Pese a su trascendencia, este es uno de los rubros de la reforma judicial menos considerados en la discusión del proyecto, falta de atención que se vio reflejada en el proyecto de decreto aprobado por el Pleno del Senado. Pues los cambios al sistema de jurisprudencia pasaron en los términos de la iniciativa presidencial, sin ninguna modificación.

La reforma aprobada, y aún no publicada en el Diario Oficial de la Federación hasta este momento, propone una estructura fiscal punitiva para el sector social que no hace más que debilitarlo al grado de incluso poder llevarle a la extinción. Estas reformas a la LISR no solamente crean una estructura burocrática insostenible para las organizaciones de la sociedad civil sino que además es incluso violatoria de los artículos 1 y 22 de constitucionales ya que impone penas trascendentales prohibidas sin justificar su existencia en la exposición de motivos de su creación. Es decir, el ejecutivo deliberadamente busca generar las condiciones que mermen a la sociedad civil en su punto más débil: la recaudación de fondos y la administración burocrática.

En este artículo trataremos de hacer una breve explicación sobre lo que finalmente fue aprobado por el Pleno de Senado y dónde se encuentran los puntos que, consideramos, pueden obstaculizar que México tenga una regulación legal del cannabis con un enfoque de justicia social.

En 2015, junto con otros 193 países, el Estado mexicano se comprometió a cumplir la Agenda 2030 y, por ende, dirigir sus leyes y políticas públicas a la implementación de los diecisiete Objetivos. El propio Senado cuenta con la Comisión Especial para el Seguimiento a la Implementación de la Agenda 2030 en México. Sería importante que desde ahí se examinara qué sucedió en Tabasco, no desde un ánimo punitivo —eso no va a salvar más vidas—, sino desde un enfoque preventivo que permita construir una estrategia con soluciones a futuro, además de hacer frente a los compromisos internacionales que ha contraído el Estado mexicano. Por ahí podemos reforzar nuestra capacidad de construir un país más justo, no solo para las zonas pobladas y económicamente relevantes.

Se dice que los abogados son los herederos contemporáneos de los sofistas, pero yo diría que no es una herramienta exclusiva de juristas, sino también de la clase política. Aquí algunos clásicos.

Los funcionarios que habitan el octavo círculo del infierno de Dante no están en el peor de los resquicios del infierno, pues existe un lugar aún más oscuro: el noveno círculo reservado especialmente a los traidores. La combinación entre simulación y traición puede darse sin duda en el ejercicio de un cargo público y no quiero ni pensar qué castigos le esperarían en el infierno de Dante a la monstruosa figura que reuniera esas dos deformidades morales en el ejercicio de la función pública.

Recientemente los tribunales electorales han resuelto algunas controversias en las que se plantean actos de violencia política de género por parte de una mujer hacia otra mujer. Al resolver estos casos, los jueces han partido de la premisa de que las mujeres sí pueden incurrir en actos de violencia política de género y, además, también pueden ser reprochadas mediante una sentencia.

El solo hecho de tener que comprar estos productos es consecuencia de una decisión de política pública. El hecho de que, encima de todo, haya que pagar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) sobre estos productos, también. Estas decisiones son las que el colectivo Menstruación Digna México ha puesto a debate. Y este debate ha sido traído al Congreso federal gracias a un grupo multipartidista de diputadas que buscaron modificar la Ley del IVA para que a todos los productos para la gestión menstrual —toallas, compresas, tampones, copas, pantiprotectores, etcétera— se les imponga una tasa del 0%, en lugar de actual del 16% que tienen actualmente.

En el medio jurídico y político se especula mucho sobre si la decisión de la Corte ha tenido tintes estratégicos. Lo que sí queda claro es que ha dejado una grieta importante. Por chocante que resulte, el Estado de derecho exige de los jueces apego a la veracidad por Siempre es preferible apelar a la honestidad y dirigirse tanto a la ciudadanía como al presidente con lenguaje franco y llano, en vez de “andarse por las ramas” en actuares políticos estratégicos. Se requería de una respuesta consistente y aleccionadora.