieran una suspensión provisional respecto a la Ley de la Industria Eléctrica otorgada por el juez de distrito Juan Pablo Gómez Fierro, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que pedirá al Consejo de la Judicatura Federal investigar a dicho juez.

Las problemáticas existentes en los sistemas penitenciarios de México y Estados Unidos son distintas, por lo que las comparaciones entre ambos son útiles sólo hasta cierto punto. No obstante, los sistemas tienen bases en común, en ambos contextos es urgente expandir el acceso a la educación para las mujeres privadas de la libertad. En este proceso, sus voces son el factor más importante: ¿Qué clases quieren tomar? ¿Qué recursos les hacen falta? ¿Cómo se deben estructurar los programas?