La ministra Yasmín Esquivel Mossa, en su carácter de presidenta de la Segunda Sala, ha solicitado una sustitución de jurisprudencia, en específico, que se modifique el criterio 1/96 del Pleno. El asunto en cuestión se llama la Sustitución de Jurisprudencia 2/2020. No se conoce el proyecto y tampoco se saben las razones para cambiar uno de los pocos criterios que ha sido continuo de 1996 hasta nuestros días. En mi óptica, esto es desafortunado pues puede generar incertidumbre y revertir la claridad que ya existía.
Día a Día
Warning: Undefined variable $contador in /home/nexos/public_html/eljuegodelacorte/wp-content/themes/nexos-2022/archive.php on line 40
Warning: Undefined variable $contador in /home/nexos/public_html/eljuegodelacorte/wp-content/themes/nexos-2022/archive.php on line 48
El sector eléctrico y la competencia como principio constitucional
El proyecto del ministro Luis María Aguilar reconoció el interés jurídico que asistía a la Cofece y propuso invalidar la mayoría de las disposiciones impugnadas, al considerar que efectivamente se apartaban de la Constitución al beneficiar artificialmente a la CFE, distorsionar el rol del Cenace, comprometer la interconexión en las redes y otorgar prevalencia al objetivo de seguridad en el despacho de tal forma que anulaba el de eficiencia. En sesión del pasado 3 de febrero, el proyecto fue votado a favor por 4 a 1. Este precedente de la Segunda Sala de la Suprema Corte es el más reciente donde la competencia ocupó un rol central en la discusión, incluso en el contexto de un sector altamente complejo como el eléctrico. En este litigio constitucional no sólo estaban en juego las reglas vigentes de la industria, sino el derecho y principio a la competencia.
¿Juzgar al expresidente Trump?
Determinar si Trump es culpable o inocente, esconde una cuestión mucho más relevante: la decisión de si un exfuncionario público puede ser sometido a juicio político o si el mecanismo únicamente puede utilizarse ante funcionarios que en ese momento desempeñen el cargo. En otras palabras, ¿es constitucional el juicio político a exfuncionarios públicos?
La Suprema Corte contra la opacidad judicial
El pasado 3 de febrero, con motivo de amparo indirecto promovido por el colectivo #LoJustoEsQueSepas la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que todas las sentencias en versión pública de los poderes judiciales federales y estatales deben de estar publicadas en los portales de éstos. Con este fallo, la Corte reconoce la importancia de la publicidad de las sentencias, como un mecanismo de auditoría ciudadana para mejorar el acceso a la justicia, indicando que el derecho de acceso a la información no recae únicamente en la acción ciudadana de pedir información, sino en la obligación judicial activa de tener esta información disponible para todas las personas.
Derecho y Tecnología · Día a Día
10 errores de la iniciativa para regular las redes sociales del senador Monreal
Falta esperar la suerte de esta iniciativa del senador Monreal en el Congreso, pero lo justo es mencionar que sí ofrece un acierto de enorme relevancia: se trata de un contraejemplo idóneo de una buena política pública en la materia y, en este sentido, puede convertirse en un buen punto de partida para enfrentar una asignatura pendiente en la conversación pública del país: entender cada vez más y mejor qué son las plataformas de Internet, sus riesgos puntuales para el discurso púbico democrático y las opciones viables para una eventual regulación sin chicotazos autoritarios e inoperantes.
Crítica · Día a Día · Internacional
El obradorismo ante el aborto: ¿una transformación feminista?
Andrés Manuel López Obrador ha logrado mantener el discurso feminista de integrantes de su partido —y de todas las mexicanas— en eso: como un mero discurso. Un discurso frustrado de mujeres con manos atadas, sin el derecho de ir más allá de lo ya establecido por el señor presidente. El discurso de Sánchez Cordero en la conferencia matutina del 27 de enero fue una imagen del bloqueo patriarcal que permanece frente a la mujer que sigue sin poder hacer más que manifestar su visión de las cosas. Una muestra más de que el conservadurismo social en los partidos que nos gobiernan está lejos de terminarse.
Derecho y Tecnología · Día a Día
La desaparición del INAI: riesgo a la privacidad en tiempos de vigilancia masiva
El 27 de enero se conmemoró el Día Internacional de Protección de Datos Personales. Esto nos recuerda que en un contexto mundial de explotación masiva de datos personales a través del big data y la inteligencia artificial (IA), es necesario contar con instrumentos y organismos autónomos que protejan la privacidad de los usuarios de las tecnologías. La primera ocasión que se volvió parte de la discusión pública mundial saber quién tiene y para qué utilizan nuestros datos personales fue fruto del escándalo respecto la compañía Cambridge Analytica. Este fue un precedente que marcó a la comunidad global al conocer cómo sus datos eran sustraídos y vendidos a diversas empresas no sólo para ofrecer mejores servicios sino para beneficiarse económicamente de éstos.
Las primeras órdenes migratorias de Biden: los peligros para México de la letra chiquita
Los fenómenos de movilidad humana en la frontera entre México y Estados Unidos ilustran claramente la relación de supra-subordinación entre ambos países. No importa qué decida Estados Unidos, ni siquiera qué tan progresiva sea su posición, a nosotros nos toca lidiar con la burocracia, las consecuencias e, inclusive, con la implementación de acciones inhumanas que le permitan a este país proteger su status quo. Con Trump, al menos, la situación era clara: para él éramos un país de violadores y ladrones. No obstante, con los demócratas, me parece, que el escenario puede ser inclusive más difícil. Sobra mencionar que no basta que una política migratoria no sea trumpista, para que necesariamente sea acertada. Por ello, es indispensable no pescar el azuelo y analizar de manera fina la propuesta del nuevo gobierno de Estados Unidos.
El estado de Morelos y la interrupción legal del embarazo
Es necesario que el poder legislativo no derogue de la normativa penal vigente, el delito de aborto; pues, aunque por un lado converge el derecho al libre desarrollo de la personalidad, la interrupción del embarazo posterior a la semana 12, sin que exista una causa justificada, atentaría contra el máximo bien jurídico protegido por nuestra Constitución, como lo es: el derecho a la vida.
¿Cuál es el problema central de la iniciativa que busca prohibir la subcontratación "outsourcing" de personal?
Es necesario hacer especial énfasis en lo siguiente: estamos ante una propuesta para prohibir —al grado de considerarla como delito grave— de una actividad a todas luces lícita, inofensiva, que por sí sola no es transgresora de derechos, que por su naturaleza no afecta el bien común ni altera el orden público. Basta dar lectura a la iniciativa que se analiza, para advertir que no existe una adecuada proporción entre la problemática que se busca resolver, y la solución que se propone para superar el problema planteado.